El exministro del Interior Juan José Santiváñez viajó a Estados Unidos el último sábado, luego de que el Poder Judicial rechazara dictarle impedimento de salida del país. Así lo revela su registro migratorio, al que accedió El Comercio.

Santiváñez, abogado de profesión, enfrenta, entre otras, una investigación fiscal por el presunto delito de tráfico de influencias. Según las pesquisas, habría cobrado al menos US$ 20 mil para ejercer influencias a favor de sus clientes ante el Tribunal Constitucional y otras entidades.

ESTE ES EL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE SANTIVÁÑEZ:

El lunes pasado se conoció que el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundado el pedido de la fiscalía para que el exministro no pueda salir del país.

El magistrado señaló que si bien existen indicios sobre la presunta comisión de tráfico de influencias, no es suficiente para limitar su derecho de libre tránsito.

Santiváñez ha vuelto a sus actividades privadas tras ser censurado por el Congreso de la República el pasado 21 de marzo.

El gobierno de Dina Boluarte nombró como nuevo titular del Interior a quien fue su viceministro de Seguridad Pública, el general PNP en retiro Julio Díaz Zulueta.

“Viaje familiar”

En diálogo con El Comercio, Santiváñez aseguró que partió a Estados Unidos junto con su esposa y sus hijos para disfrutar de unas vacaciones hasta el 10 de abril.

El exministro cuestionó que los medios de comunicación den cuente de su salida del país mediante las redes sociales y hasta los acusó de estar desinformados.

“Pedí licencia en el estudio donde soy socio principal (Jamis & Dalguerre Abogados) hasta el 10 de abril para tomar una breves vacaciones con toda mi familia”, dijo.

Santiváñez añadió: “Resulta que ahora, que no soy funcionario público, informan más sobre mis movimientos que la lucha contra la criminalidad que tanto usaron para atacar nuestra gestión. En fin, es bueno siempre buscar la noticia, no inventarse una”.

Anuncia posible postulación

El mensaje del exministro acabó con un anuncio: “Nos vemos en campaña”.

Consultado si postulará al Senado en las elecciones 2026, aseguró que lo está “evaluando” junto a su familia “en este viaje”.

“Es una decisión que la estoy tomando con todo mi entorno familiar ya que ellos necesariamente se verán involucrados en una campaña”, precisó.

El exministro evitó precisar si se encuentra en conversaciones con algún partido político. Señaló que dará detalles “cuando hayamos tomado una decisión en concreto”.

Santiváñez no se encuentra afiliado a ningún partido político hasta el momento, según los registros oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El exministro estuvo afiliado al partido Progresemos entre julio y diciembre de 2024. Esa agrupación, autodenominada ecologista, es liderada por Paul Jaimes, quien está vinculado al congresista Oscar Zea (Bloque Magisterial).

También estuvo afiliado al Partido Popular Cristiano (PPC) entre 2009 y 2015

Gestión

Santiváñez fue el sexto ministro del Interior de lo que va del gobierno Dina Boluarte.

Durante su desempeño a cargo del sector las extorsiones se incrementaron, afectando a colegios privados, bodegas, barberías, empresas de transporte público y profesionales del sector salud, entre otros.

El respaldo político que le brindó un sector del Congreso se derrumbó el pasado 16 de marzo. Esto por el asesinato de Paul Flores García, vocalista de la agrupación musical Armonía 10. Ese crimen ocurrió durante un atentado contra el bus de la orquesta en San Juan de Lurigancho.

Respaldo de Boluarte

En febrero pasado, una encuesta de Datum Internacional para El Comercio reveló que el 87% de peruanos consideraba que Santiváñez debía renunciar o ser removido. Esto en medio de una ola de incesante violencia que arremete a la ciudadanía.

No obstante, la presidenta respaldó a Santiváñez hasta el último momento. Incluso, tras ser censurado por el Congreso, la mandataria dijo que buscaría reemplazarlo por alguien “tan valiente como él”.

Durante su permanencia en el Ejecutivo, Santiváñez fue uno de los principales escuderos de la mandataria.

También se enfrentó públicamente al Ministerio Público por las investigaciones a la presidenta y su hermano, Nicanor Boluarte, y las que pesan en su contra. Incluso, en febrero pasado presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Esos enfrentamientos lo acercaron aún más a un sector del Congreso que también cuestiona las acciones de la Fiscalía de la Nación.