El video publicado por el presidente Nayib Bukele el pasado 16 de marzo en el que se ve a más de 200 venezolanos deportados de Estados Unidos bajando de un avión encadenados y siendo rapados para ser enviados la megacárcel de máxima seguridad donde el presidente salvadoreño ha detenido a miles de pandilleros, ha dado mucho que hablar. Aunque inicialmente el Gobierno de Trump vinculó a los venezolanos con la banda criminal del Tren de Aragua, después reconoció que más de cien no habían cometido ningún delito.
Por ahora, las imágenes no se repetirán porque un juez de Washington ha bloqueado el uso de una ley del siglo 18 contra “enemigos extranjeros” para deportar a migrantes indocumentados en proceso en los que no se sigue el debido proceso ni se les ofrecen garantías jurídicas a los migrantes. La decisión ha enfrentado además a Trump con el poder judicial. Este viernes, su Administración elevó el caso al Tribunal Supremo, sin esperar a que se dirima en los tribunales inferiores.
Como sucedió en 2018 con la política de ‘tolerancia cero’, con la que Trump separó a más de 4.600 niños migrantes de sus padres en la frontera, con la deportación de venezolanos a El Salvador el presidente busca disuadir a través del terror a quienes puedan estar pensando migrar a su país sin papeles. También logra sembrar el miedo entre los millones de indocumentados que viven, trabajan o van a la escuela y, en muchos casos, pagan sus impuestos en Estados Unidos. Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) y Maureen Meyer, vicepresidenta de programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), analizan en este video por qué debería importarnos.
