La Administración de Donald Trump ha expandido su ofensiva contra los indocumentados a los abogados de migración. El Gobierno de Estados Unidos ha cancelado los contratos que tenía con cientos de organizaciones que se encargaban de los procesos jurídicos de los menores no acompañados. El golpe deja en un limbo legal a unos 26.000 menores de 18 años que llegaron al país en los últimos años. Con la cancelación del contrato, los letrados que llevan este tipo de casos en los tribunales recibieron también una amenaza de enfrentar acciones legales si deciden continuar con sus litigios contra el Gobierno para que sus clientes permanezcan en territorio estadounidense.
“Todavía no creo lo que está pasando”, asegura Cristel Martínez, una abogada hondureña que llegó a Estados Unidos cuando tenía nueve años y quien litiga casos de migración desde 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump. “Entonces hubo muchos ataques, pero no algo así. Estamos hablando de las personas que ayudan a tramitar el asilo”, señala vía telefónica desde Los Ángeles.
Martínez y su equipo llevan los casos de 325 menores. Hay otras organizaciones que defienden a miles de inmigrantes no acompañados. “Lo que el Gobierno está diciendo es que los niños se pueden defender solos”, señala la letrada. Entre sus clientes se encuentra una bebé de once meses que, obviamente, que no habla y que no mantiene ningún tipo de comunicación entre ella y su representante legal. También los hay de cinco o siete años. Algunos tienen 17.
Muchos de los casos que esta abogada litiga son complicados. Las leyes migratorias en Estados Unidos son muy complejas. La Administración pretende ahora que decenas de miles de menores hagan el recorrido por el laberinto jurídico sin consejo legal, lo hace casi un hecho que sean deportadas. “Está comprobado que una persona que asiste a las audiencias con un abogado no falta y tiene mejores posibilidades de ganar su caso”, acota Martínez.
La cancelación al financiamiento a cientos de organizaciones y despachos rompe con una tradición vigente por 20 años. El Congreso votó en 2005, con apoyo bipartidista, la Ley de protección a los menores migrantes no acompañados. Esta sentó las bases para que el enredado sistema migratorio no se tragara a los más vulnerables. La norma ponía a los recién llegados a cargo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados que, a su vez, depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos, hoy encabezado por el activista antivacunas Robert F. Kennedy.
La ley impide que los menores migrantes sean llevados a los mismos centros de detención que los adultos o delincuentes juveniles. Asimismo, establece que el Gobierno de Estados Unidos “no debe repatriar a menores en su custodia a escenarios donde sus vidas corran peligro”. En su sexto artículo, señala que los críos deben de contar con una asesoría legal “competente”. El propio texto contempla que esta defensa puede hacerse a través de organizaciones sin fines de lucro calificadas en el trato de niños migrantes.
