El ministro de Justicia, Eduardo Arana, informó el domingo pasado que su cartera alista un proyecto de ley para obligar a los medios de comunicación a informar los actos que realiza el gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana durante los estados de emergencia.

Arana aseguró en conferencia de prensa que se trata de “un proyecto de norma legal que modifica la Ley de Radio y Televisión”. Precisó que se buscará crear una “franja informativa mediante la cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia”.

El anuncio se da en un contexto de continuas declaratorias de estado de emergencia. Además, de permanentes ataques a los medios de comunicación por parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

En diversas ocasiones, la mandataria ha acusado a los medios de difundir “noticias tendenciosas”. En julio pasado reclamó atención para “las cosas buenas” que hace su gobierno.

AQUÍ PUEDE ESCUCHAR EL ANUNCIO DEL MINISTRO DE JUSTICIA:

La SNRTV destacó que la intención del Ejecutivo “vulneraría el principio de pluralidad informativa esencial en una sociedad democrática”. Precisó que la ciudadanía tiene el derecho a recibir información diversa y no condicionada por intereses gubernamentales.

“Si el gobierno desea promover campañas informativas sobre la lucha contra la delincuencia, existen mecanismos institucionales para ello y además cuentan con los medios de comunicación del estado”, señaló.

Más cuestionamientos

Especialistas en libertades informativas destacaron que la propuesta supone una intervención gubernamental directa en la línea editorial de los medios. Además, el riesgo de que el Ejecutivo utilice la anunciada franja informativa para difundir propaganda gubernamental.

“Es una injerencia directa en los contenidos de los medios de comunicación. […] Es inaceptable. La ley que tenemos hoy, que viene desde hace 21 años, señala que los medios de comunicación apoyarán. Creo que el verbo es bastante claro. No es una imposición, sino una invocación a apoyar en situaciones de emergencia, como ocurrió con la pandemia del COVID”, señaló la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, en diálogo con El Comercio.

Lainez destacó que el proyecto es anunciado en medio de un clima hostil contra el periodismo, generado por el Ejecutivo y el Congreso de la República. A inicios de este mes, Boluarte redobló sus ataques contra la prensa, a la que acusó de confabular con la fiscalía para ejecutar un golpe de Estado blando.

El abogado Roberto Pereira señaló que, por regla general, no se pueden imponer contenidos a los medios de comunicación, salvo excepciones muy puntuales y justificadas, como la franja electoral y la prohibición de exhibir pornografía. Además, por norma, existe una franja horaria de protección al menor.

“La cobertura de lo que haga o no haga el gobierno durante un estado de emergencia es decisión editorial de los medios de comunicación. […] No hay ninguna justificación para obligarlos a tener una franja informativa sobre esas acciones. Desde mi punto de vista, eso vulnera el derecho a la libertad de información de los medios de comunicación, en su expresión de definición de la cobertura y su pauta editorial”, aseveró.

Pereira recordó que los medios de comunicación estatales, como TV Perú y Radio Nacional, tienen alcance nacional. Añadió que existe el riesgo de que el gobierno imponga “una franja de propaganda gubernamental”.

“Es un riesgo muy alto y creo que esa es la intención del gobierno, la real motivación. Este gobierno parte de la premisa equivocada que desde los medios de comunicación estarían complotando contra sus acciones. Esa idea absurda está detrás [de la propuesta anunciada por el ministro]. Ahora, hay que ver la propuesta, hay que leerla para tener una opinión definitiva, pero creo que ya es posible adelantar estas reflexiones”, dijo en conversación con El Comercio.

De acuerdo con las declaraciones del ministro de Justicia, el proyecto aún se encontraría en proceso. El Ejecutivo deberá presentarlo al Congreso de la República.

En el Congreso, la iniciativa tendrá que ser evaluada por una o más comisiones ordinarias antes de llegar al pleno, que es la última y definitiva instancia parlamentaria.

El abogado Erick Iriarte destacó que la Ley de Radio y Televisión no incluye a los medios impresos ni a los medios digitales, por lo que es necesario esperar a conocer los detalles del proyecto. No obstante, precisó que “forzar al desarrollo de determinados contenidos que van más allá de la información sobre una emergencia nacional termina siendo una vulneración a los principios de libertad de expresión y libertad de prensa”.

Iriarte destacó: “Primero hay que conocer cuál es el alcance real de la propuesta. Segundo, establecer qué contenidos; si lo que se hará es direccionar una posición o un discurso oficial”.

“Si yo digo que a partir de tal hora habrá toque de queda, no sería publicidad; pero si lo que digo es que hemos combatido la delincuencia y tengo cinco mil detenidos, sí. Esa delgada línea de qué contenidos se van a publicar tiene que ser evaluada en el proyecto que vayan a presentar”, precisó en diálogo con El Comercio.

El desenlace estará en manos de un Congreso que también ha buscado golpear las libertades de expresión y prensa.

Recientemente, el Parlamento aprobó en primera votación un dictamen que eleva las condenas de los delitos de calumnia y difamación y modifica el ejercicio del derecho de rectificación. La iniciativa representa una amenaza contra los periodistas y medios de comunicación, según advirtió la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.