El Ministerio Público le imputa a Santiváñez, a raíz de la declaración de dos testigos protegidos, haber cobrado, al menos, US$20 mil para ejercer influencias a favor de sus clientes, cuando ejercía el derecho penal, ante el Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Precisamente, por esta indagación, la Fiscalía de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia que dicte una orden de impedimento de salida del país por 18 meses en contra del titular del Mininter.

Y sustentó su pedido el último viernes en una audiencia pública, donde el fiscal Luis Alberto Ballón detalló que cuenta con “más de mil mensajes de WhatsApp, 77 audios y 34 imágenes y archivos PDF” que habría intercambiado Santiváñez con una tercera persona vinculada al interno Miguel Marcelo Salirrosas.

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De acuerdo con el testigo protegido N°01-2025, el cuestionado abogado le dijo que el dinero era para “asegurar el tema” y como una garantía para que se declare fundado un recurso de Miguel Salirrosas, un policía involucrado en el Caso Los Pulpos. Santiváñez le habría indicado que “no se preocupara, porque tenía contactos en la Segunda Sala del Tribunal Constitucional”.

Ballón refirió que de las conversaciones-alcanzadas por un segundo testigo protegido de clave 02-2025-se ha verificado que los depósitos de dinero se hicieron en tres armadas de US$10.000, US$9.700 y US$300. No obstante, luego de la audiencia en el TC, el hoy ministro del Interior se excusó tras conocer que el ponente votaría en contra de sus intereses.

El 7 de marzo del 2024 se declaró infundado el recurso de agravio constitucional y posteriormente, en mayo, ocurrió lo mismo con el recurso de aclaración.

Según uno de los testigos protegidos, cuando Santiváñez ya estaba al frente del Mininter habría continuado con las negociaciones, por lo menos hasta setiembre último. Esta persona agregó que grabó una reunión en la oficina del ministro, donde este le afirmó que ahora tenía “más posibilidades aprovechándose del cargo con más allegados en el TC”.

En la resolución que autorizó el allanamiento a Santiváñez, el juez supremo Juan Carlos Checkley indicó que la medida tiene fines de incautación de bienes muebles, documentos, instrumentos y otros relacionados al proceso penal, constitucional y administrativo (ante el INPE) de Salirrosas. Agregó que estos podían ser agendas, cuadernos, celulares, soportes electrónicos de almacenamiento de datos, entre otros.

En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, el magistrado remarcó que el allanamiento “es razonable”, porque los elementos que puedan ser hallados “pueden contener información relevante” para la investigación en contra del titular del Mininter.

Además, Checkley subrayó que, si bien la medida judicial afecta el derecho al secreto de las comunicaciones del cuestionado abogado, “también es cierto que la limitación a dicho derecho es de menor intensidad frente a la obligación del Estado de investigar y sancionar los delitos cometidos por funcionarios públicos”.

Rechaza las imputaciones

El ministro del Interior rechazó las imputaciones de la Fiscalía de la Nación y dijo que el dinero que le depositaron fueron sus “honorarios” por llevar el proceso de Salirrosas en primera, segunda y tercera instancia en el Poder Judicial e ir al Tribunal Constitucional. Añadió que no conoce a los magistrados del TC y que su recurso fue declarado infundado.

“Esta información es absolutamente falsa. Efectivamente, hay un monto que nosotros gestionamos como honorarios profesionales, jamás he gestionado un tema en el Tribunal Constitucional, no conozco personalmente a ninguno de los magistrados y no tengo ninguna relación con ellos”, manifestó en declaraciones a la prensa en las afueras de su domicilio.

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Santiváñez calificó como “un show mediático” el nuevo allanamiento a su casa. El 3 de marzo se dio la primera diligencia de este tipo, pero fue otra pesquisa: la de presunto abuso de autoridad. El ministro es señalado de tomar represalias contra el capitán PNP Junior Izquierdo, quien fue reasignado a Moquegua como policía comunitario tras difundir audios que lo comprometen.

En aquella oportunidad, el titular del Mininter recibió el respaldo de la presidenta Dina Boluarte, quien minimizó las investigaciones contra el funcionario, los cuestionamientos a la gestión de este en la lucha contra la criminalidad y arremetió nuevamente contra el Ministerio Público y la prensa.

“Pueden allanar la casa de todos los ministros si quieren, pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la fiscalía, que está jugando en pared con esta mala prensa para dar un golpe de Estado blanco [sic]”, aseguró la mandataria durante una actividad oficial en Chorrillos y refirió que Santiváñez “continuará siendo ministro del Interior y seguirá limpiando ese ministerio de los caviares que lo habían capturado”.

