La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) advirtieron que la ley aprobada por el Congreso que regula el derecho de rectificación vulnera la libertad de expresión e información.
En un comunicado conjunto, afirmaron que la norma aprobada está claramente orientada a “amedrentar” periodistas y comunicadores, al agravar las penas por delitos de calumnia y difamación sobre investigaciones en curso por la presunta comisión de delitos por parte de funcionarios y servidores públicos.
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“El Congreso de la Republica pretende aumentar hasta cinco años la pena privativa de libertad y hasta los 365 días-multa las sanciones pecuniarias; además, la iniciativa faculta al juez penal a imponer reparaciones civiles a favor del querellante”, señalaron.
Asimismo, indicaron que de manera antijurídica la ley aprobada incorpora al tipo jurídico de la difamación el delito de violación a la intimidad.
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Del mismo modo, enfatizaron que el proyecto de ley pretende reducir injustificadamente a un solo día el tiempo para atender las solicitudes de rectificación, de siete días previstos en la ley actual.
“Esto recorta de modo severo y grave los derechos de defensa y al debido proceso. Además, pretende que las rectificaciones se hagan hasta tres días seguidos, una medida desproporcionada”, aseveraron.
En ese sentido, alertaron que dicha iniciativa no se adecua a los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exhortaron al Congreso a analizar detenidamente las consideraciones establecidas en esta propuesta.
“Bajo el supuesto objetivo de la defensa de derechos fundamentales, lo que se busca es atentar contra la libertad de prensa en el país y el derecho de la ciudadanía a la información”, sentenciaron.
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Como se recuerda, el último jueves 13 de marzo Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 4431/2022 y 6718/2023, que proponen modificar el Código Penal y la ley que regula el ejercicio del derecho de rectificación.
