De las 261 personas enviadas a El Salvador, 137 fueron deportadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, mientras que el resto fueron llevados bajo otras leyes federales. Además de venezolanos, fueron internados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) salvadoreños con presuntos vínculos con la pandilla Mara Salvatrucha MS-13.

LEE TAMBIÉN: Ucrania está perdiendo Kursk: ¿Cómo ayudaron a Rusia la audaz operación militar usando un gasoducto y el factor Trump?

La base legal para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros fueron los presuntos vínculos de los venezolanos deportados con el Tren de Aragua, mafia nacida en el 2009 en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, y que a partir de 2019 se empezó a expandir por algunos países de Sudamérica, como el Perú, Colombia, Ecuador y Chile, coincidiendo con el éxodo de venezolanos que escapaban de su país debido a la crisis originada por el régimen de Nicolás Maduro.

En los últimos dos años, cuando la migración venezolana optó por buscar llegar a Estados Unidos, también se empezó a detectar el ingreso a ese país de integrantes del Tren de Aragua.

Todos los deportados ahora están internados en el Cecot, la famosa cárcel salvadoreña construida por el presidente Nayib Bukele para albergar, bajo un régimen estricto, a miles de pandilleros de la MS-13 y su enemigo Barrio 18.

¿Hubo desacato?

Sin embargo, se ha desatado una gran controversia en Estados Unidos luego de que el juez federal de distrito James E. Boasberg prohibiera de manera temporal la expulsión de indocumentados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

El sábado, Trump ordenó que todos los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, sean “detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros”.

El juez Boasberg suspendió la orden de Trump por considerar que la ley no es aplicable en este caso, pues Estados Unidos no está en guerra.

El diario The Washington Post informó que tras enterarse de que aviones con deportados habían despegado, el juez Boasberg ordenó su regreso, algo que no ocurrió.

El domingo, el Gobierno de Trump dijo haber ignorado la orden judicial porque los dos aviones sobrevolaban aguas internacionales cuando esta se dio y, por lo tanto, la sentencia no aplicaba.

El periodista Jesús García, editor en La Opinión y El Diario NY, precisó a El Comercio que la orden final de la deportación de los venezolanos corresponde al Departamento de Seguridad Nacional y a su Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Comentó que el zar de la frontera, Tom Homan, ha manifestado que la orden del juez Boasberg llegó demasiado tarde, cuando los vuelos con los deportados ya estaban en aguas internacionales.

“Pudieron haber ordenado el retorno, pero ahora Homan está justificando que el haberlo hecho significaría el retorno de estas personas a las que acusan como terroristas bajo las nuevas órdenes de Trump. Sin embargo, el juez es el que tiene que determinar si hubo desacato o no”, explicó García.

“Por el momento, la aplicación de la ley está suspendida, porque aunque no se haya respetado de un inicio por este vuelo que ya estaba en proceso, no se pueden procesar a más personas bajo esta ley de acuerdo a la decisión del juez”, agregó.

De acuerdo con el medio Axios, la Casa Blanca está dispuesta a llevar el bloqueo de la Ley de Enemigos Extranjeros a la Corte Suprema de Estados Unidos.

La orden judicial de Boasberg estará en vigor durante 14 días o hasta nuevo aviso. Por lo pronto, este viernes habrá una audiencia donde se analizará el fondo de lo dispuesto por Trump.

El viernes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward demandaron preventivamente a Trump en un tribunal federal de Washington DC, alegando que cinco venezolanos retenidos en un centro de detención migratoria en Raymondville, Texas, corrían “riesgo inminente de deportación” en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. El juez Boasberg bloqueó su deportación.

¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros?

En 1798 Estados Unidos estaba al borde de la guerra con Francia. Ante el temor de que los “extranjeros” que vivían en el país simpatizaran con los franceses, el Partido Federalista, del entonces presidente John Adams, promovió la Ley de Enemigos Extranjeros.

La ley otorga al presidente la autoridad para detener y deportar a ciudadanos de países con los que Estados Unidos estuviera en guerra, sin necesidad de juicio. Su propósito era prevenir posibles conspiraciones o amenazas internas por parte de extranjeros considerados hostiles.

