La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Corea del Sur ―organismo gubernamental independiente creado para examinar violaciones de derechos humanos― ha publicado este miércoles sus conclusiones sobre los procesos de adopción internacional que siguieron a la guerra de Corea (1950-1953). El informe ―fruto de una investigación de dos años y medio― es desconcertante. No solo porque el Gobierno priorizó este tipo de adopciones durante casi 50 años “como una alternativa rentable al fortalecimiento de las políticas nacionales de bienestar infantil”, sino por las condiciones en que se adelantaron estos procesos. En la presentación de las conclusiones, la Comisión publicó una foto de bebés atados a asientos con correas “enviados al extranjero como equipaje”.

“El Gobierno falló en su deber de proteger los derechos de los niños al delegar la plena autoridad sobre el procedimiento de adopción a agencias privadas sin la debida supervisión”, resalta el informe de 23 páginas. Dentro de los casos registrados, la Comisión denuncia la existencia de “sustituciones deliberadas de identidad”, en las que si un niño “fallecía o era reclamado por su familia biológica”, las agencias “sustituían” la identidad de otro niño para agilizar la adopción.

También se presentaron “falsificaciones de registros, incluyendo informes falsos de abandono”, para hacer pasar como expósitos niños que aún no habían sido registrados, pero que, según las agencias, habían sido abandonados a las puertas de sus instalaciones. La Comisión también concluyó que existió una “evaluación inadecuada de los padres adoptivos”: “A pesar de las regulaciones que exigen la verificación de la elegibilidad de los padres adoptivos, la abrumadora mayoría (99%) de las aprobaciones de adopción internacional (hasta 1984) se otorgaban el mismo día o al día siguiente”.

Estos hechos se enmarcan en uno de los hallazgos del informe: la existencia de una “exportación masiva de niños para satisfacer la demanda”, en la que las agencias privadas de Corea del Sur se comprometían a “enviar un número determinado de niños cada mes” a las agencias extranjeras con “mínima supervisión procesal”. La falta de regulación estatal ―en la que el Gobierno no reguló las tarifas de adopción― permitió que fueran fijadas directamente por las agencias que, además, exigían a los padres adoptivos pagar “donaciones” que se utilizaban “para conseguir más niños”, convirtiendo “la adopción interna en una industria lucrativa”.

Entre 1955 y 1999, aproximadamente 141.778 niños enviados a 15 países alrededor del mundo, entre ellos, Estados Unidos, Francia, Dinamarca y Suecia. Según la Comisión de la Verdad, este procedimiento se dirigió “principalmente a niños mestizos, percibidos como incompatibles con la sociedad étnicamente homogénea del país”. El Estado promovió estas adopciones con Ley de Adopción Especial para Huérfanos de 1961, que, además de permitir las adopciones “aceleradas”, se modificó “para incluir a hijos de madres solteras, bebés abandonados y niños clasificados como ‘en necesidad de protección”.

Park Sun Young, la presidenta de la Comisión de la Verdad, aseguró que “si bien muchos adoptados tuvieron la suerte de crecer en familias amorosas, otros sufrieron grandes dificultades y traumas debido a procesos de adopción deficientes. Incluso hoy, muchos siguen enfrentando desafíos”. En su intervención en la presentación de este miércoles, agradeció a las personas adoptadas, que “a pesar del dolor de tener que recordar y testificar sobre sus experiencias traumáticas”, se presentaron “para buscar la verdad y testificar” ante la Comisión. “Agradecemos profundamente su valentía”, destacó Park.

La Comisión recomendó al Gobierno de Seúl ―que ha encadenado una crisis tras otra desde la destitución de Yoon Suk-yeol por declarar la ley marcial en el país a finales del año pasado― pedir una disculpa oficial, además de desarrollar “un estudio exhaustivo sobre la ciudadanía de las personas adoptadas”. Para la Comisión, el Estado debe disponer de “remedios para las víctimas cuya identidad fue falsificada”, así como del “compromiso de las agencias de adopción para restablecer los derechos de las personas adoptadas”.