En un nuevo aniversario del comienzo de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), mientras miles de personas se preparaban para marchar y sostener en las calles el reclamo de “memoria, verdad y justicia”, el Gobierno de Javier Milei renovó sus intentos de relativizar los crímenes del terrorismo de Estado. La Administración ultraderechista difundió un video para justificar la represión ilegal durante la dictadura como respuesta a la lucha armada de algunas organizaciones políticas en los años setenta. También anunció que dispuso la “inmediata desclasificación” de los archivos de inteligencia de aquellos años —una medida que ya había sido tomada en 2010— y que enviará al Congreso un proyecto para establecer la “imprescriptibilidad” de los crímenes de la guerrilla.
En las primeras horas de este lunes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, la Casa Rosada publicó un video institucional protagonizado por el escritor Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro y uno de los ideólogos que inspiran a Milei. Su mensaje, replicado por el mandatario, se centró en la idea de “memoria completa”, según la cual serían equiparables los atentados y otros hechos de violencia protagonizados hace cinco décadas por organizaciones civiles armadas y los asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones y robos de bebés cometidos por las fuerzas del Estado durante la dictadura. Se trata del mismo reclamo enarbolado por los militares acusados y sus familiares desde que, hace 20 años, tras la remoción de las llamadas leyes de impunidad, se reiniciaron los juicios a los responsables de la represión ilegal.
“No está bien ocultar la situación de guerra revolucionaria que vivía la Argentina de los años setenta. No está bien disimular el hecho de que la represión ilegal y la técnica de desaparición de personas comenzaron antes del 24 de marzo de 1976. No está bien negar a las víctimas cuando son de un lado e inflarlas cuando son del otro. No está bien inventar cifras con propósitos efectistas”, sostuvo Laje en el video. El Gobierno de Milei desconoce la cifra de 30.000 víctimas de la dictadura, sostenida por los organismos de derechos humanos como una bandera, como una cifra abierta por el carácter clandestino de los crímenes y por el ocultamiento sostenido por los militares responsables.
La segunda iniciativa de la Administración ultra para el Día de la Memoria fue el anuncio de “la inmediata desclasificación de los archivos en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) vinculados a las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983″, de acuerdo con el comunicado de la Casa Rosada. En rigor, esa medida ya había sido tomada en 2010 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, mediante un decreto. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que aquel decreto “nunca fue implementado completamente” y que ahora la decisión de Milei “implica el traspaso absolutamente de estos archivos en manos de la SIDE a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos”. Milei difundió su resolución con un mensaje en redes sociales: “A fondo en la búsqueda de la verdad. En su defecto, jamás habrá justicia”.
La desclasificación anunciada contrasta con las medidas instrumentadas por el Gobierno ultra durante sus 15 meses de mandato, dirigidas a restringir el acceso civil a los archivos de las fuerzas armadas y de seguridad. Entre otras cosas, desmanteló un área del Ministerio de Defensa que investigaba esos documentos y aportaba información a la Justicia. En la misma senda, primero rechazó responder a los pedidos de información de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo que busca a hijos e hijas de desaparecidos robados en dictadura. Y después cerró la unidad especial de la Conadi que analizaba documentos oficiales. Las Abuelas de Plaza de Mayo estiman que aún falta recuperar la identidad de 300 personas.
La tercera iniciativa se vincula con el propósito de poner en un mismo plano a los delitos de la guerrilla y los del Estado terrorista. En este caso, consiste en la declaración ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que un crimen cometido por el llamado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fue un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, es imprescriptible, al igual que los crímenes perpetrados por las fuerzas militares. El caso aludido refiere al asesinato del capitán Humberto Viola y su hija en un atentado de 1974. La familia de Viola reclama la reapertura del caso, que fue juzgado durante la dictadura y en el que se dictaron condenas en 1979. El Gobierno anterior consideró ante la CIDH que se trató de un delito común y el actual pretende revertir esa presentación. “Para el presidente, Javier Milei, el asesinato del capitán Viola y su familia constituyó un crimen de lesa humanidad”, dijo Adorni. En ese marco, aseguró que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer “la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos”.
Los anuncios del Gobierno en el Día de la Memoria recibieron fuertes críticas de la oposición y de referentes de los derechos humanos. “Los discursos de odio, de complicidad y de olvido no tienen lugar en el pueblo bonaerense que sabe que son 30.000 [las víctimas del terrorismo de Estado] y que Nunca Más se pueden repetir los hechos de la última dictadura cívico-militar”, planteó el gobernador de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof. “Lo que el Gobierno y la derecha llaman ‘memoria completa’ es un concepto que fue decididamente planificado y que, lejos de buscar memoria o verdad, busca impunidad”, advirtió la referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman. También precisó que los archivos que exigen conocer los organismos de derechos humanos son los que incluyen “el listado de los autores intelectuales que planificaron el golpe, de los cómplices civiles, eclesiásticos y empresariales”.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.
