La Universidad de Columbia, que el año pasado fue el epicentro de la movilización estudiantil contra la guerra de Gaza, se ha plegado a las exigencias de la Administración del presidente Donald Trump para no perder 400 millones de dólares de fondos y contratos federales. La amenaza de retirada de esos fondos por la Administración republicana, cuyo ultimátum vencía este viernes, ha obligado a claudicar a la institución, perteneciente a la exclusiva Ivy League, y acceder a nueve demandas destinadas a endurecer las normas que regulan las protestas en su campus. Los recortes habrían afectado especialmente a la Facultad de Medicina.

Según confirma el diario The Wall Street Journal, Columbia ha accedido, entre otras cosas, a prohibir el uso de mascarillas en las protestas (algo habitual entre los manifestantes para evitar ser identificados), a reformar su proceso de admisión y a reprimir de forma más clara las protestas antiisraelíes, otorgando a 36 agentes de policía del campus la potestad de detener a estudiantes. La Casa Blanca ha logrado también otra pieza aún mayor: el nombramiento de un vicerrector principal para supervisar el departamento de Estudios de Oriente Medio, Asia Meridional y África, así como el Centro de Estudios Palestinos.

El control gubernamental sobre un departamento académico como el de Oriente Próximo —por no hablar del reputado Centro de Estudios Palestinos, el hogar de Edward Said y, luego, de Rashid Khalidi— ha suscitado honda preocupación entre el profesorado de Columbia y del resto de universidades estadounidenses. El nuevo vicerrector, nombrado por Columbia, revisará el plan de estudios, la contratación de profesorado no titular y la dirección del centro “para garantizar que la oferta educativa sea completa y equilibrada”, es decir, cuando menos neutra hacia Israel.

Con la amenaza —o el chantaje— de retirar esos fondos, Trump ha utilizado Columbia como un ariete en su ofensiva contra las universidades liberales, vistas por los republicanos como un vivero de élites demócratas. Los primeros indicios de esta ofensiva se percibieron claramente cuando surgió el debate sobre el antisemitismo en los campus, poco después de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra contra Gaza. La Administración republicana exigía medidas más enérgicas a las universidades ante las acusaciones —procedentes de estudiantes y donantes judíos— de mostrar excesiva tibieza con los manifestantes.

La consecuencia directa del endurecimiento del discurso fue la detención hace una semana de Mahmud Khalil, estudiante de posgrado de origen palestino (y que nunca se tapó el rostro con una mascarilla en las protestas, ni cuando actuó como interlocutor con el rectorado). Un juez ha paralizado la deportación de Khalil, al que la Casa Blanca considera, sin pruebas, alineado “con los terroristas de Hamás”, al poseer residencia legal en EE UU y estar casado con una ciudadana estadounidense. Tras Khalil han sido detenidos otros estudiantes y profesores cercanos a la causa palestina, y una de ellas, una doctora de la Universidad de Brown, fue deportada en caliente, en el mismo aeropuerto de Boston, a su regreso de un viaje al Líbano.

Otras demandas de Washington aceptadas por Columbia son trasladar los procesos disciplinarios a la oficina del rector; formalizar la definición de antisemitismo para poder reprimir mejor las protestas, y hacer cumplir sus penas a los manifestantes que el año pasado ocuparon Hamilton Hall, un edificio del campus cuyo desalojo policial puso fin a la movilización (desde entonces, el campus se halla cerrado a cal y canto, salvo para profesores y estudiantes).

La rectora interina, Katrina Armstrong, consciente de la honda preocupación que han provocado estas órdenes, se dirigió por carta este miércoles a la comunidad de Columbia: “La administración responsable significa que debemos considerar todas las acciones apropiadas, trabajar con nuestros socios en todo el país, y lo estamos haciendo… Pero nunca comprometeremos nuestros valores de independencia pedagógica, nuestro compromiso con la libertad académica o nuestra obligación de cumplir la ley”. Armstrong sucede temporalmente a Minouche Shafik, que dimitió en agosto pasado, la tercera rectora que se llevó por delante el encendido debate sobre el antisemitismo en los campus.

Columbia es la primera universidad que se enfrenta a una injerencia tan agresiva de la Administración de Trump, pero docenas más están sobre aviso de que pueden ser las siguientes si desafían las órdenes del presidente en cuestiones relacionadas con el activismo propalestino, los programas de diversidad (la Casa Blanca tiene medio centenar de universidades en el punto de mira) o la participación de mujeres transgénero en equipos deportivos femeninos universitarios. Al menos 60 universidades están siendo investigadas para determinar si su respuesta a las protestas contra la guerra de Gaza fue la adecuada.

A la inversa, muy pocos parecen haber reparado en la campaña de delaciones (o doxing, la revelación de datos personales como forma de acusación o diana) emprendida contra académicos que han sido a la postre represaliados. El último caso es el del investigador de Georgetown detenido este jueves por sus presuntos vínculos palestinos (de nacionalidad india, está casado con una palestina). En un mensaje electrónico enviado a su lista de correo, el grupo Middle East Forum, un grupo de presión de los intereses de Washington en la región, se ufanaba ese mismo día de haber revelado la identidad de Badar Khan Suri, que está en EE UU con visa de estudiante que puede ser revocada inmediatamente, según el Departamento de Estado. “Badar Khan Suri, miembro del Centro Príncipe Alwaleed bin Talal para el Entendimiento Cristiano-Musulmán de la Universidad de Georgetown, ha sido detenido y se enfrenta a un proceso de deportación. La detención se produjo a raíz de un artículo publicado por el Middle East Forum en el que se exponían las repetidas alabanzas al terrorismo de Hamás y su parentesco por matrimonio con un alto cargo de la organización terrorista”, dice el correo. El artículo, publicado en la revista JNS, le acusaba de “difundir activamente la propaganda del grupo terrorista [Hamás] y promover un virulento antisemitismo en las redes sociales”, así como de viajar a Siria e Irán como integrante de una caravana de solidaridad con Gaza en 2010.