Las últimas dos semanas en el Catatumbo, en el nororiente de Colombia, han estado marcadas por la zozobra ante el escalamiento de la violencia. En la noche del 9 de marzo, cinco personas fueron asesinadas en Ocaña, en hechos que aún están en investigación. Unos días después, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las extintas FARC conocida como Frente 33 comenzaron una serie de enfrentamientos en la zona rural de Tibú, el municipio más poblado de la región. El 19 de marzo, este último grupo secuestró al líder campesino Joaquín Enrique Villamizar y lo acusó de ser un colaborador de sus rivales. Casi en simultáneo, recuperó el control del poblado de Versalles, también en Tibú. Mientras se calcinaba una bandera del ELN, quedaba claro para las comunidades locales que la disputa territorial está lejos de terminar.

Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos de la oenegé Vivamos Humanos, describe la situación como “una guerra declarada 2.0”. Explica por teléfono que hay “una contraofensiva de las disidencias” para recuperar el control de zonas que el ELN les arrebató en enero, cuando lanzó una ofensiva, asesinó a decenas de civiles y produjo el desplazamiento masivo más grande del que se tiene registro en Colombia (unas 60.000 personas al 25 de marzo). “Las disidencias no habían respondido tan de frente, habían tenido un rol pasivo. Pero ahora están disputando el control, sobre todo en Tibú, que era su retaguardia”, comenta.

Las declaraciones de Andrey Avendaño, comandante del Frente 33, evidencian la creciente tensión. Aunque niega que el grupo tenga “pretensiones territoriales”, su tono no da lugar a dudas: acusa al ELN de “nuevas acciones ofensivas” y justifica el secuestro del líder campesino. “Villamizar tenía bajo custodia municiones de diverso calibre (…) [tenía] material de guerra que pertenecía al ELN”, se lee en un mensaje publicado el 20 de marzo en X. Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz de la Gobernación de Norte de Santander, departamento que incluye al Catatumbo, aclara por teléfono que el campesino, ya liberado, no tenía opción en caso de que la acusación sea cierta. “La gente en el territorio quedó bajo el dominio territorial del ELN. Los obligan a acogerse a sus directrices”, remarca.

Tanto Niño como Mejía enumeran varias facetas del escalamiento. El consejero cuenta que las disidencias han sumado unos 150 hombres a sus tropas en el Catatumbo, provenientes de otras regiones del país, como el Magdalena Medio. También señala que las comunidades temen que haya más asesinatos selectivos, como los que ejecutó el ELN, y que las persecuciones llegan a los albergues de desplazados, donde hay denuncias de infiltraciones de los armados. Mejía, por su parte, apunta que los números de desplazados hablan por sí solos: “Pensamos que era imposible que la cifra siguiera aumentando. Pero en menos de un mes sumamos más de 5.000 personas y llegamos a 60.000. Eso implica unas 1.000 personas por semana”.

Otra “alerta bastante diciente”, explica Mejía, fue el ataque del pasado 20 de marzo contra caciques del pueblo indígena Barí. Tras dispararle al carro en el que viajaban, en la carretera entre Tibú y El Tarra, unos 20 hombres armados los rodearon para intimidarlos. Mejía recuerda que hasta ahora los Barí suscitaban cierto respeto que los mantenía al margen de la violencia. “Son los guardianes del territorio. Si no los respetan a ellos, no van a respetar a nadie. Si la cogen contra los Barí, es porque ya hay una degradación total del conflicto”, enfatiza.

Algo similar opina una autoridad indígena del resguardo Motilón-Barí, que pide mantener su identidad bajo reserva por seguridad. “La voz del cacique ya no se está teniendo en cuenta y eso nos afecta a todos. Lo que pasó en estos días es una forma de amedrentarnos, amenazarnos, intimidarnos”, dice por teléfono. Comenta que han optado por no responsabilizar a ninguno de los grupos. “Tememos por nuestra vida, por la integridad de los caciques. No invitamos a la guerra, no incitamos a la violencia. Les pedimos que cesen los enfrentamientos, que haya una convivencia pacífica y que la armonía vuelva al territorio”.

Descontento con el Gobierno

La autoridad indígena señala que sus reclamos también son contra el Gobierno nacional. “Apostábamos a que el Gobierno del cambio iba a ser uno de inclusión, pluralista. Pero no hay recursos para el pueblo barí”, afirma. Dice que la ayuda se ha limitado a unas donaciones de alimentos en febrero, algo preocupante cuando tienen 23 comunidades confinadas por la violencia de los armados. “No podemos salir a cazar o pescar, y tenemos un problema de seguridad alimentaria”, cuenta. Asimismo, cuestiona que aún no se cumpla una sentencia de la Corte Constitucional que obliga al Estado a estudiar la ampliación del resguardo, y señala que se sienten excluidos de los programas que anunció el Ejecutivo para titular predios a nombre de campesinos. “A los indígenas no nos dan un centímetro de tierra”, apunta.

Juan Carlos Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), coincide en la falta de mejoras por la conmoción interior y el Plan Catatumbo, un programa de inversiones sociales. “Lo único que se ve es la militarización. El Ejército ha entrado como un tercer actor y eso, además de bajas en los grupos armados, ha implicado afectaciones a la población civil”, comenta por teléfono. Para él, la prioridad debería estar en las medidas para mejorar la distribución de tierra y las condiciones educativas y sanitarias. “Sabemos que el Gobierno tiene el deber constitucional de asegurar el control institucional del territorio. Y por eso no nos oponemos a la militarización. Pero sabemos que la fórmula no es efectiva por sí sola”, dice.

El defensor de derechos humanos Edward Álvarez, por su parte, considera que los recursos en el Plan Catatumbo “son migajas” que aún no llegan. Reclama un mayor rol de la Cancillería en manejar la frontera con Venezuela y enfatiza que la situación empeorará mientras no se invierta más decididamente en vías, electrificación y proyectos productivos que sustituyan la economía de la coca. Su crítica a la fuerza pública es que “no hay una estrategia” para recuperar el territorio y que históricamente los militares se han ido tras golpear a los armados. Le preocupa especialmente que el ELN haya instalado minas antipersona: “Preveo una tragedia humanitaria”.

Mientras tanto, continúa la crisis por el desplazamiento forzado. El consejero Niño señala que no hay un plan de retorno seguro para las víctimas. Álvarez cree que una parte de los afectados ya se quedará en Cúcuta y Ocaña. Mejía, de Vivamos Humanos, agrega que algunas personas que han intentado regresar por sus propios medios se han encontrado con que sus casas están ocupadas o que sus terrenos están minados. “A algunos les ha tocado enfrentarse a una orden de destierro. Los señalan de haberse ido para filtrar información”, explica.

El ELN, por su parte, aún no da señales claras sobre su respuesta. Hay preocupación por un audio en el que se escucha el anuncio de una “hora cero”, en la que el grupo armado emprenderá una ofensiva definitiva para acabar con el frente 33. Sin embargo, Quintero, de Ascamcat, considera que “todo indica que es falso”: no circuló en los canales oficiales y el hombre que se escucha “no habla de la forma tradicional”. Mejía, en tanto, enfatiza que el Estado y la sociedad civil deben mantenerse alertas: “El ELN tiene capacidad de guerra en el frente nororiental y el conflicto puede migrar fácilmente a Arauca o el Magdalena Medio, donde están los dos actores. Se puede incendiar todo el nororiente colombiano”.