María Margarita Rojas y José Ley se han convertido en los primeros detenidos por las draconianas políticas de Texas contra la interrupción del embarazo. Las autoridades del Estado ultraconservador acusan a la partera, de 48 años, y a su empleado de realizar abortos clandestinos en tres clínicas ubicadas al noroeste de la entidad, que ha adoptado varias prohibiciones al procedimiento incluso antes de que el Supremo derogara Roe contra Wade en 2022. Ken Paxton, el fiscal general, acusa a Rojas y Ley de delitos graves, entre los que se encuentran practicar medicina sin un título, lo que podría acarrearles penas de prisión de hasta 20 años.

“La ley de Texas que protege la vida es clara, y haremos que quienes la violen rindan cuentas”, ha asegurado este lunes Paxton a través de un comunicado. El fiscal ultraconservador asegura que una investigación de la policía reveló que Rojas era propietaria de las clínicas Waller Latinoamericana, Latinoamericana Telge y Latinoamericana Medical Clinic en Spring, todas estas ubicadas en las inmediaciones alrededor de Houston. “Estas instalaciones empleaban ilegalmente a individuos, quienes se presentaban falsamente como profesionales de la medicina”, ha añadido Paxton, quien ha pedido clausurar los centros para evitar que se sigan cometiendo “actividades ilegales”.

Las clínicas daban servicios, en especial, a población hispana y de escasos recursos. Ofrecían vacunas, exámenes físicos y ultrasonidos. Holly Shearman, una doctora que brinda servicios prenatales en el área y que conoce a Rojas, la describió como una muy eficiente partera y devota católica. “La conozco desde hace ocho años y nunca he oído semejante cosa. No me imagino a María vinculada con algo como esto”, señaló Shearman al medio digital The Texas Tribune.

Los registros judiciales del condado de Waller muestran que Rojas fue detenida primero el 6 de marzo y liberada al día siguiente después de pagar una fianza, de acuerdo a Associated Press. La agencia noticiosa señala que Rojas, conocida entre sus pacientes como la “doctora María”, no tenía entonces representante legal. Un juez ha fijado este lunes una nueva fianza en 500.000 dólares por los presuntos delitos vinculados al aborto ilegal y otros 200.000 por practicar medicina sin licencia.

La Fiscalía afirma que Rojas, auxiliada por Ley, intentaron realizar un aborto a una paciente identificada con las iniciales E.G. en dos fechas distintas de marzo. Además, Rojas habría realizado otro procedimiento en el arranque de este año en el condado de Harris, donde se encuentra Houston. El caso de Rojas será expuesto ante un gran jurado para que la acusación determine los siguientes pasos a seguir. “La ley de Texas hace criminalmente responsables a los médicos y no a los pacientes por los procedimientos ilegales”, advierte la Fiscalía en su comunicado.

La norma que tiene a Rojas y a Ley en la antesala de prisión fue adoptada por Texas a finales de 2021 y a pesar del repudio del Gobierno de Joe Biden. El Congreso local, controlado por los republicanos, aprobó entonces una prohibición al aborto desde la sexta semana de gestación. La legislación generó controversia porque permitía a cualquiera demandar a mujeres, médicos o quien hubiese auxiliado en la intervención.

La dura ley ha sido modificada a punta de demandas y fallos judiciales. Pero los avances han sido menores. La norma sigue siendo una prohibición casi total del aborto. El senador ultraconservador Bryan Hughes, el padre de la SB-8, como se le conoce a la normativa, aceptó la semana pasada incluir un catálogo de emergencias médicas que permitirían a las pacientes y sus médicos optar por la terminación del embarazo. Este paso ha sido adoptado en varios Legislativos republicanos que han votado vetos similares al procedimiento quirúrgico.

Estas excepciones médicas pretenden dar mayor certeza a los médicos y a los empleados de las clínicas de salud para la mujer, que han navegado más de tres años entre provisiones legales nebulosas y amenazas de prisión. Hasta el día de hoy, el aborto en Texas se le niega a toda paciente cuya vida no corra peligro. Los doctores que lleven a cabo la operación se enfrentan a penas de hasta 99 años de cárcel y una multa de 100.000 dólares, además del riesgo de ser despojado de los títulos para ejercer en el Estado, el segundo más poblado del país.