Un grupo de policías impidió el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo luego del mensaje del golpe de estado de Pedro Castillo, en el que entonces presidente dispuso el “cierre” del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la instalación de un gobierno por decreto. Así lo han declarado cuatro testigos durante el juicio del exmandatario y sus exministros por los hechos del 7 de diciembre del 2022, entre ellos una de las parlamentarias afectadas.

El impedimento fue momentáneo y, de acuerdo con lo declarado hasta ahora en el juicio, fue en uno de los puntos de acceso al Palacio Legislativo, por el que las legisladoras Adriana Tudela (Avanza País) y Vivian Olivos (Fuerza Popular) intentaron ingresar. Minutos después, por indicación de la Seguridad del Congreso, ambas se dirigieron a otro punto de acceso, donde sí pudieron avanzar hacia las instalaciones.

Adriana Tudela dijo en la audiencia del juicio de este viernes que ese incidente, aunque pasajero, representó un impedimento del funcionamiento regular del Congreso como consecuencia del golpe de estado castillista. El hecho ocurrió antes de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) hagan pública, mediante un comunicado, difundieran su postura de rechazo al mensaje presidencial.

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Los testigos indicaron que en ese momento, se les dijo que la orden vino del jefe de la Región Policial Lima. Ese cargo era ocupado en ese momento por el general PNP Manuel Lozada, quien se encuentra acusado en el juicio por ello. Sin embargo, el oficial niega haberlo hecho y, ante las preguntas de su defensa, los testigos precisaron que en ese momento no corroboraron con él que realmente haya dado la orden que resultó en ese impedimento para el ingreso al Congreso.

La tesis fiscal que es fue el teniente PNP Eder Infanzón quien estuvo a cargo de la zona donde se impidió el ingreso, quien ejecutó al supuesta orden. Durante la investigación fiscal, este dijo que ello provino de Manuel Lozada y el comandante PNP Jesús Venero, algo que ambos niegan. El Ministerio Público también acusó a Infanzón por este caso, pero el juicio en lo referido a él fue reservado debido a que está con paradero desconocido.

Impedimento

La congresista de Avanza País contó que el 7 de diciembre del 2022 escuchó el mensaje de Pedro Castillo por la radio, cuando se dirigía rumbo al Congreso junto a su chofer y su seguridad. Ese día, el pleno se iba a reunir por la tarde para votar una moción de vacancia contra el entonces por mandataria sustentada en sus investigaciones por presunta corrupción y las de sus familiares y allegados.

El vehículo que llevaba a la legisladora no pudo avanzar por la avenida Abancay, donde se habían puesto rejas y donde la notó la presencia de unos 40 manifestantes. “Tuve que bajarme del carro y seguir mi camino a pie por una calle paralela a la avenida Abancay. Una vez que me acerco al Congreso, más o menos a la altura del jirón Huallaga, encuentro que el acceso también está restringido y que hay policías con rejas, con perno, y se me impide el acceso al Congreso”.

Añadió que una vez allí, contó que aambién llegó a ese punto y “a las dos se nos niega el ingreso”. La parlamentaria de Fuerza Popular, que también estaba citada para declarar este viernes, alegó en la víspera dijo que no podía ir por estar en Semana de Representación y pidió que se prescinda de su testimonio. Sin embargo, la sala no accedió y reprogramó su declaración o para el 15 de abril.

Tudela precisó que quienes les impidieron el ingreso fueron “los policías que estaban resguardando a las rejas”, a pesar de que ambas se identificaron como congresistas. Sin embargo, le respondieron que la orden para que no pase nadie por ese punto los alcanzaba también a ellos.

“Frente a que se me impide el ingreso, le reclamo a los policías que no me dejaban pasar, que teníamos una sesión del pleno, que yo era congresista y tenía el deber de dejarme ingreso. Me dijeron que tenían la orden de no dejar ingresar a nadie, incluso a los congresistas (…) Los policías estaban armados y estaban resguardando los ingresos por las calles que dirigían al Congreso con rejas”.

La testigo explicó que luego de unos “15 o 20 minutos” con ese impedimento, su seguridad se comunicó con el jefe de Seguridad del Congreso, quien le informó que “efectivamente, había una orden de la Jefatura (de la Región) Policial de Lima de no permitir el ingreso ni de congresistas ni de nadie. Fue a través de la jefatura de Seguridad que pude ingresar por la parte posterior del Congreso. Me dirigí hacia la parte de atrás, por el jirón Andahuaylas y recién allí, luego unos 20 o 25 minutos, que pude ingresar”.

La congresista fue contrainterrogada por la defensa del general Manuel Lozada. En sus respuestas, Adriana Tudela remarcó que no era la primera vez que se ponían rejas en los alrededores del Congreso, pero sí era la primera vez que estas “servían para impedir el ingreso incluso de los congresistas”.

La abogada del general también le cuestionó si corroboró por qué le impedían el ingreso. Ella replicó que los policías “se limitaron a decir que tenían orden de no dejar ingresar a nadie, incluso los congresistas”. Agregó que no corroboró personalmente si la orden vino de la Jefatura de la Región Policial Lima, sino que esa fue la información que le dio el jefe de Seguridad del Congreso.

“De acuerdo con los hechos que presencié, el personal policial, siguiendo órdenes de la Región Policial Lima, impidió el ingreso de los congresistas al Palacio Legislativo. Por lo tanto, impidieron el funcionamiento del Congreso”, sostuvo. “Cuando hay manifestaciones, hay seguridad, hay rejas, pero no se altera el normal funcionamiento del Congreso ni se impide el ingreso por la puerta principal”.

