Tras la convocatoria a elecciones para el 12 de abril del próximo año, podría decirse que la campaña electoral ya empezó y con ello las movidas para sacar de la cancha a los rivales.

El inicio de esta nueva etapa también ha traído consigo procesos como el inicio de pesquisas de una denuncia que tiene por objetivo declarar la ilegalidad del partido Fuerza Popular (FP).

El Ministerio Público ha aceptado la denuncia interpuesta por la ciudadana Beatriz Cano Bernales, quien argumenta que el partido fujimorista cayó en conductas antidemocráticas por recibir supuestos aportes irregulares en la campaña electoral del 2011, por la posición de la candidata Keiko Fujimori respecto de los resultados de las elecciones del 2021 y el Caso ‘Mamanivideos’, por el que Kenji Fujimori fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de tráfico de influencias real agravado.

FP rechazó esta denuncia argumentando que lo que se busca es la desaparición de su partido. A través de un comunicado alegó “uso desproporcionado y político de la fiscalía, abandonando su función constitucional de luchar contra la criminalidad y la delincuencia”.

Apuntan además que, “apenas un día después de convocadas las elecciones generales de 2026, se anuncia esta medida que amenaza el pluralismo político y la democracia. No es la primera vez que intentan sacarnos de carrera, pero no deja de ser alarmante que se continúe con este libreto del pasado”.

Incluso la Asociación Civil Transparencia ha rechazado el inicio de las diligencias: “La decisión de la fiscalía de investigar a partidos políticos inscritos, teniendo como única base una denuncia particular resulta peligroso para la democracia”.

De la misma opinión fue el exprocurador anticorrupción César Azabache, agudo crítico del fujimorismo: “Comenzando el proceso electoral no se puede abrir un procedimiento formal contra una de las agrupaciones más fuertes de la contienda por el simple pedido de una persona. No es admisible, sea cual sea esa agrupación afectada por esto. Si fuera cierto, esta decisión debe rectificarse de inmediato”.

En la misma situación se encuentra el partido País para Todos en el que milita Carlos Álvarez y quien se perfila como candidato presidencial de esa agrupación.

La denuncia contra este grupo la presentó Javier Sulca Cáceres, exmilitante de Antauro y condenado por el ‘andahuaylazo’. Según Sulca, Álvarez ha lanzado promesas de campaña que atentan contra el sistema democrático por haber propuesto la pena de muerte para violadores de menores de edad y la expulsión de extranjeros.

Para el expresidente del TC Ernesto Blume, los presuntos delitos aludidos en el caso específico de FP no se ajustan a lo que estipula la ley para la ilegalidad de un partido.

Sería bueno que la fiscalía, que ya viene siendo criticada por su accionar no solo en la liberación de delincuentes sino también por supuestos sesgos políticos, evalúe sus prioridades y apunte mejor los esfuerzos a los que debe abocarse que a todas luces no son perseguir a partidos políticos en pleno período electoral.