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La otra defensa

Desde el Congreso, el tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, Alejandro Cavero (Avanza País), calificó de “podrido” al Ministerio Público por allanar, por segunda vez en este mes, la vivienda de Santiváñez. A pesar de esta postura, el parlamentario adelantó que votará a favor de la censura de la alta autoridad del Ejecutivo.

“El señor Santiváñez no es ningún santo, pero a mí me queda clarísimo cuáles son las prioridades del Ministerio Público en este momento. En lugar de estar allanando las casas de delincuentes, extorsionadores, secuestradores, está allanando nuevamente la casa del ministro del Interior. Entonces, el Ministerio Público está podrido”, manifestó a la prensa en el Parlamento.

Una postura similar tuvo la congresista Adriana Tudela (Avanza País), quien, a través de su cuenta de X, consideró que el allanamiento a la casa del ministro del Interior es un “show ridículo”.

“¿Para qué allanar la misma casa dos veces en cuestión de días? Además de ser una admisión de absoluta ineptitud, las razones son obvias. Mientras la Fiscalía se dedica a hacer política, todos los días sueltan a delincuentes detenidos por culpa de fiscales que no cumplen su función o están más preocupados en defender a los delincuentes que a las víctimas”, tuiteó.

Tudela afirmó que el Ministerio Público no debe creer que “con este show ridículo” sale bien librado “de la enorme responsabilidad que tiene en esta crisis de criminalidad”.

El punto de vista

La abogada penalista Liliana Calderón refirió que al tratarse de carpetas diferentes los casos de abuso de autoridad y tráfico de influencias ante el TC, cada fiscal maneja su propia estrategia de investigación, por lo que este segundo allanamiento a la casa de Santiváñez en menos de tres semanas podría tener asidero. Agregó que es un juez el que finalmente decide si acepta o no la solicitud del Ministerio Público.

“Hay que evaluar cuál ha sido el objeto [de esta diligencia], puede ser uno diferente al anterior”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Calderón señaló que en los próximos días se debe prestar atención a qué encontró el Ministerio Público en la vivienda de Santiváñez.

“Si el fiscal encuentra elementos de convicción, su situación se puede complicar”, expresó.

Al ser consultada sobre la solicitud de impedimento de salida del país contra Santiváñez, la letrada respondió que el juez va a evaluar si existe o no un riesgo de fuga.

A su turno, el abogado penalista Andy Carrión consideró que el hecho de que a inicios de este mes ya se haya dado un allanamiento a la casa del ministro del Interior debilita el que se ejecutó este miércoles, así se traten de casos diferentes. “El Ministerio Público debería informar si es que ha hallado elementos importantes”, complementó.

En diálogo con este Diario, Carrión opinó que la situación legal de Santiváñez “se está complicando”, porque existen elementos que lo comienzan a vincular a una presunta red de tráfico de influencias, entre estos las declaraciones de dos testigos protegidos.

El letrado señaló que es probable que el Poder Judicial vaya a dictar una orden de impedimento de salida del país en contra del ministro, porque se trata de “una de las medidas más sencillas y menos gravosas”.

“Santiváñez se ha encargado de dilatar las diligencias, si uno analiza su comportamiento procesal se llega a la conclusión de que ha habido poca colaboración”, expresó.

Carrión, además, indicó que las cuatro investigaciones fiscales que tiene abiertas el ministro del Interior le impiden dedicarse a su trabajo para combatir la criminalidad organizada y más bien gran parte de su tiempo se va a su defensa. “Esto lo debilita jurídica y políticamente, hoy tiene menor margen de acción frente a las mociones de censura en el Congreso”, acotó.

Más información

Desde el Ministerio Público precisaron que el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación requirió el 13 de febrero al Poder Judicial el allanamiento a la casa de Santiváñez. Agregaron que la Corte Suprema notificó su fallo el 4 de marzo último (un día antes había sido el primer allanamiento) y le otorgó 15 días para ejecutarlo.

La fiscalía recordó que entre el 3 y 9 de marzo, el titular del Mininter estuvo de viaje en Europa y retornó al país el 10 de marzo.

La institución indicó que se coordinó durante una semana con peritos de la Policía Nacional y con la defensa pública para la ejecución de la medida.

“En ese contexto, la diligencia efectuada hoy se encuentra dentro del plazo establecido”, acotó.