La bancada de Perú Libre, a través del congresista Isaac Mita, ha presentado un proyecto que busca amedrentar a fiscales y policías sobre la divulgación de información sobre las detenciones preliminares en casos de no flagrancia.

Se trata del proyecto de ley N°1060/2024-CR, que lleva las firmas de Flavio Cruz, María Agüero, Segundo Montalvo, Waldemar Cerrón y Américo Gonza. Todos integrantes de la agrupación del lápiz, cuyo lider, Vladimir Cerrón, está prófugo de la justicia.

Mita, titular de la Comisión de Justicia, desde donde se han promovido polémicas normas, pretende nuevamente modificar artículos del Código Procesal Penal sobre la detención preliminar sin flagrancia. El texto será analizado y debatido por el grupo de trabajo que preside.

Entre los cambios propone que esté prohibido que los fiscales e integrantes de la policía nacional “divulguen en cualquier forma” las actuaciones realizadas en el desarrollo de dicha diligencia, bajo responsabilidad funcional.

Indica que el incumplimiento de esta restricción sería considerado una infracción muy grave, conforme rija la carrera del funcionario o servidor público.

Especialistas consultados por El Comercio advierten que se estaría buscando poner una mordaza sobre los integrantes de la fiscalía y la PNP, quienes podrían ser sancionados por simplemente dar información general sobre las detenciones preliminares o emitir comunicados de prensa.

Señalan, además, que catalogar la falta como muy grave derivaría en suspensiones y destituciones.

La difusión sobre las detenciones preliminares a bandas criminales u otros delincuentes ha sido de ayuda para que otras víctimas los reconozcan y puedan acudir a realizar las respectivas denuncias.

Es una manera de que la ciudadanía esté informada sobre la labor de la policía y el Ministerio Público en la lucha contra la criminalidad.

Por ejemplo, este martes 25 de marzo, la fiscalía dio a conocer sobre la detención del presunto asesino de Paul Flores García, cantante de Armonía 10.

Sin embargo, Mita pretende que se prohíba todo tipo de difusión bajo el argumento de que esta reserva “garantiza la protección de la reputación, imagen y vida privada del imputado, especialmente de figuras públicas que podrían ver afectada su dignidad ante una eventual exoneración”.

“Al evitar la exposición mediática prematura, se protege el derecho al honor y se reduce el impacto de una posible estigmatización social”.

La propuesta es muy similar a la que planteó el Poder Ejecutivo cuando observó la norma que restituye la detención preliminar sin flagrancia. El Gobierno de Boluarte pedía que se establezca una restricción con el objetivo de que la fiscalía y la policía no expongan mediáticamente a los detenidos preliminarmente. En ese sentido, buscaba que esté prohibida la difusión de fotografías y videos de estos.

La iniciativa usa como argumento otras observaciones que el Gobierno de Dina Boluarte hizo a la ley que proponía restablecer esta figura.

Como se recuerda, esta norma fue aprobada por insistencia por el Parlamento el pasado 6 de marzo, sin tomar en cuenta las objeciones realizadas por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, Mita decidió tomarlas en cuenta en su propuesta con argumentos similares. Por ejemplo, pretende que la figura solo se aplique para determinados delitos.

Por otro lado, pide que el mismo juez que decidió sobre la detención preliminar no sea quien también revise la prisión preventiva.

Mita señala, además, que se han planteado diversos cuestionamientos sobre la detención preliminar sin flagrancia. Entre ellos, las observaciones que hizo el Gobierno de Dina Boluarte sobre la autógrafa que proponía la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia.

“El Ejecutivo señaló que esto no resolverá el uso indiscriminado de la detención preliminar por parte de algunos operadores de justicia, lo que podría generar afectaciones a derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad personal”, dice la iniciativa.

Por otro lado, cita a autores ecuatorianos que cuestionan la medida y señalan que esta se emplea como herramienta de presión para obtener confesiones.

Agrega que el uso “desproporcionado” de la detención preliminar es “preocupante” porque, a diferencia de la prisión preventiva, no se requieren elementos sólidos de convicción sino que muchas veces se basa en simples sospechas.

Mita argumenta que la figura debe restringirse únicamente a delitos graves, para los cuales se establezca una pena privativa de libertad mayor a cuatro años y que afecten bienes jurídicos de importancia, como la vida, la integridad física, el patrimonio, entre otros. Finalmente, dice que la propuesta no representará ningún egreso adicional al Estado.

Este Diario buscó contactarse con Isaac Mita y el portavoz de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, para recoger sus comentarios, pero al cierre de este informe no respondieron.

Peligros

En diálogo con El Comercio, los abogados penalistas Gilmar Andía, Ricardo Elías y Andy Carrión señalaron que la propuesta es peligrosa y que busca amedrentar a fiscales y policías.

