Las movidas en el Congreso, durante estos últimos cinco días, han sido una muestra de la conveniencia con la cual operan los parlamentarios, tanto a nivel de fiscalización como a nivel de producción legislativa. Solo la muerte de Paul Flores, vocalista de la orquesta Armonía 10, logró que los legisladores dejen de lados sus cálculos políticos y su postura de aliados del gobierno de turno.

Desde hace un mes, la congresista Susel Paredes venía buscando firmas para la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, un personaje político quien más tiempo gasta en las investigaciones en su contra que presentando medidas efectivas contra la criminalidad. Las principales bancadas –tanto de derecha como de izquierda– que se resistieron a firmar la moción fueron Fuerza Popular, APP, Perú Libre y Somos Perú.

Otro dato no menor es que el resto de las bancadas no apoyaron en su totalidad la moción: Renovación Popular aportó cinco de sus 11 firmas posibles; Avanza País brindó tres de sus siete firmas; y Podemos Perú, cuatro de sus 14 firmas. Susel Paredes completó las 33 firmas necesarias, recién tras el atentado contra Armonía 10. Con este crimen y con todas las críticas encima, Lady Camones de APP y la no agrupada María del Carmen Alva sumaron sus rúbricas. El caso de Alva es el más llamativo, debido a que días atrás, en una entrevista concedida a Canal N, había dicho que no le gustaba firmar mociones “cuando no hay votos”.

Al ver que se pueden dar los votos, Alva ha estampado su firma en las cuatro mociones de censura presentadas. Un total de 67 congresistas han firmado las cuatro mociones, lo que bastaría para asegurar las 66 adhesiones requeridas para remover a Santiváñez del cargo. Todo queda en las manos de Fuerza Popular, que decidió presentar su moción a último momento.

El mismo oportunismo ocurre a nivel legislativo. De manera reactiva, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), ha anunciado un nuevo pleno temático sobre seguridad. En el 2024 ya se realizó un pleno bajo dicha temática y no se tuvo ningún avance relevante en materia legislativa, sumado a que ni siquiera pudieron aprobar la fórmula de “terrorismo urbano”. Otros congresistas han aprovechado la tragedia para –al igual que el gobierno– impulsar agendas inviables en el corto plazo, como la del retiro del Perú de la CIDH, presentada por Wilson Soto (Acción Popular). Abogados especialistas en la materia, como Heber Campos, han explicado que dicha iniciativa tomaría dos años en materializarse. Por el contrario, el Congreso no ha prestado atención a otras iniciativas viables como el sistema nacional de unidad de flagrancia (presentado por el gobierno), el cual viene operando a manera de piloto en algunos distritos del país, o la creación de la policía municipal (presentado por Digna Calle de Podemos Perú, con opinión favorable de la Municipalidad de Lima).

La lucha contra el crimen organizado no encuentra rumbo y el Congreso es uno de los responsables.