La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, afirmó que una fuente le reveló que el Ministerio Público ha ordenado el seguimiento a los 7 magistrados, en el marco de una investigación contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
En entrevista con RPP TV, detalló que la fiscalía ha solicitado un informe documentado de los nombres y datos de contacto de todo el personal administrativo, abogados, asistentes, terceros y practicantes que han prestado servicios en el 2023 y 2024.
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Asimismo, pidió otro informe detallado de la fecha de suscripción, notificación y publicación de la sentencia sobre el interno Miguel Marcelo Salirrosas, a quien Santiváñez defendió ante el TC, y también del auto que aclaró dicho fallo.
“Yo esto lo considero perfectamente válido y por supuesto que vamos a responder con la urgencia que corresponde, pero lo que a mí me ha sorprendido es que de una fuente y que está bien enterada, me ha llegado el dato de que la fiscalía ha ordenado el seguimiento de los siete magistrados por razón de este posible tráfico de influencias”, expresó.
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“Yo de verdad conozco muy poco a la fiscal de la Nación, la he visto en algunas actividades protocolares, me parece una persona ponderada y de fácil conversación, en el sentido de que ella tendría que aclarar si eso es verdad o no”, agregó.
Pacheco Zerga dijo que espera comunicarse con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, este jueves 20, a fin de aclarar el tema, y enfatizó que no se puede hacer seguimiento a los miembros del TC como si fueran “delincuentes” o por una sospecha real de haber cometido un acto impropio.
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Al respecto, la titular del TC descartó de forma tajante que los magistrados hayan aceptado algún tipo de soborno para beneficiar a los litigantes, como afirmaron testigos protegidos del Ministerio Público en la audiencia de impedimento de salida del país contra Juan José Santiváñez.
“Realmente es un tema delicado el que nos han atribuido y que yo rechazo tajantemente porque podremos tener algunas fallas en el tribunal respecto a la prontitud con que resolvemos los casos, pero nunca jamás ningún miembro del tribunal aceptaría cualquier tipo de soborno, eso lo descarto de todas maneras”, sentenció.
Denuncia sobornos
Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación sustentó el pasado 14 de marzo su pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra el ministro del Interior con información que obtuvo de dos testigos protegidos.
El fiscal Luis Alberto Ballón detalló que cuenta con “más de mil mensajes de WhatsApp, 77 audios y 34 imágenes y archivos PDF” que habría intercambiado Santiváñez con una tercera persona vinculada al interno Miguel Marcelo Salirrosas.
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Ahí se detallan negociaciones para cobrar 20 mil dólares americanos a cambio de influencias dentro del TC y otras instancias en las que el ministro dijo que podría favorecer al cliente.
Según las conversaciones por WhatsApp, las negociaciones se remontan al menos hasta el 5 de enero del 2024 cuando Santiváñez, involucrado en la defensa legal de dos policías presos por vínculos con “Los Pulpos” de Trujillo, aseguró que tenía conocimiento de cómo el TC estaba tramitando el caso de uno de estos dos policías, Eber Riquelme Juárez.
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El 8 de enero le dijo a su interlocutor –el testigo protegido 01-2025- que sus honorarios eran de 20 mil soles pero además “pidió 20 mil dólares por concepto de asesores externos”, a fin de “asegurar el tema” y como una garantía para que se declare fundado un recurso de Miguel Salirrosas, el otro policía involucrado en el caso “Los Pulpos”.
Según reveló el testigo, Santiváñez le dijo que “no se preocupara porque tenía contactos en la Segunda Sala del Tribunal Constitucional”. Los depósitos de dinero se hicieron el 18 y 19 de enero en tres armadas de 10.000, 9.700 y 300 dólares. Esto, según información de un segundo testigo protegido, el 02-2024.
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Tras recibir este pago, Juan José Santiváñez habría procedido a informar que se había logrado agendar las causas en el TC para el 7 de febrero del 2024 con prioridad, tal y como pretendía, incluso antes que el tribunal formalizara su agenda públicamente.