La fiscal de la Nación ha extraviado la brújula. La ciudadanía exige acciones contundentes contra la delincuencia. Los sicarios han tomado por asalto nuestras calles y no piensan dejarlas. Los extorsionadores atormentan la vida de transportistas, pequeños comerciantes y artistas. Las economías ilegales han convertido algunas ciudades del país en zonas liberadas. El Ministerio Público debería estar, en estrecha colaboración con la policía, abocado a la persecución del crimen. Sin embargo, cuando se destinan esfuerzos, tiempo y personal en diligencias para resolver dos denuncias disparatadas con las que se pretende declarar la ilegalidad de dos partidos políticos, el mensaje que se envía a la ciudadanía es que las prioridades son otras.

La magistrada Delia Espinoza ha ordenado el inicio de acciones para determinar si Fuerza Popular y País para Todos han incurrido en conductas antidemocráticas. Para ello, ha dispuesto que el fiscal adjunto supremo Dante Pimentel Cruzado realice las diligencias correspondientes.

Respecto de la denuncia contra Fuerza Popular, se trata de un sancochado en el que mezclan el ya judicializado Caso Cocteles , la posición que tuvieron sobre los resultados electorales y la actuación de Kenji Fujimori, quien no milita hace siete años en la agrupación, en el Caso ‘Mamanivideos’.

La denuncia contra el partido al que está afiliado Carlos Álvarez se basa en sus propuestas para aplicar la pena de muerte a los violadores de menores y expulsar a los extranjeros que cometan delitos, argumentando que ello “promueve el odio y la violencia”. El denunciante, un señor con una peculiar preocupación por los derechos de los violadores de menores, es un exintegrante del partido de Antauro Humala, quien no se caracteriza por predicar la paz, el amor y la unión entre peruanos.

No hace falta ser jurista para saber que el destino de ambas denuncias es el archivo. Sin embargo, que la Fiscalía de la Nación pierda el tiempo de forma tan absurda genera válidas dudas sobre cuáles son sus verdaderas prioridades.