La pelea está servida. De un lado, la Administración estadounidense de Donald Trump, decidida a mostrar ante sus votantes una contundencia extrema en su política sobre inmigración y deportaciones. Una Administración que defiende el uso de una ley del siglo XVIII, pensada para tiempos de guerra, para expulsar a cerca de 300 venezolanos a una cárcel en El Salvador sin ningún tipo de proceso judicial, pese a la orden en contra de un juez. O que deporta o niega la entrada a extranjeros con permiso de estancia y que no han sido acusados de ningún delito. Del otro lado, los tribunales que lo bloquean. El Gobierno se atrinchera en sus posiciones, y los jueces insisten en exigir explicaciones, en un enfrentamiento que podría llegar hasta el Supremo.

El debate este lunes se centraba en si la Casa Blanca ha desobedecido la orden del juez de distrito James Boasberg, del circuito de Washington, que prohibía la deportación de los 238 venezolanos, a los que la Administración republicana acusa de ser miembros de la organización delictiva Tren de Aragua. La instrucción del magistrado incluía el regreso de los aviones que los transportaban aunque hubieran despegado y estuvieran en pleno vuelo. Pero las aeronaves no regresaron, y aterrizaron en El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aliado de la Administración Trump, parecía mofarse del juez con un mensaje en redes sociales en el que escribía en inglés “upa, demasiado tarde” e incluía un emoticono de risa.

La Casa Blanca ha cerrado filas para asegurar que ha actuado de manera correcta y que no ha desobedecido la orden judicial. Los aviones ya sobrevolaban aguas internacionales cuando la instrucción llegó, por lo que los tribunales “no tenían jurisdicción” en el caso, sostiene.

Boasberg, por su parte, ha programado una audiencia para este mismo lunes, a las 17 horas locales (22.00 hora peninsular española) sobre el caso y ha dado orden al Gobierno para que aporte información detallada sobre las horas de los vuelos, incluido si el despegue ocurrió después de que él emitiera su orden. El juez ha dado el paso después de que la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones defensoras de los derechos civiles presentaran durante la noche un alegato para reclamar que la Casa Blanca diera datos detallados.

Los abogados del Departamento de Justicia han intensificado un poco más este lunes el enfrentamiento del Gobierno con los jueces, al alegar que las instrucciones orales que pronunció Boasberg “no se podían hacer cumplir”.

Parte de la disputa se centra en que hubo dos versiones de la orden. De palabra, en torno a las 18.48 del sábado, el juez prohibió los vuelos y precisó que tendrían que regresar de inmediato si se encontraban ya en el aire. La instrucción escrita, que no contenía esa precisión, se publicó a las 19.26. Los datos de las aplicaciones dedicadas al seguimiento de los vuelos indican que aterrizaron en Honduras a las 19.37 y desde allí continuaron a El Salvador. La Casa Blanca se refiere en todo momento a que “las acciones de la Administración no están en conflicto con la orden escrita” y los aviones despegaron antes de que ese documento se hubiera publicado. Este lunes, en una rueda de prensa, la portavoz de la residencia presidencial, Karoline Leavitt, ponía en duda que la orden verbal tuviera el mismo peso legal que la instrucción escrita. “La orden, que no tiene base legítima, fue emitida después de que los extranjeros terroristas del Tren de Aragua ya hubieran abandonado el territorio estadounidense”, había apuntado Leavitt previamente.

Los abogados del Departamento de Justicia van en la misma línea. En los argumentos escritos que han entregado antes del inicio de la vista convocada por el juez Boasberg, plantean que “una directiva oral no se puede hacer cumplir como una orden por escrito”. “Las órdenes por escrito son fundamentales, porque aclaran los límites de la conducta permisible”, apostillan. El hecho de que en este caso el documento escrito no incluyera la orden expresa del regreso de los aviones “podía representar un juicio mejor pensado del tribunal sobre el ejercicio adecuado de sus poderes”, apuntan. “De acuerdo con la práctica legal establecida, prevaleció la orden más restrictiva”.

Expertos legales insisten en que el momento en el que despegaron los aviones es irrelevante para la obligación de cumplir la orden judicial. “La jurisdicción de un tribunal federal no acaba al borde del mar”, escribía el catedrático de Derecho de la Universidad de Georgetown Steve Vladeck en la red social Bluesky. “La cuestión es si los defensores están sujetos a la orden judicial, no dónde ocurre la conducta contra la que se interpone la demanda”.

