En las semanas posteriores a las elecciones de noviembre, un poco más de la mitad de los estadounidenses decía apoyar el esbozo del plan de deportaciones masivas del entonces presidente electo Donald Trump. Unas semanas después de su toma de posesión, con las operaciones de expulsión arrancadas y ganando impulso, el apoyo en general ha aumentado, en especial para las deportaciones de criminales. Sin embargo, a medida que se conocen más detalles de lo que implica, también aparecen más divisiones en las opiniones de la ciudadanía y la encuesta nacional publicada por Pew Research Center esta semana muestra que el debate alrededor de la deportación de inmigrantes indocumentados no es blanco y negro.

Alrededor de un tercio de los estadounidenses (32%) opinó que todos los inmigrantes sin papeles actualmente en Estados Unidos deberían ser deportados, mientras que un 16% dijo que ninguno debía serlo. Para la mitad de los americanos, sin embargo, la cuestión no es tan sencilla, depende del caso, por lo cual apoyan la deportación de algunos migrantes, pero de otros no.

La expulsión de migrantes que hayan cometido crímenes violentos tiene un apoyo prácticamente total (97%), si los delitos no incluyeron violencia, la aprobación de su deportación baja al 52%. Si los migrantes en cuestión llegaron en los últimos cuatro años, durante los cuales el país recibió una cantidad histórica de personas, el 44% de los americanos aprueba que se les expulse. En cambio, el apoyo es mínimo cuando se trata de personas que son padres de ciudadanos estadounidenses, están casados con un ciudadano o llegaron al país cuando eran menores.

Otro punto de disenso entre la ciudadanía tiene que ver con la manera en la que se llevan a cabo las operaciones para detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados. Dónde se pueden hacer redadas migratorias y detener a personas por no tener visa o residencia se ha vuelto un tema polémico desde que la Administración actual acabase con la prohibición a agentes de migración para hacer operativos en ciertos lugares. El 65% de las personas están en desacuerdo con que se hagan redadas en lugares de culto, el 63% con que sean en centros educativos, y el 61% rechazan que se hagan en hospitales. En cambio, la mayoría de la gente está de acuerdo que se hagan en protestas o mitines, en los hogares y en los lugares de trabajo.

La encuesta también tenía como objetivo visualizar el impacto personal que tiene la política migratoria de Donald Trump. Como es de esperarse, un 42% de los latinos dicen estar preocupados de que ellos o alguien cercano pueda ser detenido o deportado. Pero en la población general este miedo menor: un 19%. Un 13% teme que deba probar su ciudadanía o estatus migratorio durante su día a día, mientras que entre los inmigrantes ese número sube al 30%.

Pero a pesar de estos temores, la gente no parece estar cambiando demasiado sus rutinas. Solo un 4% aseguró que ahora carga sus documentos de identificación y migratorios de forma permanente; un 2% dijo haber cambiado sus horarios para evitar posiblemente ser cuestionados por las autoridades migratorias, el mismo número que ha comenzado a evitar ciertos servicios públicos, como la salud o la policía, por estos temores.

La división partidista frente a la política migratoria sigue siendo algo muy evidente. Mientras que el 54% de los republicanos consideran que todos los inmigrantes indocumentados, sin excepción, deben ser deportados, solo un 10% de los demócratas concuerdan con ellos. Asimismo, un 81% entre los que se consideran republicanos creen que los agentes de seguridad de cualquier jurisdicción deberían poder pedir los documentos migratorios de las personas en paradas rutinarias; solo un 33% de los demócratas piensa igual.

Los resultados del estudio de Pew en conjunto demuestran que la población estadounidense en general está de acuerdo con que hay que expulsar a la mayoría de los inmigrantes indocumentados. Sin embargo, una vez se ha visto cómo es el despliegue operativo para llevar a cabo esos objetivos, el apoyo mengua porque la gente comienza a temer ser hostigada por las fuerzas de seguridad, a temer por su gente cercana y por sí misma, y a preocuparse por un clima generalizado de miedo y desconfianza.