Nueva tecnología busca frenar a los peores conductores de Maryland

Sheinbaum anuncia designación de Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en EE.UU.

Greenpeace pide dejar los combustibles fósiles con pancarta de Trump «vomitando petróleo»

Mayoría chavista en el Parlamento venezolano respalda peregrinación contra las sanciones

Seis heridos y carreteras reventadas tras el terremoto de magnitud 7,7 en Japón

Delcy Rodríguez promete una nueva etapa de esperanza tras 100 días al frente de Venezuela

Musk, convocado hoy por la justicia francesa por las posibles violaciones de la ley por X

Chavismo se prepara para comenzar «gran peregrinación» de trece días contra las sanciones

Miles de personas reciben a María Corina Machado en Madrid al grito de «¡Presidenta!»

Delcy Rodríguez celebra el regreso de Venezuela al FMI como un «paso muy importante»



Este lunes 24 de marzo, a solicitud de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, se logró la inscripción de más de 35 inmuebles de los investigados en el caso “Mi Vivienda”, los cuales están valorizados en S/47′205,596.00.

La medida se realizó ante la Superintendencia Nacional de Registro Públicos y alcanza las propiedades de Sada Goray, Roger Gavidia y Pilar Tijero.

En febrero último, el Poder Judicial ordenó embargar 22 inmuebles de la empresaria peruana, los cuales están ubicados en Trujillo, Tarapoto, Moyobamba, Juanjuí y Pisco. Estos alcanzarían un monto de S/36´383,828.00.

PUEDES VER: Santiváñez: Los argumentos del juez para rechazar el pedido fiscal de impedimento de salida del país

De esta forma, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional aprobó la medida cautelar de embargo y orden de inhibición formuladas por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.

En ese momento, el Poder Judicial tomó esta decisión al considerar que “se aprecia claramente que hay suficientes elementos de convicción que acreditarían la vinculación delictiva de la encausada, Sada Angélica Goray Chong, en el hecho materia de imputación”.

Vale recordar que la presunta organización criminal habría “copado” indebidamente el poder mediante actos ilícitos contra la administración pública, los cuales generaban ganancias a través del dinero que habría entregado una de las implicadas a cambio de ser beneficiada con diversos proyectos en el Fondo Mi Vivienda mediante la tramitación de sus pedidos ante la Sunarp y otras instituciones.



Source link