Teodora Vásquez tenía 20 años cuando fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado tras dar a luz a un niño muerto en 2007 en El Salvador, donde el aborto es condenado en todas las circunstancias y donde hechos así, pese a poder ser accidentales, despiertan las sospechas. “La pobreza es lo primero que se condena. Si eres pobre, no tienes oportunidades. Y si eres mujer y estás sola, es peor para ti. Muchas mujeres en mi país son víctimas del sistema judicial”, asegura Vásquez, que pasó 10 años en prisión hasta que un tribunal determinó que fue condenada injustamente.

El número de mujeres criminalizadas y encarceladas está creciendo a un ritmo “alarmante” y más rápido que el de los hombres en el mundo, advierte el informe De la pobreza al castigo, de las organizaciones Penal Reform International y Women Beyond Walls, presentado este lunes ante una Comisión de la ONU sobre la situación de la mujer. En el estudio, se estima que hay más de 733.000 mujeres y niñas en prisión en todo el mundo, un número que desde el 2000 ha aumentado en un 57%. En el mismo periodo de tiempo, la población carcelaria masculina ha aumentado un 22%, detalla a este diario Jérôme Mangelinckx, director de Política Global de Penal Reform International, en una entrevista telefónica.

En lugar de invertir en servicios de apoyo y soluciones, los países siguen criminalizando a aquellas que están marginadas y son más vulnerables

Sabrina Mahtani, Women Beyond Walls

“La pobreza, los malos tratos y la discriminación de género han impulsado el alarmante aumento del encarcelamiento de mujeres en todo el mundo. De no tomarse medidas urgentes, la cifra pronto podría superar el millón”, advierte en las conclusiones del informe Sabrina Mahtani, abogada y fundadora de Women Beyond Walls. Las organizaciones autoras del informe temen que, ante los graves recortes de financiación que los principales gobiernos prevén para 2025, agraven esta situación. “En lugar de invertir en servicios de apoyo y soluciones, los países siguen criminalizando a aquellas que están marginadas y son más vulnerables”, lamenta Mahtani.

El informe considera que hay leyes que criminalizan especialmente a las mujeres por actos vinculados a su propia supervivencia, como la mendicidad, pequeños hurtos o trabajos informales, y menciona que existe una “feminización de la pobreza”, tal y como ya mencionó ONU Mujeres en 2022.

Por ejemplo, en Uganda en 2024, el robo representó el 33% de los delitos menores cometidos por mujeres, la mayoría de ellas con hijos y en situación de pobreza. Entre los testimonios recogidos por el informe, hay dos mujeres que fueron acusadas — y una de ellas condenada a 30 días en prisión— por robar leche en polvo para alimentar a sus bebés.

“Desproporcionalmente afectadas”

El informe también pone de relieve la criminalización de las mujeres que trabajan, por ejemplo, como vendedoras ambulantes, temporeras o trabajadoras domésticas. De los 75,6 millones de trabajadores domésticos en todo el mundo, el 76% son mujeres. En Kenia, muchas mujeres fueron arrestadas por vender productos en la calle, como Emma, que intentaba así ganar algo de dinero para mantener a sus hijos. La mujer fue arrestada y condenada a tres meses de prisión o a pagar una fianza de 10.000 chelines kenianos (71 euros), según el testimonio recogido por este informe.

Las mujeres se ven “desproporcionalmente afectadas” por presuntos delitos relacionados con la moral: desde la ropa que llevan hasta su comportamiento público, pasando por su identidad de género y derechos reproductivos.

Además, el estudio concluye que las mujeres se ven “desproporcionalmente afectadas” por presuntos delitos relacionados con la moral: desde la ropa que llevan hasta su comportamiento público, pasando por su identidad de género y derechos reproductivos.

Iris Kaingu, una empresaria zambiana e influencer en redes sociales, fue arrestada en 2022 y acusada de usar “vestimenta indecente” por llevar un vestido negro transparente. Tres años antes, dos jóvenes nigerianas, Farida Taofiq y Raihana Abbas, fueron acusadas también de utilizar vestimenta indecente por llevar vestidos cortos. Un tribunal las condenó a dos meses de prisión o a una multa de 3.000 nairas nigerianas (1,79 euros).

A pesar de que la tendencia mundial apuntala hacia la despenalización del aborto, como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente en 15 países está prohibido interrumpir voluntariamente un embarazo, sean cuales sean las circunstancias. El informe cita el caso de El Salvador, donde las mujeres pueden ser condenadas a décadas de prisión, y de Ruanda, donde una ONG calculó en 2021 que una cuarta parte de las mujeres en prisión habían sido condenadas por someterse a un aborto. Esta criminalización del aborto trae consigo una mayor mortalidad materna, como en Haití o en Honduras, donde es tres veces superior a la media mundial y son países en los que abortar está prohibido.

El riesgo de la extrema derecha

Mangelinckx subraya por su parte que las mujeres se ven especialmente afectadas y penalizadas por los delitos de narcotráfico. “Las políticas aplicadas sumadas a creencias patriarcales aumentan la probabilidad de que las mujeres sean sometidas a procesos penales, detención preventiva y penas de prisión más largas en comparación con los hombres”, asegura el informe. En el estudio se cita por ejemplo el caso de Caterina, una venezolana de 36 años que fue condenada a 25 años de prisión en Hong Kong tras no lograr convencer al jurado del tribunal de que fue forzada a transportar cocaína en su cuerpo. La mujer aseguró que fue secuestrada en Brasil tras responder a un anuncio de empleo falso. El informe estima que, en promedio, un 35% de las condenas contra mujeres son por delitos relacionados con las drogas, frente al 19% contabilizado entre los hombres. En América Latina y Asia, este porcentaje de mujeres condenadas puede elevarse hasta el 50% y el 80%, respectivamente.

En las conclusiones, Mahtani advierte de que con los programas de extrema derecha ganando terreno en numerosos países, los movimientos contra los derechos de las mujeres van a seguir creciendo y el uso de la ley contra ellas también va a aumentar, por ejemplo, mediante la penalización del aborto. Esto es “una firme llamada a la acción colectiva”, pide la experta.

Por ello, las organizaciones que han realizado este informe instan a los países y a las Naciones Unidas a adoptar medidas concretas para aplicar plenamente las reglas de Bangkok sobre el tratamiento de las mujeres reclusas, de modo que se produzca una reducción visible del encarcelamiento de mujeres antes de 2030, fecha límite de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Debemos colectivamente reformar las prácticas que criminalizan a las mujeres debido a su condición socioeconómica y su vulnerabilidad. También debemos asegurarnos de que las voces y las experiencias de las mujeres con importantes experiencias vividas lleguen a los debates políticos de alto nivel, incluidas las futuras consultas en el 30º aniversario de la Declaración de Beijing sobre igualdad de género y otros foros similares”, concluyó Mary Robinson, expresidenta irlandesa y exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que escribió el prólogo del informe.