En medio del furor por el Caso Cofre, y a poco de la diligencia de reconstrucción que llevó a cabo la fiscalía de todo el trayecto que hizo la presidenta Dina Boluarte hacia el sur de Lima, en diciembre, una nueva directiva fue gestionada dentro de Palacio de Gobierno. Una referida, precisamente, a la administración de la flota vehicular del Despacho Presidencial.

Con el cambio, se excluyó a los vehículos asignados al servicio oficial de la jefa de Estado, así como a los destinados a su propia familia, de una prohibición expresa que regía para toda la flota: la de no poder pernoctar fuera de las instalaciones del Ejecutivo.

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La modificación se empezó a gestionar —al menos documentalmente— el 19 de diciembre pasado, cuando Lessner León Espinoza, en calidad de responsable del Área de Transportes, elevó un informe a la Oficina de Operaciones del Despacho Presidencial. Allí, León recomendaba la actualización de la directiva de administración de vehículos, argumentando que la vigente regía desde setiembre de 2017 y que una disposición señalaba que las directivas debían ser revisadas cada dos años. Para ello, se remitió un proyecto de nueva directiva.

En el informe completo, al que accedió El Comercio, León incide en que el área en cuestión “considera que resulta trascendental la actualización” de la normativa, la cual había estado vigente a lo largo de varios gobiernos e, incluso, más de dos años desde que Boluarte asumió el cargo.

“Durante estos años que se viene aplicando la Directiva vigente, se han identificado procedimientos e información que deben ser actualizados, por ello resulta necesario la modificación de la Directiva vigente, toda vez que [la] referida modificación amplía e incorpora alcances adicionales, asimismo presenta mejora en los procesos realizados por el área de Transportes, tal como se detalla en el ANEXO 1″, se lee al final del informe.

Sin embargo, lo cierto es que, en ninguno de los apartados, tanto en el desarrollo del documento como en el anexo adjunto, se brinda una justificación detallada de por qué se realiza cada cambio en la directiva de vehículos, ni se argumenta su imperante necesidad. Incluso, ni siquiera se llega a mencionar la excepcionalidad planteada para los vehículos asignados a la mandataria y a su familia. El informe y el anexo apenas tienen cinco páginas.

Tras ello, y a lo largo de los días siguientes, la propuesta para la nueva directiva de administración de vehículos pasó favorablemente por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Oficina General de Asesoría Jurídica, hasta llegar a la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, que la publicó el 15 de enero, estando en vigor hasta el día de hoy.

Antes y después

En la anterior directiva, se establecía expresamente la prohibición de que los vehículos del Despacho Presidencial pernocten fuera de las instalaciones de la sede del Ejecutivo, bajo responsabilidad del personal al que haya sido asignado el vehículo, salvo “caso fortuito o fuerza mayor”. Según distintos especialistas consultados, esto respondía a una necesidad netamente de seguridad y se cumplía sin descuidar la custodia del dignatario.

Sin embargo, a esto, se le adicionó ahora una salvedad: “Están excluidos de la presente disposición de ser el caso, los vehículos asignados para el servicio oficial del presidente de la República y su familia”.

En la práctica, esto habilita a que, vehículos del Despacho Presidencial, como el ‘cofre’ y otros, estén permanentemente en un determinado lugar, sin una temporalidad definida e incluso pernoctando fuera, a expectativa de la jefa del Estado o de su familia, contrario a los criterios de seguridad ya estipulados. Además, también supone una suerte de “candado” normativo, ante cualquier cuestionamiento que pueda surgir por ello.

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) Juan Carlos Liendo explicó a El Comercio que la protección vehicular de traslado es muy diferente a la que se brinda propiamente en instalaciones, con dinámicas de seguridad diferentes entre sí que no deben superponerse.

Y remarcó que la norma ya contemplaba aquellos casos excepcionales, por términos de distancia u otros factores, donde se permitía que los vehículos no retornen a la sede del Ejecutivo y puedan pernoctar fuera de la sede del Ejecutivo sin mayor problema.

“No hay razón para cambiar la norma, porque ya especificaba casos excepcionales y fortuitos. (…) Convertir lo inusual en ‘normal’, implica también un riesgo de seguridad en sí mismo; y tendría una razón política”, opinó Liendo.

En la misma línea, el exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha consideró que con esta modificatoria podría generarse una situación delicada, al recordar que los vehículos utilizados por Boluarte tampoco cuentan con rastreo satelital. Consideró que no se estaba velando por la seguridad “y eso es peligroso”, al estar sujetas a “amenazas de riesgo permanente”.

“Quiere decir que, en este momento, no hay ninguna forma de ubicar y hacerle seguimiento a los vehículos de la presidenta y sus familiares, porque no tienen GPS y, al estar exonerados de retornar a la base, en cualquier momento pueden estar sujetos a intervenciones, incluso delincuenciales”, advirtió Pérez Rocha en diálogo con este Diario.