Donald Trump se prepara para cumplir este jueves otra de sus promesas de campaña. Mediante la firma de un decreto en el Despacho Oval, el presidente estadounidense pretende poner en marcha el desmantelamiento del Departamento de Educación para, cumpliendo una vieja aspiración republicana, repartir sus funciones entre los Estados y “devolver el poder a los padres” sobre la instrucción de sus hijos.

El texto que prepara Trump pedirá a Linda McMahon, recién nombrada secretaria de Educación, que inicie las tareas de demolición, aunque estas no están enteramente en su mano. El cierre del Departamento precisa de la aprobación del Congreso, y más concretamente, de 60 votos en el Senado, extremo altamente improbable, dado que los republicanos, que controlan ambas cámaras en el Capitolio, solo cuentan con 53 escaños en la Baja. Se da por hecho que ningún miembro del Partido Demócrata apoyará esa moción. Así que la decisión de Trump en parte engrosa su repertorio de gestos del teatro político que ha instalado en la Casa Blanca desde su regreso al poder por segunda vez.

Lo que sí puede hacer McMahon es reducir el Departamento de Educación a su mínima expresión dentro de lo que permite la ley; es decir, despojarlo de algunas de sus funciones para que se gestionen a otras partes de la Administración, lo cual provocará a buen seguro una reacción en los tribunales. Lo más probable es que se reproduzcan las medidas adoptadas en otras agencias gubernamentales por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, el ya famoso DOGE de Elon Musk: profundos recortes de personal, programas y subvenciones. De hecho, la Administración ya ha tomado medidas para reducir la plantilla del Departamento casi a la mitad.

Las atribuciones del Departamento de Educación no son tan amplias como las de los organismos europeos similares. No decide sobre los planes educativos, eso es cosa de los Estados, y tampoco ordena a los profesores qué deben enseñar. Sus responsables sí se encargan de la financiación federal de las escuelas de primaria y secundaria, aunque no fijan sus currículos educativos; gestionan los préstamos estudiantiles, investigan las quejas por discriminación y examinan el progreso a nivel nacional de las habilidades lectoras y con las matemáticas. También manejan subvenciones federales por valor 18.400 millones de dólares, y contribuyen a la financiación de escuelas primarias y secundarias en zonas pobres. Asimismo, cuentan con un programa (15.500 millones) para ayudar a la educación de los estudiantes con discapacidades.

Efectos sobre los préstamos estudiantiles

Aunque las consecuencias más graves del desmantelamiento anunciado tal vez sean los efectos que podría tener en un plan préstamos estudiantiles de 1,6 billones de dólares, ayuda que se concede a cambio de que las universidades cumplan las normas que les imponen para participar. Centenares de miles de alumnos y exalumnos no saben bien a qué atenerse con sus deudas pendientes, obligaciones que a menudo pesan sobre ellos durante décadas.

Tras la decisión de Trump, está la idea de que la gestión federal de la educación lleva demasiado tiempo en manos de funcionarios progresistas. Según esa teoría, esos burócratas han hurtado a los conservadores su poder de decisión sobre la mejor manera de instruir a sus hijos, al incidir en asuntos de la agenda progresista (woke, en la despectiva designación de la derecha), como la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la enseñanza del pasado racista del país o la atención a la así llamada “ideología de género”, que aboga por los derechos de los colectivos LGTBIQ+.

En un video de campaña del verano pasado, Trump aseguró que “las escuelas públicas han sido tomadas por los lunáticos de la izquierda radical” y que una de sus prioridades sería “devolver el poder a los padres estadounidenses”. En un mensaje posterior, detalló cómo pensaba dar a los niños de su país la educación “de alta calidad y proestadounidense que merecen”. Entre otras promesas, figuraban “recortar la financiación federal para cualquier escuela o programa que promueva la teoría crítica de la raza, la ideología de género u otro contenido racial, sexual o político inapropiado”, “mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”, en referencia a las atletas trans, acabar con “el marxismo que se imparte en las escuelas, agresivamente hostil a las enseñanzas judeocristianas” y “localizar y eliminar a los radicales que se han infiltrado en el Departamento”.

La nueva secretaria de Educación proviene del mundo de la lucha libre profesional, deporte entre violento y circense, en el que hizo su considerable fortuna, que se cifra en unos 3.200 millones de dólares. Junto a su marido, Vince McMahon, viejo compinche de Trump, levantó un auténtico imperio del wrestling en los años ochenta y noventa. Después, ella ya formó parte de la primera Administración del republicano en calidad de líder del organismo que se encarga en Estados Unidos de la gestión de las pequeñas empresas, puesto que ejerció entre 2017 y 2019. Cuando hace un par de semanas fue confirmado su nombramiento por el Senado, se dio la paradoja de verla defender su idoneidad para un cargo cuya principal encomienda era la de destruir la gestión a la que aspiraba.

Trump y los McMahon hicieron negocios juntos en los ochenta, cuando ellos estaban levantando su imperio de lucha libre profesional y el futuro presidente había construido un casino en Atlantic City que puso a disposición de ese espectáculo. En 2007, Trump y Vince McMahon participaron en un concurso llamado La batalla de los multimillonarios, un juego en el que cada cual escogía a un luchador para que peleara por él. El ganador tenía derecho a afeitar la cabeza del perdedor, y así fue cómo Trump le rapó el pelo en directo a McMahon sobre un cuadrilátero en Detroit.