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El avance del desarrollo sostenible en América Latina está en riesgo. De acuerdo con la CEPAL, la evaluación del progreso hacia las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) muestra que la región ha experimentado un retroceso: solamente el 22% de las metas cuya proyección está disponible están encaminadas a cumplirse hacia el 2030, un 3% menos que la evaluación de progreso en 2023.

La persistencia de las desigualdades, el estancamiento en la reducción de la pobreza, los niveles de crecimiento insuficientes, el alto costo de la deuda y el reducido espacio fiscal con el que cuentan los Gobiernos plantean retos para la región que, en un contexto internacional desafiante, debe avanzar hacia un desarrollo que sea a la vez productivo, inclusivo, sostenible y resiliente.

Con más de 1.500 desastres registrados que afectaron a aproximadamente 190 millones de personas entre 2000 y 2022, América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a desastres. Los impactos económicos de estos son una amenaza permanente para los avances del desarrollo. De acuerdo con la Coalición Internacional para la Infraestructura Resiliente, las pérdidas anuales estimadas en infraestructura para la región alcanzan los 58.000 millones de dólares. Tomando como referencia los datos del Banco Mundial, esto representa casi el 50% del crecimiento a precios constantes del PIB regional en 2023. Si bien las pérdidas estimadas no necesariamente se materializan año tras año, sí reflejan los altos niveles del riesgo de desastres de la región y, de llegar a suceder, su impacto podría ser devastador. Basta recordar los estragos que tuvo el huracán María en 2017, provocando pérdidas económicas en Dominica por más del 200% del PIB.

En ese sentido, el incremento de la frecuencia e intensidad de eventos como las inundaciones, sequías, incendios y tormentas debe colocar la reducción del riesgo de desastres en el centro de cualquier estrategia de desarrollo que pretenda ser sostenible. En otras palabras, avanzar hacia un desarrollo resiliente requiere de un cambio de paradigma en la gestión del riesgo de desastres. Se debe pasar de un enfoque reactivo, centrado en la respuesta posterior (compensatoria), a uno preventivo, que priorice la reducción del riesgo existente (correctiva), y evite la creación de nuevos riesgos (prospectiva). Cada dólar invertido en prevención ahorra unos cuatro dólares en respuesta, lo que convierte a la resiliencia en una inversión costoefectiva. Es una forma de proteger de manera más eficiente las inversiones existentes en desarrollo y, también, libera recursos.

Sin embargo, como lo muestra nuestro Informe de Evaluación Regional del Riesgo de Desastres (RAR 2024), los países invierten muy poco de sus presupuestos públicos en la reducción del riesgo de desastres. Los estudios de caso que se presentan en el reporte estiman que los países no llegan a dedicar más del 2,5% del presupuesto público en reducción del riesgo de desastres. De ese porcentaje mínimo, la mayor parte está dedicada a la respuesta, que representa prácticamente el 80% del presupuesto total destinado, frente al 20% dedicado a la prevención de desastres. Es decir, 0,5% del presupuesto total, en el mejor de los casos.

Incrementar el financiamiento para la reducción del riesgo de desastres debe ser una prioridad para el desarrollo de la región. En un contexto donde la ayuda oficial al desarrollo para la reducción del riesgo y la adaptación climática representa apenas el 6% del total de la cooperación internacional, y donde se proyecta una disminución de estos flujos, los países deben hacer esfuerzos adicionales para aumentar el presupuesto público destinado a la reducción del riesgo de desastres. Nuestros análisis de etiquetado presupuestario en la región sugieren que hasta el 30% del presupuesto nacional podría contribuir a esta causa, incorporando la perspectiva del riesgo en los programas públicos y aumentando significativamente la inversión en resiliencia.

Para enfrentar la reducción de la cooperación internacional, también es clave incorporar instrumentos financieros innovadores que incrementen los recursos para la reducción del riesgo de desastres. Los mecanismos de financiamiento mixto permiten a los gobiernos canalizar financiamiento privado hacia infraestructura y servicios críticos resilientes. Ampliar el uso de bonos verdes o sostenibles y desarrollar bonos de resiliencia son estrategias viables para aumentar los recursos disponibles para la reducción del riesgo con miras hacia un financiamiento más sostenible para el desarrollo regional.

A cinco años de 2030, la región debe redoblar esfuerzos para el desarrollo. Apostar por la resiliencia no es una opción, sino una condición indispensable para avanzar hacia un desarrollo que perdure y beneficie a las generaciones presentes y futuras.