Desde su aprobación, la ley solo se ha aplicado tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con la agencia AP, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se extendía el temor hacia los extranjeros por todo Estados Unidos, la ley se usó para el internamiento masivo de personas de ascendencia alemana, italiana y, especialmente, japonesa. Se estima que 120.000 japoneses, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, fueron encarcelados durante la guerra.

Los argumentos de Trump

¿Por qué Trump invocó ahora la ley? El presidente dijo que el Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos.

Trump criticó al expresidente Joe Biden por, según él, permitir la entrada de miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos. “Eso es una invasión… invadieron nuestro país. Esto es una guerra en muchos sentidos. Es más peligroso que la guerra porque, como saben, en la guerra, llevan uniformes”, añadió.

La ley establece que el presidente de Estados Unidos necesita una votación en el Congreso para invocar la norma en el caso de una guerra declarada, pero no si se trata de una “invasión o incursión predatoria”.

«Busca evitar el debido proceso»

Según un análisis del centro de reflexión Brennan Center for Justice, la Ley de Enemigos Extranjeros “puede ser —y ha sido— utilizada contra inmigrantes que no han hecho nada malo, que no han mostrado signos de deslealtad y que están legalmente” en Estados Unidos.

Agregó que el presidente está invocando la Ley de Enemigos Extranjeros para tratar de deshacerse del debido proceso.

“Quiere evadir cualquier necesidad de tener que presentar pruebas o convencer a un tribunal de que alguien es realmente miembro de una pandilla o banda delictiva antes de deportarlo”, dijo el Brennan Center for Justice.

“Este arrebato de poder es totalmente ilegal. La Ley de Enemigos Extranjeros puede usarse solamente durante guerras declaradas o ataques armados de gobiernos extranjeros contra los Estados Unidos. El presidente ha proclamado falsamente la existencia de una invasión e incursión depredadora para usar una ley escrita para tiempos de guerra como una medida de control migratorio en tiempos de paz. Los tribunales deben anularlo”, manifestó.

Jesús García coincidió en que bajo la Ley de Enemigos Extranjeros preocupa la violación al debido proceso, “porque si bien señalan que todas estas personas son criminales o están relacionadas con el Tren de Aragua, pues tampoco se ha demostrado, o no se han presentado documentos o información que justifique que eso es lo que realmente está ocurriendo”.

“Incluso ya han reaccionado senadores que han señalado que Estados Unidos no está en guerra y no debería estar aplicando esta ley. Así, se ha abierto un nuevo debate en temas migratorios”, manifestó.

Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, recordó a El Comercio que en febrero Estados Unidos declaró como organizaciones terroristas al Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha y a los cárteles mexicanos.

“El gobierno de Trump esgrimió la tesis de que esas organizaciones criminales pasen a ser denominadas fuerzas hostiles, y dijo que lo que han hecho es una suerte de incursión predatoria en Estados Unidos. Entonces, bajo estos conceptos, Estados Unidos manifiesta que hay una técnica de guerra irregular, de guerra no convencional, con técnicas de infiltración que justificarían una respuesta del Estado”, sostuvo Gómez de la Torre.

También dijo que el ala más extremista del Partido Republicano, “los que quieren securitizar la agenda”, plantean que se puede hacer una interpretación extensiva del término invasión e incursión para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros al Tren de Aragua.

¿Qué gana Bukele?

El gobierno de Trump acordó pagar a El Salvador 6 millones de dólares para encarcelar durante un año a unos 300 presuntos miembros del Tren de Aragua en el Cecot.

Para Andrés Gómez de la Torre, El Salvador se está convirtiendo en una suerte de pívote o de eje de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos en América Central.

“Se ha estrenado una suerte de diplomacia penitenciaria entre Estados Unidos y El Salvador. Hay una excelente relación entre el gobierno de Bukele y el de Trump, con su secretario de Estado, Marco Rubio, a la cabeza”, indicó Gómez de la Torre.

Agregó que hay voces que manifiestan que El Salvador se va a convertir en una suerte de nuevo Guantánamo, en alusión a la isla cubana donde fueron recluidos los detenidos tras los atentados del 11 de setiembre del 2001 en Nueva York y Washington.