El jefe de Seguridad e Instalaciones del Congreso era el comandante PNP José Malca, quien declaró sobre estos mismos hechos el último jueves, en la audiencia previa del juicio. Allí refirió que luego de la emisión del mensaje golpista, al mediodía del 7 de diciembre del 2022, el agente de seguridad de la congresista Adriana Tudela lo llamó para informarle que no los dejaban ingresar por la avenida Abancay.

El testigo precisó que poco después, el agente lo llamó de nuevo para indicarle que tampoco los dejaban ingresar por el cruce de los jirones Huallaga y Ayacucho, ubicado a una cuadra del ingreso principal del Congreso. “Me dirijo con la capitán Cintya Chicoma al lugar y veo un grupo de seguridad de la Unidad de Control de Disturbios. Pregunto quién está al mando y me dijeron que el teniente Eder Infanzón”.

Malca indica que conversó con el teniente Infanzón para que la congresista pueda ingresar, pero que este le respondió que “de orden del jefe de la Región, no había ingreso para nadie”. En ese momento, notó que la legisladora Vivian Olivos también estaba allí, al otro lado de la reja.

“Llamo por teléfono a mi coronel y le indico que me comunica el teniente Infanzón que no hay ingreso para congresistas (…) Le digo a los de seguridad (de las congresistas) para que las lleven por la parte posterior y se fueron. Yo voy, ya habían ingresado las congresistas y las acompañó hasta la parte posterior”, agregó.

Contrainterrogado por la abogada de Manuel Lozada, el testigo también refirió que él no corroboró ni escuchó directamente la orden o el mensaje por radio que dio el entonces jefe de la Región Policial Lima. Su declaración se basa en lo que le dijo Eder Infanzón.

La postura de la defensa de Manuel Lozada es que él no dio esa orden, sino que dispuso que se permita el funcionamiento regular del Congreso y se refuerce la seguridad. Como prueba de ello, tienen la grabación en audio de la referida orden. Lo mismo sostiene la defensa del acusado Jesús Venero, quien era el mando intermedio entre Lozada e Infanzón.

La referida capitán Cintya Chicoma, quien era jefa encarada del Departamento de Seguridad de Congresistas, declaró en el mismo sentido que el otro testigo. “Al comandante Malca le entra una llamada y le dijeron que se le estaba impidiendo el ingreso a la congresista Tudela. Fue después (del mensaje). Ella estaba en el cruce de Ayacucho y Huallaga”, dijo.

La testigo también señaló el teniente Eder Infanzón fue quien les manifestó que la orden para impedir el ingreso de los legisladores venía de la Región Policial Lima. Además, corroboró que las congresistas finalmente pudieron ingresar por el cruce de las calles Huallaga y Andahuaylas, por la entrada posterior del Palacio Legislativo.

De forma similar, antes preguntas de la defensa de Manuel Lozada, la testigo explicó que no corroboró si su defendido dio esa orden

A su turno, el parlamentario Diego Bazán (Renovación Popular), quien era presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso al momento de los hechos, también declaró este viernes. En su testimonio, relató que luego del mensaje golpista, distintos congresistas se reunieron en la oficina de la Presidencia del Congreso.

“Algunos de ellos refirieron que había sido difícil su ingreso al Parlamento. No recuerdo los nombres exactos porque eran muchos parlamentarios hablando al mismo tiempo”, dijo. “(Dijeron) que habían sido impedidos por la Policía de ingresar a la sede del Palacio Legislativo. No tomé ninguna acción porque esto había sucedido, por lo menos, una hora antes y ya se había solucionado”.

Cuando se le hizo leer un tuit que envió ese día y su declaración a la fiscalía sobre el tema, recordó y se ratificó en que Adriana Tudela fue una de los legisladores que le contó sobre el inconveniente para ingresar, supuestamente por órdenes de la Jefatura de la Región Policial Lima.

Más adelante, indicó que los propios parlamentarios afectados indicaron que sus seguridades les habían referido que la orden que les dificultó el ingreso vino de esa jefatura. Como su colega, Bazán dijo al tribunal que los legisladores siempre pudieron ingresar al Congreso con normalidad, incluso cuando había manifestaciones. “La anormalidad se dio luego del mensaje que dio el expresidente”.

Bazán también relató que, dentro del Congreso la República, al poco rato del mensaje golpista, se colocaron desde adentro cadenas en las puertas “por el temor que se tenía de que incluso nuestras propias seguridades nos vayan a detener”. Refirió que su propia seguridad se quedó fuera del Palacio Legislativo.

La defensa de Manuel Lozada también interrogó al legislador. Ante sus preguntas, reconoció que no corroboró directamente con el entonces jefe de la Región Policial Lima si la orden realmente la había dado él. “Nunca he corroborado eso”, dijo.

A su turno, la defensa de Pedro Castillo se centró en cuestionar a los congresistas Diego Bazán y Adriana Tudela si la detención del presidente ocurrió antes o después de que se termine de votar y aprobar la vacancia del presidente.

En el contrainterrogatorio, la defensa de Aníbal Torres apuntó a cuestionarles si Pedro Castillo emitió algún decreto supremo relacionado a su golpe, a lo que la legisladora respondió “no que yo sepa”. También les preguntó si un mensaje a la nación “es una norma jurídica” o si “con un discurso se puede cerrar el Congreso”; pero las preguntas fueron desestimadas por ser de opinión y no sobre hechos.