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Fueron tres meses de resistencia. En 2013, durante más de 90 días, campesinos de Tasco, en el departamento colombiano de Boyacá, obstaculizaron la vía que conduce al páramo de Pisba. Impedían la entrada de los equipos de la empresa minera Hunza Coal, que había obtenido una licencia para extraer carbón en esa zona. Por años, la comunidad ha advertido de las graves consecuencias de la minería para un páramo que abastece de agua a miles de personas en ese departamento y el vecino Casanare. Sus manifestaciones funcionaron, y la empresa se retiró. Esa victoria fue solo el epítome de su lucha y los puso en el ojo público. Pero, para los tasqueños, la defensa del agua no era nueva. El suyo es uno de los municipios pioneros en la construcción de un acueducto comunitario en Colombia. Desde los años setenta, los campesinos de este pequeño pueblo han dado ejemplo de democratización del agua allá donde el Estado no llega.

En esta zona montañosa, en la que el río Chicamocha horada un cañón en medio de unos Andes escarpados y secos, los pobladores llevan décadas ideando formas de abastecerse de agua ante la incapacidad estatal de hacerlo. Así, las comunidades campesinas entre 1978 e inicios de los ochenta, poco a poco empezaron construir artesanalmente acueductos y hoy ya abastecen al 90% de la población de Tasco.

Con los años y a medida que hay más acueductos en diferentes puntos del municipio, el campesinado ha tecnificado sus procedimientos de abastecimiento hídrico. A la par, han ideado acciones para mitigar los posibles impactos ambientales de ese crecimiento. Hoy hay nueve acueductos comunitarios en todo Tasco, uno por vereda. Administrados por las juntas de acción comunal, se agrupan en la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco (Asoactasco), que ya cuenta con más de 3.000 asociados, más o menos la mitad de los habitantes.

Para tener agua, los pobladores deben solicitar a la asociación la instalación de un punto en sus terrenos; esta hace un estudio de la viabilidad e impacto ambiental, antes de que los fontaneros instalen una tubería y un sistema de potabilización. El costo de todo el proceso es el equivalente a un salario mínimo colombiano, es decir, alrededor de 1,4 millones de pesos (250 dólares). Y, antes de la puesta en marcha, la persona debe comprometerse a que el agua irá solo al uso doméstico y a evitar a toda costa el desperdicio.

Desde ese momento, el usuario pagará 6.000 pesos colombianos (1,5 dólares) mensuales por el suministro, un valor acordado por todos los miembros de las juntas de acción comunal, organizaciones de base que agrupan a los campesinos que mantienen las redes. Todo ocurre en la comunidad. “En el costo inicial, se incluye el de operación y administración, los arreglos de las instalaciones y todo lo que se necesite para mantener en funcionamiento el acueducto”, explica Mauricio Reyes, uno de los líderes comunales.

Reyes inició en el acueducto como fontanero en los 90. Logró ahorrar y adquirir su propio punto de agua. Luego se hizo socio, y ya lleva más de 30 años vinculado a los procesos comunitarios del cuidado y la democratización del agua. De aquella vez en la que ganaron a la minera en 2013, recuerda especialmente la madrugada del domingo en la que le alertaron de la entrada de maquinaria a la vereda Pedregal, un punto clave de recarga hídrica del páramo. Ese día, la organización comunitaria, que llevaba años gestándose, tomó fuerza.

Devolver a la tierra lo que les da

Una fuerza que, dice, sigue siendo necesaria. Hoy, la comunidad sigue enfrentándose a los intentos de grandes multinacionales por extraer carbón. Pero, los años y la convivencia con sus vecinos le han convencido de que cuidar el territorio y preservar el ecosistema es el legado a proteger. “Hemos generado lazos de trabajo colectivo, manteniendo a la gente unida alrededor del cuidado del medio ambiente, del agua, de su propio territorio”, reflexiona. En Colombia, según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, hay más de 12.000 acueductos comunitarios, en su mayoría en zonas rurales. En 2015, la mayoría decidieron agruparse en la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, que reúne a más de diez asociaciones de todo el país.

