Mientras que el Ministerio Público señala que no se puede extender los efectos de una resolución que benefició a un solo procesado, José Chlimper, para todos los implicados en el Caso Cocteles y pide reactivar el juicio oral; los abogados de los principales procesados en el caso, aseveran que la acusación es indivisible y por tanto, al ser defectuosa para uno, lo es para todos.

Estas fueron las principales argumentaciones presentadas ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional, que dejó al voto el recurso de apelación que presentó la fiscalía, en contra de la resolución que dispuso anular el juicio oral seguido contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, y otros, por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

La fiscalía había solicitado 30 años de cárcel para Fujimori Higuchi, y el señalado núcleo duro de la presunta organización criminal. Fueron acusados de presuntos actos de lavado activos de más de 17 millones de dólares, a través de aportes ilegales y actividades para sus campañas electorales del 2011 y 2016.

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El 13 de enero de este año, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional dispuso anular el juicio y que todo regrese a la etapa de control de acusación para que se presente una nueva acusación. Esto, en aplicación extensiva de la resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC) a favor del investigado José Chlimper, a quien se le vulneró su derecho de defensa por hallarse incongruencias entre la investigación preparatoria y el requerimiento acusatorio presentado en su contra.

La decisión fue adoptada en mayoría por los jueces superiores Juana Caballero y Max Vengoa. Mientras que, la magistrada Nayko Coronado votó en contra, al considerar que la nulidad del juicio solo debía aplicarse al beneficiado con el fallo del TC: José Chlimper.

Fiscalía afirma que jueces aplicaron extensión de un fallo de manera “arbitraria e ilegal”

Precisamente, dicho voto en minoría formó parte de los argumentos presentados por el fiscal superior Rafael Vela, al sostener que la resolución del Tribunal Constitucional no establecía la extensión del misma a otros procesados en el Caso Cocteles que no estaban incluidos en el fallo constitucional.

No obstante, señaló el fiscal, la sentencia fue aplicada extensivamente de manera “arbitraria e ilegal”, interrumpiendo el desarrollo del juicio oral. Acusó de realizar un “activismo judicial” a los jueces que anularon el juicio oral por haber sustentado su decisión en base a un pronóstico futuro de lo que pudiera suceder sobre la acusación.

Como otro argumento, el fiscal afirmó que el propio TC -Caso Nadine Heredia y otros- ya estableció que cada caso es único y no puede, automáticamente, ser interpretado por otro órgano jurisdiccional la posible extensión de algo que fue materia de debate en sede constitucional.

“El Tribunal Constitucional claramente dijo, que cada debate tiene una argumentación propia y no podría ser de otra manera, porque sino nos encontraríamos ante el abocamiento posible, como ha resultado, aplicar la posible extensión de un recurso que eventualmente debió discutirse en su oportunidad en el Tribunal Constitucional  y que, incluso, está por serlo, porque hay otras demandas constitucionales (de los investigados en el caso) que pueden ser o no amparadas.”

Rafael Vela, fiscal superior

En esa línea, indicó que se encuentran a la expectativa de que el Tribunal Constitucional resuelva cada uno de los recursos interpuestos por varios investigados en el Caso Cócteles; ya que es dicha instancia la que debe pronunciarse sobre las pretensiones de los investigados y no los dos jueces que aplicaron la resolución del caso Chlimper “en masa o en sábana”, sin ninguna base legal y violando el principio de legalidad.

El Ministerio Público sustentó sus argumentos con la finalidad de que el colegiado, en apelación, disponga el reinicio del juicio oral en contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Pier Figari, Ana Hertz, Vicente Silva Checa, Augusto Bedoya Cámere, Efrain Goldenberg, Adriana Tarazona, Luis Barboza Dávila, Antonietta Gutiérrez Rosati, así como Mark Vito Villanella y su empresa MVV Bienes Raíces SAC; y el Partido Fuerza Popular.

La Procuraduría para casos de Lavado de Activos, solicitó que se revoque la resolución que dispone la extensión de la resolución del TC y se declare infundado los pedidos de las defensas de Fujimori Higuchi y otros.

La abogada señaló que la decisión de anular el juicio oral vulnera el principio de legalidad y debido proceso, ya que no se cumplió con lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional que señala que los jueces debe velar porque las sentencias se cumplan en sus propios términos, sin modificación o extensión.

