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El Gobierno de Estados Unidos ha presentado este martes una demanda de decomiso civil contra una aeronave Dassault Falcon 900 EX que era utilizada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como avión oficial. El Falcon de Maduro fue sacado de contrabando de Estados Unidos con falsos pretextos en violación de las sanciones y leyes de control de exportaciones de Estados Unidos, según el Departamento de Justicia. La aeronave fue incautada en septiembre pasado en República Dominicana a petición de Estados Unidos y fue trasladada a Fort Lauderdale (Florida). Maduro la tuvo poco más de un año en su poder.

La demanda, presentada en el Distrito Sur de Florida, alega que el Falcon es confiscable por violaciones de la ley estadounidense, incluida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y violaciones de la legislación de blanqueo de dinero.

El régimen de Maduro se las ingenió para hacerse con el avión a pesar de las sanciones que pesan sobre él. Hacia el 23 de enero de 2023, una empresa supuestamente con sede en San Vicente y las Granadinas, cuyo Gobierno es aliado de Venezuela, celebró un contrato para comprar el avión Dassault Falcon 900 EX, con número de cola T7-ESPRT, a una empresa de Florida por 13,25 millones de dólares. La persona encargada de comprar el avión en nombre de esa empresa era un ciudadano venezolano que ocultó sus vínculos con el régimen de Maduro.

Según la demanda, esa empresa se constituyó poco antes de la compra, en junio de 2022, y fue eliminada del registro de empresas de San Vicente por impago de las tasas anuales dos años después, en mayo de 2024, de modo que su existencia fue solo para llevar a cabo esa operación.

Los fondos utilizados para comprar el Falcon se enviaron mediante múltiples transferencias bancarias desde diferentes países, incluida Malasia, utilizando tanto dólares como euros. La empresa utilizó una dirección de correo electrónico con un dominio .ae de Emiratos Árabes Unidos para comunicarse con el vendedor con sede en Florida, aunque los representantes de la empresa tenían nombres españoles y algunos de los correos electrónicos contenían la frase en español “Enviado desde mi iPhone”.

Avión Nicolás Maduro
Agentes de policía inspeccionan el avión en Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos), en septiembre pasado.
CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (EFE)

La aeronave Dassault Falcon 900 EX voló desde Estados Unidos a San Vicente hacia el 3 de abril de 2023 y aproximadamente cinco horas después partió hacia Caracas (Venezuela), pilotada por dos miembros de la Guardia de Honor Presidencial venezolana y acompañada por una segunda aeronave que opera desde una base militar venezolana, siempre según la demanda.

El Falcon se convirtió en avión oficial de Maduro. Según el documento judicial, desde mayo de 2023, voló desde y hacia Venezuela al menos 21 veces. Cuba, Brasil, México, Bolivia, República Dominicana, Granada y Sudáfrica fueron sus destinos conocidos fuera de Venezuela. Se vio a Maduro viajando con el avión en visitas oficiales a otros países.

El avión se utilizó incluso para un intercambio de prisioneros con Estados Unidos en diciembre de 2023 en el que Estados Unidos liberó a Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro, a cambio de estadounidenses presos en Venezuela. Su liberación se concretó en el islote de Canoan, perteneciente a San Vicente y las Granadinas. En marzo de 2024, el avión fue trasladado a la República Dominicana para su mantenimiento y quedó allí inmovilizado a petición de Estados Unidos.

Tras los intentos de diversos individuos venezolanos de recuperar la aeronave, el Gobierno de Estados Unidos obtuvo una orden de incautación y solicitó a la República Dominicana que confiscara, detuviera y transfiriera el Falcon a Estados Unidos, algo que ocurrió el 2 de septiembre de 2024. Ese mismo día, el régimen de Maduro emitió un comunicado en el que admitía que Maduro había utilizado el avión.

Un segundo avión Dassault Falcon al que se le prestaron servicios y mantenimiento de forma ilegal en violación de las sanciones de Estados Unidos, también fue incautado en República Dominicana a petición del Gobierno de Estados Unidos el pasado 6 de febrero. Ese segundo avión fue identificado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro como propiedad bloqueada de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), la empresa estatal venezolana de petróleo y gas natural, sancionada por Estados Unidos.



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