“Se reclama al ciudadano peruano César José Hinostroza Pariachi para su comparecencia ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la investigación preparatoria que se le sigue como presunto autor de los delitos de organización criminal, cohecho activo específico y tráfico de influencias, en agravio del Estado peruano”.
Lo anterior forma parte de los argumentos del juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien a través de una resolución, solicitó a Bélgica la extradición del exjuez supremo, César Hinostroza, en el marco del Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
En el documento del Poder Judicial, al que accedió El Comercio, el juzgado requirió también al reino de Bélgica que se ejecute la orden de detención preventiva contra Hinostroza, expresidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y de la Corte Superior de Justicia del Callao.
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Dicha orden de detención, con fines de extradición, fue emitida en junio del 2024 y hasta la fecha no ha podido ser ejecutada, según informes de Interpol.
Esta es la segunda vez que se emite un requerimiento de extradición activa en contra de Hinostroza Pariachi, quien lleva seis años y cinco meses prófugo de la justicia.
Tras su fuga por la frontera de Tumbes, en octubre del 2018, el exjuez supremo llegó hasta España, país al que se le solicitó su extradición. Esta fue aprobada en mayo del 2019, pero el trámite demoró por los recursos de asilo del exfuncionario procesado.
En julio del 2022, la policía española, que iba a ejecutar su captura no lo halló en el domicilio que había señalado a las autoridades de dicho país, mientras se resolvían sus recursos.
Finalmente, Hinostroza Pariachi fue visto en Bélgica en junio del 2024 y en mérito a ello se expidió una orden de detención.
En la reciente resolución -emitida el 14 de marzo último- para tramitar su extradición en dicho país, se da cuenta del Oficio Nro. 4-3-A/2502 de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público, remitida por el fiscal del Rey del Reino de Bélgica, así como la información obtenida en razón de las asistencias judiciales, donde se confirma que Hinostroza se encuentra dicho país.
El reclamado (César Hinostroza) tiene la calidad de procesado por la jurisdicción penal peruana, y según las Asistencias Judiciales con los países de Estados Unidos de Norte América y el Reino de Bélgica, y de acuerdo a lo comunicado y documentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, se encuentra en el Reino de Bélgica.”
Juzgado Supremo
El requerimiento de extradición activa explica a las autoridades de Bélgica que la solicitud se apoya en la Convención de Extradición y Declaración Adicional entre Perú y Bélgica , complementado con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).
Se aseguró que los presuntos hechos delictivos atribuidos al exjuez supremo se encuentran debidamente tipificados en el Código Penal peruano: delito de corrupción de funcionarios: cohecho activo específico y tráfico de influencias, así como organización criminal.
Por tanto, corresponderá al Reino de Bélgica, una vez recibido el pedido de extradición determinar si se cumple con la “doble incriminación”; esto es, si los hechos que la sustentan también constituyen delito en dicho Estado.
“En mérito a la Convención de Extradición y Declaración Adicional entre Perú y Bélgica del 23 de noviembre de 1888, vigente desde el 23 de octubre de 1890; la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), se solicita la extradición del ciudadano César José Hinostroza Pariachi.”
Se solicitó que se ejecute la detención preventiva de Hinostroza Pariachi
Para sostener la garantía del debido proceso, se informa a Bélgica que, debido a que los hechos atribuidos habrían sido cometidos por Hinostroza en su condición de alto funcionario, como exjuez supremo, el Congreso autorizó formular causa penal en su contra.
No obstante, se precisó que los hechos e indicios existentes, permiten advertir que no se trata de delitos políticos o conexos, sino delitos comunes: corrupción de funcionarios (cohecho activo específico y tráfico de influencias) y organización criminal, previstos en los artículos 398, 400 y 317 del Código Penal, respectivamente.
Puntualizó además que conforme al artículo 44 de la Convención de Mérida, no se considerarán de carácter político los delitos tipificados con arreglo a dicho instrumento internacional.
Sumado a ello, el juzgado señaló que ninguno de los delitos por el cual se requiere a Hinostroza Pariachi, han prescrito.
