El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha propuesto una modificación en sus formularios de solicitud de una green card, o residencia permanente, para exigir a los inmigrantes que proporcionen sus cuentas de redes sociales. La medida forma parte de la serie de polémicas acciones en materia migratoria que ha implementado el presidente Donald Trump desde que asumió el poder el 20 de enero.

El USCIS argumentó que el acceso a las redes sociales servirá para “facilitar y ayudar a fundamentar la verificación de identidad, la evaluación, el escrutinio y la verificación de antecedentes en materia de seguridad nacional y pública” de los solicitantes.

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“Esta recopilación de datos se utiliza para validar la identidad del solicitante y determinar si la concesión de un beneficio representa una amenaza para la seguridad pública de Estados Unidos”, dijo el USCIS en un comunicado.

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La agencia explicó que el análisis de redes sociales abarcará publicaciones, interacciones y conexiones de los solicitantes, con el propósito de identificar inconsistencias entre la información proporcionada en los formularios y su actividad en línea. Si se detectan contradicciones, los oficiales de inmigración podrían considerar dichas señales como factores de riesgo en la evaluación de las solicitudes, según NBC New York.

Sin embargo, los críticos de la medida aseguran que esta atenta contra el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, pues la publicación de contenidos u opiniones personales en Internet podrían ser interpretadas de manera arbitraria por funcionarios del gobierno y perjudicar a algunos solicitantes de green cards.

Univisión Noticias recordó que este requisito ya aplica para quienes solicitan sus visas desde el extranjero. Pero ahora, si finalmente recibe luz verde, también será para las personas que ya se encuentren legalmente en Estados Unidos y que pidan asilo, residencia permanente o naturalizarse en el país.

Las personas a quienes se les concede asilo o son admitidas en Estados Unidos como refugiados deben esperar un año antes de poder solicitar la residencia permanente.

La propuesta recibirá comentarios de la ciudadanía vía online hasta el 5 de mayo. Según las estimaciones de la prensa estadounidense, si entra en vigor afectaría a entre 2,5 y 3,5 millones de personas al año.

Los peligros de la medida

Organizaciones defensoras de los derechos civiles advirtieron que esta política podría utilizarse para vetar a inmigrantes por sus opiniones políticas, creencias religiosas o incluso por publicaciones fuera de contexto. Además, señalaron que la falta de claridad sobre los criterios de evaluación abriría la puerta a decisiones arbitrarias por parte de las autoridades migratorias.

Desde el ámbito legal, varios abogados migratorios cuestionaron la constitucionalidad de la medida, argumentando que podría violar la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión.

También señalaron que la propuesta generaría más burocracia y retrasos en los procesos migratorios, pues los funcionarios tendrían que analizar grandes volúmenes de información sin un criterio objetivo claro.

La abogada Saira Hussain, de la Electronic Frontier Foundation, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos digitales y civiles en Internet, declaró a Newsweek que la iniciativa podría generar un efecto disuasorio en personas que han residido en Estados Unidos durante décadas y buscan la ciudadanía o la residencia permanente.

Hussain también advirtió que podría tener un efecto intimidatorio sobre la libertad de expresión, ya que el miedo a que el gobierno revise lo que uno publica en redes sociales podría llevar a la autocensura.

“Esta política afectaría de forma desigual a solicitantes musulmanes y árabes que buscan la ciudadanía estadounidense y que han expresado su apoyo a los derechos humanos del pueblo palestino”, dijo al medio The Intercept Robert McCaw, director de asuntos gubernamentales del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas.

“Recolectar los usuarios de redes sociales de cualquier solicitante de la green card o de ciudadanía es una forma de silenciar su discurso legal”, agregó.

En el plano internacional, organizaciones como Human Rights Watch advirtieron que la política migratoria de Trump parecía estar diseñada para desalentar la inmigración en lugar de garantizar la seguridad nacional. Además, señalaron que la vigilancia de redes sociales podría ser utilizada como un precedente para que otros países adopten medidas similares, restringiendo aún más la movilidad global y la privacidad de los ciudadanos.

5 medidas migratorias de Trump desde que ausmió el poder:

• Trump emitió una orden ejecutiva que suspende de manera indefinida la llegada de refugiados a Estados Unidos a partir del 27 de enero de 2025. Esta medida detiene las admisiones de refugiados durante al menos tres meses, con posibilidad de extensión según evaluaciones de seguridad nacional.
• El 20 de enero de 2025, se reinstauró el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP), conocido como Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se resuelven sus casos en tribunales estadounidenses.
• El gobierno de Trump anunció la cancelación del estatus legal y las visas de trabajo de inmigrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que llegaron durante la administración anterior. Esta medida afecta a aproximadamente 530.000 personas, quienes deberán abandonar el país en las próximas semanas.
• El 20 de enero de 2025, la administración Trump desactivó la aplicación CBP One, utilizada por solicitantes de asilo para programar citas en los cruces fronterizos entre Estados Unidos y México. Esta aplicación permitía a los solicitantes ingresar al país bajo “libertad condicional” migratoria. ​
• La administración Trump amplió la aplicación de la remoción expedita, permitiendo que oficiales de inmigración deporten rápidamente a personas sin el debido proceso si se determina que ingresaron sin documentos y han estado en el país por menos de dos años. Estas personas pueden ser detenidas y deportadas sin comparecer ante un juez de inmigración.