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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, dijo que actualmente hay un vacío legal que permite que empresarios e incluso funcionarios corruptos sigan contratando con el Estado.

Por esto, dijo que están elaborando la iniciativa que anunció Dina Boluarte esta semana para que haya legislación que permita impedir que empresas nacionales o extranjeras vuelvan a licitar.

LEE TAMBIÉN: Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para expulsar a empresas extranjeras corruptas y evitar que las nacionales sigan licitando en el Estado

“Uno de los grandes problemas que hemos advertido es que la legislación, que sí contempla algunos parámetros en las empresas y personas naturales, hay algunas otras en las cuales existe un vacío en el cual tanto empresas nacionales como extranjeras, o incluso hasta personas naturales que han incurrido en delitos de corrupción, o funcionarios también, pueden tener la posibilidad de seguir contratando con el Estado”, señaló este sábado en RPP.

Dina Boluarte dijo este jueves que había pedido al ministro de Justicia elaborar una propuesta para que empresas extranjeras corruptas y nacionales que haya cometido estos delitos no puedan seguir licitando en el Estado.

“En el marco de nuestra Constitución, he pedido a nuestro ministro de Justicia, Eduardo Arana, elaborar un proyecto de ley para que se expulse a las empresas extranjeras corruptas para que nunca más vuelvan a trabajar en el Perú Igualmente para que las empresas nacionales corruptas no liciten en el Estado”, aseguró la presidenta.

Arana aseguró que este tema fue conversado con Boluarte y también dentro del gabinete de ministros, con la finalidad de “elaborar una legislación que contemple que todos aquellos funcionarios, empresas privadas que hayan incurrido en actos de corrupción, no puedan volver a trabajar con el Estado”.

“Pueden trabajar en el ámbito privado, por supuesto que sí”, garantizó Arana para luego recordar que las empresas no son las que cometen delitos, sino las personas.

Por esto, advirtió que hay casos en los que los empresarios crean una nueva firma para seguir en las “mismas prácticas inmorales e ilegales”.

“La legislación actual señala sentencia firme. Sin embargo, tenemos que establecer que la lucha contra la corrupción no solo es en el ámbito penal, es también en el ámbito administrativo”, agregó.



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