Andía dijo que no solo se estaría buscando la filtración de la información sino también la divulgación. Es decir, si se sale a prensa a mencionar el estado de la diligencia o si se emite una nota de prensa podría incurrir en falta grave. “Esa si es una mordaza, mordaza”, alertó Andía.

“Es decir, si por ejemplo el Ministerio Público emite una nota de prensa informando sobre una diligencia en la que se detuvo a una banda criminal, esto calzaría en la figura de falta muy grave”.

Detalló que, en el caso de los fiscales, la infracción muy grave conlleva a dos cosas: la suspensión o la destitución.

“Los procesos penales son públicos […] Si en una audiencia se divulga información sobre la diligencia es porque es pública […] En principio cualquier persona puede ingresar a la audiencia […] Es información pública, no puedes ponerle una mordaza al proceso penal”, remarcó.

Además, advirtió que la propuesta de Mita deja fuera del alcance de la medida algunos delitos de corrupción y otros que sí requieren que se aplique esta figura.

En el caso de los delitos de corrupción precisó que se estaría dejando fuera, por ejemplo, el delito de aceptación ilegal del cargo, patrocinio ilegal.

“Pueden decir que no son graves, pero aquí no se coloca necesariamente por la gravedad del delito sino por la necesidad de la detención para poder hacer la investigación. Recordemos que el fundamento de la detención preliminar es justamente es necesaria para evitar una posible fuga o un posible entorpecimiento y para realizar actos urgentes e irrepetibles”, señaló.

“Hay situaciones en los que a urgencia de la investigación requiere la detención del sujeto […] No están, por ejemplo, el infanticidio o el aborto involuntario, es decir, la persona que obliga a una mujer a abortar. No están los delitos de lesiones leves contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, subrayó.

En el caso de la inhibición de los jueces, Andía indicó que se debe tener en cuenta que los argumentos que se usan para la detención preliminar no son los mismos para la prisión preventiva.

Agregó que el Poder Judicial no tiene capacidad operativa para este cambio de jueces. “Lo que va a pasar es que se va a llegar al punto que ningún juez pueda ver nada”, puntualizó.

Bajo su óptica, este es parte del grupo de proyectos perulibristas que buscan poner trabas a la labor del Ministerio Público.

Por su parte, Elías indicó que no todo derecho es absoluto sino que, a veces, se puede flexibilizar en pro de otro derecho u otra garantía que, en este caso, es a favor del conocimiento público por hechos de trascendencia.

“De aprobarse, sería problemático porque en fase de investigación preliminar el Ministerio Público podría requerir alguna medida al juez en una audiencia y estas son públicas. Entonces, va a ver casos que pese a la reserva, la información podría ser divulgada en audiencia”, señaló.

Elías puso de ejemplo el caso del exministro Juan José Santiváñez. Señaló que, pese a que la investigación en su contra es reservada, se supieron varios detalles debido a las audiencias de impedimento de salida.

Advirtió que, con una norma como esta, la PNP no podría hacer ni conferencias de prensa presentando a los detenidos de los operativos. “No podríamos enterarnos de nada hasta que llegue a juicio. ¿Por qué es importante enterarnos? Porque hay casos en los que pueden aparecer más víctimas en identifiquen, por ejemplo, a los asaltantes”, acotó.

En otro momento, Elías opinó que la norma estaría buscando beneficiar o proteger a políticos sobre quienes recaiga una orden de detención preliminar, cuando las reglas deben ser para todos.

“Si quieren que los investigados por corrupción no sean expuestos de la misma manera que los investigados por extorsión, esa es otra cosa. Lo que quieren es decir: ‘A mis investigados por corrupción, a mis políticos, no los toques’”, apuntó.

Elías coincidió con Andía sobre la propuesta de la inhibición de los jueces. “No estoy de acuerdo porque no tenemos tantos jueces […] Finalmente, siempre está el respaldo de la segunda instancia […] La garantía no es que te toque un juez por cada audiencia sino que se vea analizado por el tribunal superior en segunda instancia”, precisó.

El penalista aseveró que el proyecto carece de criterio técnico y recicla algunos argumentos de las observaciones que había hecho el Poder Ejecutivo a la ley que restituye la detención preliminar sin flagrancia y otros invitados a las mesas de debate realizadas por Isaac Mita.

Carrión tuvo una postura similar. Bajo su análisis, la norma busca concentrarse en la divulgación de detenciones a personajes vinculados con la política.

En el caso de la inhibición de los jueces, Carrión opinó que no es una mala propuesta; sin embargo, advirtió que no sería viable por la sobrecarga procesal que generaría en el Poder Judicial.

Finalmente, Carrión alertó que en la propuesta se estaría buscando dejar fuera varios delitos, entre ellos los que tienen que ver con corrupción.

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