En el caso particular, señaló, la sentencia emitida por el TC determinó que la anulación del juicio oral era solo para el investigado Chlimper, no precisando la resolución que se aplique la extensión o que alcanzaba a todos los procesados en este caso.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, solicitó que se confirme la resolución que anula el juicio contra su patrocinada y otros por el Caso Cócteles y se rechace la apelación del Ministerio Público y la Procuraduría.

También se refirió a la sentencia del Tribunal Constitucional 5811-2015-HC del Caso Nadine Heredia, para señalar que el TC refirió en esta, que una sentencia constitucional puede aplicarse por extensión en un proceso judicial o investigación fiscal, siempre que “se trate de una violación constitucional que afecte por igual a todos los procesados”. Por tanto, indicó, en el Caso Cócteles es la misma imputación para todos, y puede ser aplicada para todos.

“Y esa es precisamente las circunstancias que acontecen en este caso, la misma afectación. Y no por otra razón; sino por la misma propuesta de imputación señalada por el Ministerio Pública, no nos lleva a otra conclusión sino a la que ha establecido el tribunal (de juzgamiento) en mayoría, porque precisamente, las afectaciones a los derechos fundamentales de todos los procesados, no solo del señor Chlimper, están contenidos a partir de la acusación del 11 de marzo del 2021”, sostuvo.

La abogada añadió que existieron 21 requerimientos fiscales en casi tres años, donde se les pidió correcciones a la fiscalía, lo cual se ve reflejado en la incertidumbre jurídica de los procesados por una imputación deficiente.

Loza Ávalos remarcó que no puede llevarse un juicio paralelo para su patrocinada y por otro lado llevar el caso Chlimper, pues la acusación contra ambos es referida a un núcleo central y tiene conexidad.

“Hoy en día, no existe una acusación ni una base fáctica probatoria que pudiera implicar al señor Chlimper (…) Si no hay acusación respecto del señor Chlimper, porque ya no existe nada que se pueda valorar de él, ¿Cómo así pudiera seguirse en paralelo un proceso en contra de la señora Fujimori?”

Guliana Loza, abogada de Keiko Fujimori

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, sostuvo que bajo la argumentación de la fiscalía para continuar con el juicio oral, “no hay posibilidad de un juicio justo” porque el TC ha detectado dos fallas severas en la acusación.

“Para que nosotros podamos responder en un juicio tiene que haber una acusación que conozcamos. Parte de la teoría de la fiscalía es que el señor Yoshiyama le da dinero al señor Chlimper para que pague a un medio de comunicación. El señor Chlimper se va del proceso, pero la acusación contra el señor Yoshiyama sigue”, dijo.

Señaló que el colegiado de juzgamiento hizo una “previsión de consecuencias” frente a lo los defectos en las actuaciones del Ministerio Público en su acusación. Por tanto, ello hace inviable un juicio desde la perspectiva del debido proceso.

Julio Espinoza Goyena, abogado de Efraín Goldenberg, adujo por su parte que la aplicación por efecto extensivo de la sentencia del TC, no fue por decisión personal de los jueces de juzgamiento; sino en base a la norma. Así, indicó que el artículo 7 del titulo preliminar del Código Procesal Penal señala que si la aplicación del derecho favorecerá el derecho de los procesados sí es posible la aplicación extensiva.

El abogado también solicitó que se declare infundada la apelación de la fiscalía y la procuraduría.

Fanny Uchuya, abogada de Adriana Tarazona y Madeleine Reyes, defensa legal de Pier Figari, también solicitaron que se rechacen las apelaciones.

La primera señaló que su patrocinada es imputada por los mismos hechos que Chlimper por lo que su juicio también estaba viciado. La segunda, indicó que las imputaciones contra su patrocinado y todos los implicados incluyendo Chlimper, “se realizaron en bloque” como parte de un núcleo duro dentro de una supuesta organización, por ello también le era aplicable el fallo del TC.

Las defensas de Vicente Silva Checa, Augusto Bedoya Cámere, Antonietta Gutiérrez Rosati, el partido Fuerza Popular y otros, también se adhirieron al pedido para solicitar que se rechace las apelaciones de la fiscalía y de la procuraduría argumentando que, a esta instancia, pasado dos meses desde que se anuló el juicio oral, este ya se quebró de acuerdo a la normativa.