La costa de Esmeraldas, históricamente un pulmón verde y una fuente de vida, ha sido el epicentro de una tragedia anunciada: el derrame de miles de barriles de petróleo que se ha filtrado en sus ríos y ha invadido sus playas. Lo que en un principio parecía un incidente más de las tantas roturas del sistema de oleoducto transecuatoriano (SOTE), que transporta petróleo desde la Amazonia, hoy es una de las peores tragedias ambientales que golpea a miles de familias de al menos tres ciudades de esa provincia del norte de Ecuador. Con cada gota de crudo que toca las aguas y las tierras, la huella de esta tragedia se profundiza, arrasando ecosistemas frágiles y poniendo en peligro la vida de miles de personas que dependen del mar y la tierra para sobrevivir.

Más de una semana después del derrame de petróleo, el Gobierno aún no tiene claridad sobre la magnitud de la tragedia. La cifra de barriles vertidos sigue siendo incierta. Mientras la ministra de Energía, Inés Manzano, habla de 3.800 barriles, el gerente de Petroecuador, la empresa estatal responsable, prefiere esperar a que se normalice el bombeo de crudo para realizar el cálculo exacto. El derrame ocurrió por más de media hora, que es el tiempo que le tomó a los operadores cerrar manualmente todas las válvulas para detener el vertido del crudo, debido a la falta de un sistema automatizado en el oleoducto transecuatoriano (SOTE).

¿Qué originó el derrame? La versión de las autoridades sigue siendo incierta y contradictoria. El gerente de Petroecuador, Roberto Concha, aseguró que la rotura fue consecuencia de un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias que azotan a la provincia. El deslizamiento desplazó el enorme tubo del SOTE, que en esa zona estaba enterrado, dejándolo expuesto hasta que se rompió debido al impacto del material arrastrado. Sin embargo, para la ministra de Energía, Inés Manzano, la causa es otra: un sabotaje.

No es la primera vez que el Gobierno recurre a esta versión. La palabra “sabotaje” se ha convertido en una respuesta recurrente en situaciones de crisis, como cuando se produjeron los primeros cortes de electricidad que sorprendieron a la ciudadanía, después de semanas de declaraciones oficiales que aseguraban que no habría apagones. Incluso, esta explicación fue utilizada para justificar el aumento de los crímenes violentos y como pretexto para la deportación de la periodista cubana Alondra Santiago. En este contexto, la insistencia del Gobierno en señalar el sabotaje como causa del derrame de petróleo solo suma dudas sobre la transparencia y la gestión en la crisis que ha generado descontento en los afectados por el retraso en la provisión de agua potable.

El petróleo avanzó sin control y alcanzó rápidamente los ríos Caple, Viche y Esmeraldas, fuentes vitales para las comunidades locales que dependen de ellos para el consumo de agua, la pesca y la agricultura. Miles de familias han perdido el acceso a estos recursos hídricos, que ahora están cubiertos por una espesa capa de crudo que impide su uso. La contaminación no se limitó a los ríos: el agua afectada también llegó al Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas, según informó el Ministerio de Ambiente. La devastación es incalculable, con miles de especies muertas y ecosistemas enteros en peligro. Mientras tanto, las medidas de contención, limpieza y remediación avanzan a cuentagotas, insuficientes frente a la magnitud del desastre. La mancha negra recorrió más de 80 kilómetros del río Esmeraldas hasta alcanzar el océano, contaminando al menos tres playas que fueron cerradas al público. La tragedia ambiental también ha golpeado la economía local, especialmente a los negocios turísticos, que ven cómo sus fuentes de ingresos se desvanecen junto con las aguas contaminadas.

La incertidumbre se apodera de la población, que se pregunta qué deparará el futuro en los próximos días, semanas y meses, en medio de la devastadora crisis ambiental. “¿Cuándo se normalizará el sistema de agua potable?”, se pregunta Sofía Weir, quien vive en la ciudad de Esmeraldas, donde el penetrante olor a hidrocarburo ha invadido su hogar. “La provincia siempre ha tenido problemas para abastecernos de agua potable, y con esto la situación va a empeorar”, agrega con preocupación. Esmeraldas, una de las provincias con mayores deudas sociales por parte del Estado, enfrenta esta nueva crisis en medio de un panorama desolador: cinco de cada diez ciudadanos viven con menos de tres dólares al día, y el desempleo afecta a ocho de cada diez, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. En este contexto, la crisis del petróleo no solo amenaza el entorno natural, sino también la supervivencia de las familias que ya luchan contra la pobreza, la marginación y una severa crisis de inseguridad.