En declaraciones a la cadena de televisión conservadora Fox News, el responsable de la Casa Blanca para la frontera, Tom Homan, aseguraba que el Gobierno va a seguir adelante con las deportaciones, las expulsiones sumarias y el uso de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esa norma, pensada para tiempos de guerra, concede al presidente poderes extraordinarios para expulsar a personas no ciudadanas que deben lealtad a potencias extranjeras, en casos de conflicto o invasión por parte de un país enemigo. Solo ha sido invocada a lo largo de la Historia en tres ocasiones: en la guerra de 1812 contra el Reino Unido, en la Primera Guerra Mundial contra ciudadanos austrohúngaros y en la Segunda Guerra Mundial para internar a personas de origen japonés, alemán o italiano en campos de prisioneros. “No vamos a parar”, sostenía Homan. “Me da igual lo que piensen los jueces, me da igual lo que piense la derecha. Vamos a por ello”.

“Esta gente son terroristas extranjeros”, sostuvo Leavitt por su parte. “Son monstruos horribles, violadores, asesinos, depredadores que no tienen derecho a estar en este país, y tienen que rendir cuentas”. El domingo, la portavoz ya había declarado en un comunicado que “un solo juez en una sola ciudad no puede controlar los movimientos de un avión… lleno de terroristas extranjeros expulsados físicamente de suelo estadounidense”.

El enroque de la Casa Blanca en una posición enormemente popular entre sus seguidores, a expensas de los procedimientos legales y el enfrentamiento con los jueces, puede desencadenar una escalada en el desafío de la Administración Trump al sistema estadounidense de división de poderes y de control judicial. Desde su llegada al poder hace casi dos meses, los representantes del Gobierno y sus simpatizantes se han quejado una y otra vez de decisiones judiciales que bloquean sus acciones más polémicas, desde los despidos de empleados federales a la cancelación del derecho a la ciudadanía por nacimiento. El propio Trump arremetía el domingo, en sus declaraciones a la prensa, contra el juez Boasberg, del que consideraba que “se está poniendo en el puesto del presidente de Estados Unidos, que fue elegido con casi ochenta millones de votos”.

“Estamos empezando una verdadera crisis constitucional”, aseguró en la red social X el abogado experto en cuestiones de seguridad nacional Mark Said.

En sus declaraciones a la prensa a bordo del avión Air Force One el domingo por la noche, Trump aseguraba que la expulsión de los 238 venezolanos a las cárceles salvadoreñas se debe a una situación “más peligrosa que una guerra”, una invasión de “mala gente”.

El caso de los venezolanos deportados a El Salvador no es el único que amenaza con generar una encarnizada lucha en los tribunales sobre la política migratoria estadounidense. La profesora de la Universidad de Brown Rasha Alawieh, de nacionalidad libanesa y de 34 años, radicada en Estados Unidos con un visado de trabajo, viajó a su país de origen para visitar a su familia. A su regreso se le impidió la entrada en suelo estadounidense y fue deportada a Líbano vía París.

El juez encargado de su caso en Boston ha suspendido a última hora una audiencia para examinar los particulares de la situación, después de que varios de los abogados de la especialista en trasplantes de riñón se retirasen de la demanda. Medios estadounidenses recogen que, según el Departamento de Seguridad Nacional, Alawieh tenía en su teléfono fotografías de líderes del grupo radical islamista libanés Hezbolá.

El Consejo de Relaciones Árabe-Estadounidenses (CAIR, por sus siglas en inglés) denuncia que la médica ha sido “deportada ilícitamente”. “Deportar a inmigrantes legales como la doctora Alawieh sin base alguna socava el Estado de derecho y refuerza las sospechas de que nuestro sistema de inmigración se está convirtiendo en una institución antimusulmana, supremacista blanca que intenta expulsar y rechazar a tantos musulmanes y gente de minorías como sea posible”, sostiene CAIR.

La semana pasada el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Nueva Jersey y trasladó a uno de sus centros de detención al estudiante de origen palestino Mahmoud Khalil, residente permanente estadounidense y casado con una ciudadana. El Departamento de Estado canceló su permiso de residencia acusándole de ser simpatizante del grupo radical palestino Hamás, después de que Khalil hubiera participado en las manifestaciones pro palestinas en su universidad, Columbia. Sus abogados recuerdan que el estudiante no ha sido acusado de ningún delito y denuncian que se está violando el derecho de su cliente a la libertad de expresión.

A estos casos se suman las acusaciones de Astrid Senior, una mujer que denunciaba este fin de semana que su hijo Fabian Schmidt, de nacionalidad alemana y con permiso de residencia estadounidense, fue desnudado e “interrogado violentamente” a su llegada también a Boston al regresar de Luxemburgo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza niega esas acusaciones.