Un jurado popular del tribunal del condado de Morton, en Dakota del Norte (Estados Unidos), ha declarado este miércoles a Greenpeace responsable por difamación, allanamiento, molestias, conspiración civil y otras reclamaciones. El fallo se produce en una demanda presentada por la empresa de oleoductos Energy Transfer por las protestas de 2016 y 2017 por la construcción del oleoducto Dakota Access cerca de la reserva de la tribu sioux de Standing Rock. El jurado condena a Greenpeace Internacional, Greenpeace USA y Greenpeace Fund a pagar más de 660 millones de dólares (605 millones de euros) de indemnización a Energy Transfer y su filial Dakota Access.

El fallo del jurado de nueve miembros supone un tremendo golpe financiero a la organización ecologista, que había advertido de que sus filiales estadounidenses se verían abocadas a la bancarrota en caso de perder el juicio. Incluso cuando se manejaba una cifra de 300 millones en la demanda, que finalmente se ha visto superada, Greenpeace señaló que amenazaba su supervivencia misma en Estados Unidos. La organización planea recurrir el fallo.

La organización está realizando una valoración más exhaustiva de la sentencia, pero Kristin Casper, consejera general de Greenpeace Internacional, declaró en un comunicado: “La lucha contra las grandes petroleras no ha terminado hoy. Sabemos que la verdad y la ley están de nuestro lado. Greenpeace seguirá haciendo campaña por un futuro verde y en paz. No retrocederemos, no nos silenciarán”.

El veredicto se produjo tras dos días de deliberaciones en un juicio. La lectura de la sentencia fue detallando los cargos por los que se hallaba responsable a cada una de las entidades. La empresa reclamaba entre 265 y 340 millones de indemnización por los daños sufridos y el fallo le dio la razón en la mayoría de ellos. Además, el jurado otorgó más de 400 millones de dólares en daños punitivos, que tienen por objeto castigar a los acusados por su conducta. Los cómputos de diferentes medios sitúan el total entre 660 y 700 millones de dólares.

Energy Transfer acusó a Greenpeace de pagar a manifestantes para que interrumpieran la construcción del oleoducto de forma ilegal y de difundir falsedades sobre el controvertido proyecto, situado cerca de la reserva india de Standing Rock. La organización ecologista rechaza las acusaciones y asegura que su papel en las protestas fue muy limitado y pacífico. Consideran que la demanda constituye un ataque a la libertad de expresión.

La construcción del oleoducto se topó con feroces protestas de grupos de defensa del medio ambiente y de las tribus, que afirmaban que el proyecto envenenaría el suministro de agua local y agravaría el cambio climático. El proyecto comenzó en 2016 y se completó al año siguiente. El oleoducto transporta aproximadamente el 40% del petróleo producido en la región de Bakken, en Dakota del Norte, rica en hidrocarburos. El oleoducto atraviesa varios Estados y transporta alrededor del 5% de la producción diaria de petróleo de Estados Unidos

El abogado de Energy Transfer, Trey Cox, declaró que las protestas “violentas y destructivas” de Greenpeace no eran ejercicio de la libertad de expresión protegida por la ley. “Hoy, el jurado ha emitido un veredicto rotundo, declarando las acciones de Greenpeace erróneas, ilegales e inaceptables según los estándares sociales. Es un día de ajuste de cuentas y responsabilidad para Greenpeace”, dijo Cox, según recoge Reuters.

Energy Transfer calificó el veredicto del miércoles de “victoria” para “los estadounidenses que entienden la diferencia entre el derecho a la libertad de expresión y la violación de la ley”. “Aunque nos complace que Greenpeace haya sido responsabilizada por sus acciones contra nosotros, esta victoria es realmente para la gente de Mandan y de todo Dakota del Norte que tuvo que vivir el acoso y las interrupciones diarias causadas por los manifestantes financiados y entrenados por Greenpeace”, dijo la empresa en un comunicado recogido por Associated Press.

Por su parte, Deepa Padmanabha, abogada de Greenpeace en Estados Unidos, señaló a través de un comunicado: “Lo que hemos visto durante estas tres semanas ha sido el flagrante desprecio de Energy Transfer por las voces de la tribu sioux de Standing Rock. Y aunque también intentaron tergiversar la verdad sobre el papel de Greenpeace en las protestas, nosotros reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la no violencia en todas las acciones que emprendemos”. “Todos deberíamos estar preocupados por demandas como esta que pretenden destruir nuestros derechos a la protesta pacífica y a la libertad de expresión”, añadió.

Greenpeace presentó el mes pasado una demanda en Países Bajos contra la propia Energy Transfer por intimidación, poniendo a prueba por primera vez una nueva directiva de la Unión Europea para contrarrestar casos manifiestamente infundados destinados a acosar a la sociedad civil. “Nos veremos en los tribunales de Ámsterdam este próximo mes de julio. No retrocederemos, no nos silenciarán”, añadió Casper.

Kelcy Warren, cofundador y presidente de Energy Transfer, es un destacado donante de Donald Trump. La condena a Greenpeace se produce justo en un día en que el presidente de Estados Unidos se reunía en la Casa Blanca con directivos de empresas petroleras. El republicano aboga por aumentar la producción de energías fósiles aunque para ello sea necesario saltarse protecciones medioambientales.