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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar a Geiner Alvarado, exministro del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), por 10 años para ejercer cargos públicos.

Se trata de la Denuncia Constitucional 289 interpuesta por la congresista Patricia Chirinos en contra del exministro de Vivienda y de Transportes y Comunicaciones por presunta infracción al artículo 39 de la Constitución en agravio del Estado.

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El congresista delegado, Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular), recomendó acusar a Alvarado por refrendar el Decreto de Urgencia 102-2021, que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en inversiones destinadas al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano.

Con esta norma varios distritos de Cajamarca, entre ellos Anguía (Chota, Cajamarca), se beneficiaron con recursos del Estado, en particular donde residen familiares de Castillo Terrones.

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El parlamentario planteó la imposición de su inhabilitación de diez años en el sector público. Puesto al voto, fue aprobado por mayoría por 13 votos a favor; dos en contra y dos abstenciones.

Otros casos

En otro momento, la subcomisión aprobó por unanimidad el informe final que recomienda archivar la denuncia contra la excongresista Luciana León por supuesto enriquecimiento ilícito, al no demostrarse los motivos de las acusaciones.

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La exparlamentaria fue acusada por la ex fiscal Nación Patricia Benavides por supuestamente actuar en contra de la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito agravado.

El informe final de la Denuncia Constitucional 432, sustentado por el congresista delegado Jorge Coayla (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo), no encontró suficientes pruebas. Puesto al voto, la aprobación fue unánime.

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También fue aprobado, por mayoría, el informe final de la Denuncia Constitucional 354, interpuesta por Benavides Vargas contra los exfiscales supremos Víctor Rodríguez Monteza y Pedro Chávarry por el presunto delito contra la tranquilidad pública.

El congresista delegado Flavio Cruz (Perú Libre) recomendó su acusación, lo que en votación obtuvo ocho votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.



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