El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un golpe de mano en el caso sobre la aplicación de una ley de guerra del siglo XVIII para deportar a inmigrantes sin ningún tipo de control judicial. Su Administración ha elevado el caso al Tribunal Supremo, sin esperar a que se dirima en los tribunales inferiores. Allí un juez había impuesto una prohibición cautelar al uso de esta norma, la Ley de Enemigos Extranjeros, cuando el Gobierno expulsó a El Salvador a más de 200 migrantes venezolanos a los que acusa de formar parte de la banda delictiva Tren de Aragua.
En una petición ante la máxima autoridad judicial de Estados Unidos, el Departamento de Justicia reclama que se levante la orden del juez federal de distrito James Boasberg, del 15 de marzo, que prohíbe la deportación de los venezolanos de manera provisional mientras se decide en los tribunales si la aplicación de la ley de 1798 es válida. Aunque aquella orden especificaba verbalmente que tenía efecto inmediato y si los vuelos que transportaban a los inmigrantes ya habían despegado debían dar media vuelta, los aviones no regresaron y los trasladaron a El Salvador, donde la gran mayoría de ellos quedó ingresada en la temida prisión del régimen del presidente Nayib Bukele para los pandilleros.
Desde entonces, Boasberg se ha convertido en blanco de una arremetida de la Administración republicana, encabezada por el propio Trump, contra el poder judicial y lo que el presidente califica, sin base, de “jueces de la izquierda radical”, a los que acusa de intentar echar por tierra su programa de Gobierno. El presidente ha reclamado la destitución del togado, en un paso que motivó que el presidente del Supremo, John Roberts, que habitualmente evita hacer declaraciones, le recordara que el camino a tomar en caso de desacuerdo sobre una sentencia es apelar, no presionar para cesar al juez responsable.
Boasberg, que por coincidencia se ha hecho cargo también del caso en torno a la divulgación de los planes de ataque contra la guerrilla de los hutíes en Yemen el 15 de marzo en un chat de altos cargos en la aplicación de mensajería Signal, había pedido al Gobierno una serie de datos sobre los vuelos que transportaron a los venezolanos para determinar si hubo desacato a la justicia al no ordenar el regreso de los aviones. El Departamento de Justicia alega que las aeronaves ya sobrevolaban aguas internacionales cuando se emitió la orden, lo que asegura que significa que el juez ya no tenía jurisdicción. También ha invocado la ley de secretos oficiales para negarse a aportar los datos que reclamaba el magistrado.
Esta semana la posición del Gobierno recibió un nuevo revés en el caso, cuando un tribunal de apelaciones formado por tres jueces mantuvo en pie la prohibición impuesta por Boasberg.
La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha aplicado en tres ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos, y siempre en tiempos de guerra. La primera fue en 1812, la segunda durante la I Guerra Mundial contra ciudadanos del imperio austrohúngaro y la tercera durante la segunda contienda global, para internar en campos de concentración a personas de origen japonés, alemán o italiano.
Esa norma concede al presidente poderes extraordinarios en tiempos de conflicto para expulsar a los ciudadanos de países que se encuentren en guerra con Estados Unidos o que intenten invadirlo. Trump asegura, sin pruebas, que el grupo criminal Tren de Aragua controla el régimen venezolano de Nicolás Maduro y quiere atacar a Estados Unidos desde dentro para destruirlo.
En su petición este viernes, el Departamento de Justicia alega que el caso de los venezolanos deportados plantea la cuestión de quién debe decidir cómo llevar a cabo operaciones sensibles relacionadas con la seguridad nacional, si el presidente o los tribunales. “La Constitución da una respuesta clara: el presidente”, escriben los abogados del Estado. “La República no se puede permitir otra opción”.
