En el enfrentamiento que la Administración de Donald Trump y el estamento judicial libran en torno a los límites del poder del presidente, los jueces han asestado este martes un importante golpe. Un magistrado federal en el Estado de Maryland ha emitido una orden que prohíbe al oligarca tecnológico Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) continuar el desmantelamiento de la agencia estadounidense de ayuda al desarrollo (Usaid).

El juez Theodore Chuang también ha declarado que la decisión de DOGE de abolir Usaid es “probablemente inconstitucional” y ha ordenado de modo cautelar que se den los pasos necesarios para que la agencia pueda recuperar su sede de siempre, en el edificio Ronald Reagan en el centro de Washington, por si la decisión final sobre el caso acaba siendo favorable a los demandantes que denuncian que cerrar la agencia es ilegal. La entidad bajo el control de Musk despidió a la mayoría de los funcionarios de la institución y ordenó vaciar sus oficinas el mes pasado. Los pocos trabajadores que conservaron su empleo pasaron a depender del Departamento de Estado.

La instrucción de Chuang también estipula que los trabajadores despedidos deben recuperar el acceso a su correo electrónico oficial, notificaciones de seguridad, sistema de pagos y otros sistemas electrónicos.

En su escrito, el magistrado señala que los actos de DOGE para desmantelar Usaid a toda prisa “probablemente violaron la Constitución de Estados Unidos de muchos modos”. Esas decisiones no solo perjudicaron a los trabajadores de la agencia federal. También dañaron al interés público y de los contribuyentes, y se saltaron las competencias de los legisladores elegidos por los votantes, y a quienes corresponde determinar si es conveniente cerrar una institución federal, cómo, cuándo y a qué ritmo.

La decisión de Chuang representa un nuevo revés en los intentos de la Administración Trump de despedir a centenares de miles de empleados federales. Otros tribunales han ordenado la reincorporación de miles de estos trabajadores cesados en sus puestos de trabajo de un día para otro con el argumento de que sus puestos de trabajo no son imprescindibles.

El magistrado actuaba a instancias del grupo Fondo de Defensores de la Democracia del Estado, que representa a más de una veintena de empleados de Usaid. Estos trabajadores, a los que los documentos del caso solo identifican con el nombre genérico “J.Doe”, el seudónimo que se emplea en los casos legales estadounidenses donde es necesario proteger la identidad de la persona. Los demandantes argumentan que Musk acumula un poder al frente de DOGE “sin precedentes en Estados Unidos” para reorganizar las instituciones federales. En su opinión, la Constitución exige que un poder de este tipo solo pueda ejercerlo alguien nombrado formalmente por Estados Unidos y confirmado por el Senado como representante oficial del país.

La Casa Blanca describe a Musk, convertido en la mano derecha del presidente estadounidense y que permanece con él a sol y sombra, como un “empleado especial” de la residencia presidencial que cumple su misión de manera desinteresada, sin recibir una compensación por ello.

La decisión del juez se dirige específicamente contra Musk y su DOGE, al mostrarse de acuerdo en que no tienen potestad para acometer los recortes indiscriminados que llevan a cabo entre la fuerza laboral federal. Pero podría revertirse si la Casa Blanca asigna esa misión a otra persona que sí cuente con esas competencias.

A comienzos de este mes el secretario de Estado, Marco Rubio, el hombre del que ahora depende lo que queda de Usaid, confirmó que la Administración Trump había cancelado el 83% de los programas de la agencia.

En su demanda, el Fondo de Defensores, una organización defensora de la democracia y los derechos civiles, alega que “el hombre más rico del mundo, y el mayor contribuyente financiero a la reelección del presidente, desmantela pedazo a pedazo todo el poder ejecutivo”. También sostiene que la Constitución prevé que el Senado confirme los nombramientos de las personas con ese nivel de poder y de objetivos federales, precisamente para “impedir un espíritu de favoritismo” que pueda llevar a que “personalidades no adecuadas ejerzan demasiada autoridad”.

Por su parte, el Departamento de Justicia alega que Musk no es más que un colaborador sin paga en la Casa Blanca. Quienes firmaron los despidos y el vaciado de la sede fueron los responsables en ese momento al frente de Usaid. “Como asesor, el señor Musk no tiene más autoridad que otros asesores de la Casa Blanca”, alega el Departamento de Justicia. “Como ellos, carece de autoridad formal para tomar decisiones que corresponden al Gobierno. Él solo puede asesorar al presidente y comunicar las directivas del presidente”.

La decisión del juez Chuang llega cuando el propio Trump se encuentra inmerso en una pelea contra el poder judicial después de que el sábado un juez del distrito de Washington, James Boasberg, ordenara paralizar las deportaciones de más de 200 venezolanos a los que la Casa Blanca acusa de ser miembros de la banda delictiva Tren de Aragua. La Administración invocaba una ley de 1798 para declararles “enemigos extranjeros” y proceder a su expulsión sin ningún tipo de proceso judicial. El magistrado ordenó paralizar la operación y el regreso de los aviones de transporte si ya hubieran despegado, pero las aeronaves no volvieron y aterrizaron en El Salvador, donde esos inmigrantes han quedado internados en una cárcel para terroristas y miembros de bandas peligrosas.