En política, hay pulsos que nunca se resuelven y que solo acaban explotando con efecto retardado. Es lo que ha sucedido a última hora de este domingo en Israel, al anunciar el primer ministro, Benjamín Netanyahu, su intención de despedir a Ronen Bar, jefe del Shin Bet (los servicios secretos en Israel y Palestina), justo cuando investiga si varios asesores de Netanyahu cobraron por favorecer los intereses de Qatar, uno de los escasos aliados de Hamás. De consumarse, será la primera destitución de alguien en dicho cargo en las siete décadas de historia del país.

Bar ha respondido acusando a Netanyahu de confundir servicio al Estado con “lealtad personal”. Los partidos judíos en la oposición han convocado de urgencia una reunión para diseñar una reacción conjunta, mientras que los movimientos sociales opuestos a Netanyahu han convocado protestas para el miércoles, el día en que el Gobierno votará la propuesta. El tema tiene como trasfondo el señalamiento cruzado (a veces en público, a veces por filtraciones a la prensa) sobre la responsabilidad por el ataque de Hamás en octubre de 2023 entre la cúpula política (que se ha aferrado al sillón) y los servicios de seguridad, que han entonado el mea culpa y de los que Netanyahu se viene deshaciendo uno tras otro.

El primer ministro israelí ha justificado su decisión en una “continuada desconfianza” hacia Bar, que “no ha hecho más que crecer con el tiempo”. “Estoy convencido de que este paso es crucial para restaurar la organización, lograr todos nuestros objetivos bélicos y prevenir la próxima tragedia”, ha dicho, en un claro rejón al máximo responsable de un organismo que carecía de información sólida de inteligencia en Gaza y que interpretó mal las pistas de que Hamás preparaba en secreto un ataque.

Bar ha contraatacado en un comunicado en el que subraya que “el deber de confianza del director del Shin Bet es, ante todo, hacia los ciudadanos de Israel”, no hacia Netanyahu, que alberga unas expectativas de “lealtad personal” que son “fundamentalmente erróneas y contravienen directamente” los estatutos de la organización.

La consejera jurídica del Gobierno, Gali Baharav-Miara (un cargo técnico de gran peso al que el Ejecutivo viene ninguneando y quitando prerrogativas desde hace años) se ha opuesto a la medida “hasta que se aclaren sus fundamentos fácticos y jurídicos” y la autoridad de Netanyahu para hacerlo, dado el potencial conflicto de interés. En una carta, recuerda que “el jefe del Shin Bet no es un cargo de confianza personal del primer ministro”, aunque dependa directamente de su oficina, y subraya “la extraordinaria sensibilidad del asunto, su naturaleza sin precedentes y la preocupación de que el proceso pudiera verse manchado por la ilegalidad y un conflicto de intereses”.

Los líderes de los principales partidos judíos de la oposición (Yesh Atid, Unidad Nacional, Israel Beitenu y Los Demócratas) se reunirán este lunes para debatir cómo frenar el despido. No han invitado a las formaciones que representan a la minoría palestina con ciudadanía israelí, un quinto de la población del país. La derecha ha salido en tromba, por el contrario, en defensa de la decisión, como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que considera que Netanyahu debería haberla tomado el día después del ataque de Hamás y acusa a jefe del Shin Bet de “aferrarse al asiento con arrogancia y desprecio”.

En el cargo desde 2021, Bar es uno de los últimos mandos de los servicios de seguridad que sigue en el puesto desde el ataque de Hamás, que acabó con de 1.200 muertos y más de 250 rehenes, si bien había adelantado que asumirá su responsabilidad por el sonoro fracaso del Shin Bet en preverlo. Netanyahu ha ido prescindiendo del resto o han dimitido, en particular desde el pasado noviembre. Es el caso del anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant; o del ex jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, cuyo despido pedía la ultraderecha para poner a alguien más duro de cara a la reanudación de la guerra en Gaza.

Comisión de investigación

En estos 528 días, Netanyahu, en cambio, no solo ha rechazado dimitir, sino también convocar elecciones anticipadas (como quiere la mayoría de la población, según las encuestas), asumir su responsabilidad o crear una comisión parlamentaria de investigación sobre los errores de aquel día y las políticas previas que lo facilitaron. Una viñeta en el diario Yediot Aharonot caricaturiza este lunes la situación, al mostrar a Netanyahu jugando al escondite inglés con Bar, Halevi y Gallant mientras pronuncia la frase “Quien esté detrás de mí o a mi lado, es responsable. Uno, dos y tres…” frente a un árbol con la inscripción 7.10, en referencia a la fecha del ataque de Hamás.

En su investigación, difundida hace dos semanas, el Shin Bet apuntó a la responsabilidad de Netanyahu por permitir que Qatar entregase fondos al Gobierno de Hamás en Gaza (lo que Doha desmiente e insiste en que Israel estaba al tanto de todo). Es uno de los reproches más presentes en las manifestaciones en su contra y uno de los focos del lanzamiento de fango entre el estamento político y el militar.

De hecho, en su reacción al anuncio de despido, Bar defiende implícitamente la creación de la comisión de investigación, al subrayar la “necesidad de interrogar a todas las partes, incluyendo la política del Gobierno y al primer ministro, y no solo a las Fuerzas Armadas y al Shin Bet, que se autoinvestigaron exhaustivamente”. El ejército ha pedido perdón por tardar horas en acudir a una zona situada a pocas decenas de kilómetros del centro de operaciones.

Netanyahu viene argumentando que una nueva convocatoria electoral (en la que partiría como favorito, aunque con dificultades para reeditar su coalición, según todos los sondeos desde el verano pasado) supondría “un premio a Hamás”, al fragmentar el país en tiempos de guerra, y que el necesario debate sobre las responsabilidades debe esperar a que esta acabe. Pero pocos entienden ya qué significa esa expresión dieciséis meses más tarde, con amenazas diarias de retomar los bombardeos sobre Gaza, aún con más fuerza, y un frágil alto el fuego técnicamente vigente, pero con un futuro inquietante. Netanyahu —imputado además en tres casos de corrupción, soborno y abuso de poder— necesita la guerra permanente para mantener en pie su coalición con ultranacionalistas y ultraortodoxos, la más derechista desde la creación de Israel, en 1948.