Con la convocatoria oficial para el proceso electoral del 2026, se cumple un hito que se creía fundamental para esclarecer el desenlace de la gestión Boluarte. La pregunta, entonces, persiste: ¿completará Dina Boluarte el ciclo constitucional iniciado por Pedro Castillo, la cabeza de la fórmula presidencial elegida en junio del 2021? Ciertamente, una serie de factores favorecen su permanencia.

En primer lugar, la preocupación por la gobernabilidad sea esta real o impostada, de sus principales aliados. Este interés hace que, muchas veces, se pase por agua tibia ciertas acciones del Ejecutivo para no agitar las aguas a una administración convaleciente.

En segundo término, los aún aliados en el Congreso podrían preferir una mala conocida que un(a) bueno(a) por conocer, entendiendo por “bueno” como “alguien a quien podamos controlar”. El interés en este caso es no repetir la experiencia de lidiar con alguien que tenga juego propio y autonomía, como fueron Valentín Paniagua (2000-2001) o Francisco Sagasti (2020-2021).

Finalmente, la probable aspiración de pasar a segundo plano y dejar el escenario a los candidatos podría generarle algo de alivio a Boluarte. Pasaríamos de cuestionar al Gobierno por su gestión a interpelar a los candidatos por sus respectivos planes. No obstante, personificar una temprana ‘lame duck’ no necesariamente garantiza evadir una necesaria rendición de cuentas.

En la otra orilla, también, existen aspectos que dificultan que complete el mandato. El principal: la eventual decisión de sus aliados de prescindir del pasivo de ser asociado a un régimen marcadamente impopular. Ello podría esperarse de actores con pocos antecedentes o resistencias, algo que no tienen, por ejemplo, Fuerza Popular o APP.

Además, mantener la presidencia implica, también, gobernar: solucionar los problemas que la población enfrenta. Boluarte parece preferir el oropel de lo primero, dejando a otros el tedio de lo segundo.

En este frente, el Ejecutivo tiene pendiente mostrar resultados. La demanda por la ubicua inseguridad, por ejemplo, no puede obviar un hecho concreto: en el 2023 y el 2024, cuando Boluarte ejercía la presidencia, la cifra de homicidios del Sinadef (1.507 y 2.057, respectivamente) superó de lejos las correspondientes al 2017 (674) y el 2019 (1125) (Global Protection Solutions, 18/03/2025) atribuibles a Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, respectivamente.

Más importante aún: de persistir en una agenda que privilegie la defensa de la reina a toda costa, el Ejecutivo podría tener los días contados. Y el plazo muy probablemente estaría más cerca de abril del 2025 que de julio del 2026.

En resumen, la convocatoria a elecciones no inmuniza a Boluarte ante una eventual vacancia. En el 2020, Vizcarra fue vacado en noviembre, habiendo convocado a comicios en abril. Pero sí constituye un indudable punto de partida con miras a la sucesión presidencial, sucesión que se asemeja a un cásting en proceso.