El requerimiento de extradición activa, indicó el juez Checkley Soria, será enviado por el conducto regular en el plazo establecido.
Por ello, recordó que actualmente existe una orden de prisión preventiva de 36 meses dictada en contra del exjuez supremo, y por lo que se ha dispuesto su captura nacional e internacional.
En esa línea, explicó que mediante el Oficio N°74-2025-COMOPPOL-COPNP/DIRASINT/OCN-INTERPOL-LIMA DEP1 del 03/01/2025, el jefe de la Oficina Central Nacional con Interpol-Lima, informó respecto al trámite dado a la orden de ubicación y captura a nivel internacional remitida y la imposibilidad de cumplir con el mandato judicial.
Por ello, se solicitó que la autoridad pertinente de Bélgica “proceda con los trámites correspondientes a efectos de declarar procedente la detención preventiva” de César Hinostroza.
Es requerido para que de cuenta por seis hechos presuntamente ilícitos
En el requerimiento, se le detalla a la justicia de Bélgica que Hinostroza Pariachi debe afrontar seis hechos en su condición de exjuez supremo y exmagistrado superior.
El caso, que se destapó en el 2018, dio cuenta de un ramificada red criminal que habría estado compuesta por jueces, fiscales, abogados, empresarios y otros y que operó en el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y otras entidades.
Entre los casos se menciona la mejora laboral: remunerativa y funcional de Verónica Esther Rojas Aguirre, exjefa de la Unidad de Administración y Finanzas de la aludida Corte Superior del Callao; y la designación de Maico Reyner Fernández Morales como juez supernumerario del Cuarto Juzgado de Paz Letrado del Callao.
También, su presunta interferencia en el Consejo Nacional de la Magistratura para la ratificación de los ex jueces Ricardo Chang Racua y Frey Mesías Tolentino Cruz y la contratación del exjuez supernumerario William Alan Franco Bustamante.
Finalmente, se le imputa pertenecer a la organización criminal “Los Cuellos Blancos Del Puerto”, puesto que, en su condición de juez de la Corte Superior de Justicia del Callao y de la Corte Suprema de Justicia habría liderado la referida red.
Hinostroza, según la imputación fiscal, habría emitido órdenes para los “arreglos” tanto en los casos judiciales de la Corte Superior del Callao, como de la Corte Suprema. También con relación a los postulantes a jueces y fiscales ante el Consejo Nacional de la Magistratura, todo a cambio beneficios, ventajas, dádivas, promesas y favores mutuos.
“Convirtiéndose en una macro organización integrada por el ex juez supremo César José Hinostroza Pariachi y los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura Guido César Aguila Grados, Orlando Velásquez Benites, Julio Atilio Gutiérrez Pebe y Sergio lván Noguera Ramos. Además, estaría integrada por el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Benigno Ríos Montalvo, personal administrativo y jurisdiccional de la corte Superior de Justicia del Callao, así como los abogados Víctor Maximiliano León Montenegro, José Luis Castillo Alva, entre otros y empresarios como Mario Américo Mendoza Díaz, Edwin Antonio Camayo Valverde, Edwin Oviedo Picchotito, entre otros, quienes vienen siendo objeto de procesamiento por las instancias pertinentes.”
César Hinsotroza, durante los años que se encuentra prófugo ha venido participando de manera virtual en los diversas audiencias que se realizaron, tanto por recursos interpuestos por él y su defensa, así como por la fiscalía.
Precisamente, el martes 18 de marzo, se conectó a la audiencia judicial virtual en el proceso por presunto tráfico de influencias para beneficiar a una tercera persona en su postulación como juez. Allí, señaló que todo se trata de la versión de presunto colaborador “que fue coaccionado”.
“Lo que pasa es que no tienen elementos de juicio, no tienen nada, y entonces, quieren forzar algo para formalizar la investigación preparatoria (en este caso) ¿Por qué no formalizan mañana mismo y formalizan la investigación preparatoria?”, cuestionó.
