Colombia sufre la peor situación humanitaria de los últimos ocho años, la violencia se ha recrudecido y hay un preocupante aumento de las víctimas de artefactos explosivos, advirtió este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al presentar su balance anual y los retos de este 2025. Esa crisis se ha visto agravada por la “creciente falta de respeto por las normas del derecho internacional humanitario”, o DIH, subrayó Patrick Hamilton, el jefe de la delegación del CICR, con presencia en los lugares más remotos del país desde hace más de medio siglo.
Las comunidades siguen atrapadas bajo el fuego cruzado. El CICR documentó 382 presuntas violaciones al DIH a lo largo del año pasado. Cerca la mitad, el 44%, corresponden a actos cometidos fuera de los enfrentamientos y contra personas protegidas. “Instamos a todas las partes en conflicto a tomar medidas inmediatas para proteger a toda la población civil en Colombia y a quienes no participan ya en las hostilidades. No se trata de un gesto de buena voluntad, es una obligación que debe cumplirse de manera urgente y sin excepciones”, afirmó Hamilton durante la presentación del informe en Bogotá. “La situación humanitaria en 2024 alcanzó su punto más crítico de los últimos ocho años, después del acuerdo de paz entre el Gobierno y las antiguas FARC en 2016″, subrayó.
El aumento en el número de víctimas de artefactos explosivos, en particular, ha encendido las alarmas. El caso de una motobomba que estalló cerca de la estación de policía de Piendamó, Cauca, en la noche del miércoles, es solo el ejemplo más reciente. La delegación registró 719 personas afectadas de manera directa por este fenómeno el año pasado en Colombia, un aumento del 89% con respecto a las 380 víctimas del 2023. En 2017, el año siguiente de la firma del acuerdo de paz, fueron solo 57, un aumento constante que refleja el deterioro de la situación humanitaria. Dos de cada tres fueron civiles y 97 fallecieron.
El Pacífico fue la región más afectada. Los departamentos más golpeados fueron Cauca (183 personas, el 25,4% del total), Valle del Cauca (170, el 23,6%), Nariño (115, 16%), Antioquia (91, 12,6%) y Bolívar (53, 7,4%). La presencia, uso y abandono de artefactos explosivos tiene efectos devastadores sobre la población civil. Comunidades enteras se vieron obligadas a desplazarse o confinarse en 2024 debido a la constante amenaza que representan, alerta el CICR.
Esa categoría incluye las minas antipersonal, los restos explosivos de guerra, los artefactos lanzados como las granadas y los de detonación controlada. El considerable incremento en el uso de artefactos explosivos lanzados, tanto en zonas rurales como urbanas, incluye los vehículos aéreos no tripulados, conocidos comúnmente como drones, lo que agudizó la zozobra de las comunidades en lugares como Cauca, Arauca, Antioquia, Nariño y Norte de Santander.
Entre otras afectaciones al DIH, el Comité encontró que 41.228 fueron desplazadas de manera forzosa en eventos colectivos, cifró en 117.697 los casos de desplazamientos individuales y documentó 252 casos de desaparición forzada. Un desordenado archipiélago de grupos armados, con estructuras más fracturadas, sigue activo después del desarme de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno a finales de 2016. En Colombia persisten al menos ocho conflictos armados no internacionales, de acuerdo con el análisis del CICR, que corresponde a lo observado en el terreno.