Gran parte de Tasco está en el Parque Natural de Pisba, 45.000 hectáreas de alta montaña con protección ambiental por sus variados y ricos ecosistemas, que incluyen bosques de niebla y páramos. Se le conoce como una estrella hídrica, ya que provee de agua a más de 15.000 personas de Casanare y Boyacá. Su biodiversidad le ha puesto también en los ojos de enormes empresas mineras, particularmente de extracción de carbón, que con el tiempo han ido expandiendo sus actividades en la región y han adquirido licencias ambientales, pese a las constantes advertencias de oenegés sobre sus efectos negativos para el territorio como la contaminación del agua y la fractura del tejido social. Según publicó la revista Cambio en 2021, hasta ese año, en el Parque Natural de Pisba había 62 socavones activos.

Impedir un daño irreversible se ha convertido en la lucha diaria de la comunidad organizada de Tasco, lo que a algunos líderes les ha costado recibir amenazas de grupos armados ilegales. Pero ellos siguen su lucha para generar conciencia en la población y formar a las nuevas generaciones en la importancia de cuidar el páramo. “La gestión comunitaria del agua ha asegurado un sentido de pertenencia y fortalece el conocimiento del territorio”, señala Germán García, periodista del medio local Entreojos.

Para devolverle a la tierra un poco de lo que les provee, señala Reyes, han adquirido terrenos para reforestarlos y evitar que las mineras los compren e impulsan periódicamente audiencias ciudadanas públicas para informar sobre los problemas del territorio.

Un ejemplo para las grandes ciudades

Hace algo más de un año, Bogotá, la principal ciudad de Colombia, entró en emergencia por sequía. Desde inicios de 2024, la alcaldía de Carlos Fernando Galán echó a andar una estrategia semanal de racionamiento de agua después de que las autoridades ambientales advirtieran de niveles muy bajos en la represa del Sistema de Chingaza, que abastece a la ciudad. Pese a ello, hace algunas semanas la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) señaló que, si para mayo no hay suficientes afluencias, la presión sobre estos embalses llegará al máximo.

Aunque el problema del agua no es reciente en Colombia, el debate cobró mayor relevancia cuando llegó a la capital. A la sequía, se suma el acceso limitado al servicio. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, el 27% de los hogares no tiene un suministro gestionado de manera segura y el 82% carece de saneamiento potable. La urgencia acecha especialmente a los grandes centros urbanos. En este contexto, el ambientalismo popular del campesinado de Tasco podría transformarse en referente para los centros urbanos que ahora padecen la sequía. “En las ciudades hay un desarraigo con el agua, a diferencia de la forma de vivirlo y la cosmovisión de comunidades indígenas, campesinas y negras, que es donde están la mayoría acueductos comunitarios”, sostiene Andreiev Pinzón, de la oenegé ENDA.

Su organización trabaja desde hace cuatro décadas en las comunidades capacitando a los integrantes de los Acueductos Comunitarios para que puedan medir la calidad de agua que consumen. Eso ha llevado a los campesinos a denunciar cuando la minería contamina sus fuentes hídricas con metales pesados o los casos de minas abandonadas que siguen contaminando porque no tienen un plan adecuado de cierre.

Ese monitoreo ambiental resulta clave para la conservación. Por eso, los líderes buscan que esa labor se respete y se resguarde: “Nuestra pelea ante el Gobierno es para que se reconozca la gestión comunitaria del agua, el trabajo que hacemos para garantizar ese servicio”, detalla Reyes. Insisten en la gestión comunal de los acueductos y se niegan a privatizarlos o estatizarlos como, según denuncia el líder comunitario, intentó hacer un alcalde de Tasco, que fue revocado de su puesto. “No podemos permitir que, después de tanto que le ha costado a la comunidad tener una infraestructura, quieran convertir los acueductos en una empresa de servicios públicos manejada por el Gobierno municipal. Los Acueductos Comunitarios son del pueblo”, asevera.

Con la revocatoria del alcalde que trató de asumir el control del agua, Tasco se convirtió nuevamente en referente. Era la primera vez que algo así se hacía en Colombia. Pinzón, de ENDA, subraya la importancia de la unión entre las comunidades tasqueñas y el amor por su territorio en la lucha por lo que consideran el bien común. Pese a las diferencias contextuales, él cree que una de las enseñanzas más valiosas de los procesos organizativos alrededor de los Acueductos Comunitarios es la conciencia ambiental que deriva de la apropiación territorial. Frente a la emergencia climática que se refleja en la crisis del agua que viven ciudades como Bogotá, aboga por replicar acciones del campo como la formación a las nuevas generaciones para el cuidado de los ecosistemas y la transformación de los hábitos de las personas. “El cambio climático es una realidad y el acceso al agua un derecho”, concluye Reyes.