El exfutbolista y empresario Gerard Piqué ha declarado esta mañana en los juzgados de Majadahonda, donde estaba citado como investigado por el papel que jugó, junto al expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, en las negociaciones que llevaron la Supercopa a Arabia Saudí y por las que se pactó una prima de cuatro millones anuales para la empresa de la que es socio fundador, Kosmos. Piqué ha llegado poco después de las nueve de la mañana al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, vestido de traje y con una sonrisa. Ha eludido, eso sí, hacer declaración alguna a la prensa. Lo mismo que a su salida, minutos antes de las 12 del mediodía. En su declaración, ha respondido solo a la juez, a la fiscal y a su abogado, pero no a las partes. La defensa de Piqué se ha centrado en confirmar que efectivamente el contrato con Arabia se firmó gracias a su intervención, pero que se trata de una operación habitual, con las comisiones habituales, defendiendo así la legalidad de las mismas, siempre de acuerdo su relato. También ha explicado, según fuentes presentes en la sala, que se firmó la adenda al contrato original, con la que se aseguraba cobrar comisiones por tres años más, “por la relación de confianza” con la RFEF.

Piqué ha pedido una última declaración antes de abandonar la sala y le ha dicho a la jueza que está sufriendo mucho, que el caso ha influido en su reputación. Entonces, ha roto a llorar.

La juez investiga “posibles ilegalidades” en los acuerdos entre la RFEF y la entidad saudí Sela Sports. Acuerdos en los que consta como figura clave de la negociación la empresa de Gerard Piqué, en aquel momento todavía jugador del FC Barcelona, equipo que participaba en la competición, y que ejerció como “tercera parte”. El caso Supercopa es solo una parte de la llamada Operación Brodie, que investiga una supuesta trama ilegal en el seno de la Federación liderada por Rubiales y que tendrá que responder por los posibles delitos de corrupción, administración desleal y blanqueo de capitales.

Los últimos documentos remitidos sobre el caso por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, señalaban directamente al exfutbolista. Como bien explicaba hace unos meses en este diario el periodista Óscar López Fonseca, la UCO elaboró un informe en el que concluye Gerard Piqué fue “parte activa” en el contrato de la Supercopa de España de fútbol ahora bajo sospecha. El acuerdo para la disputa de los partidos de esta competición en aquel país se plasmó en un acuerdo por 264 millones de euros firmado en 2019 entre el entonces mandatario de la Federación, una empresa saudí y la mercantil Kosmos, de la que es fundador y presidente Piqué, que cobró una comisión por ello.

Como colofón del documento policial, los agentes de la UCO planteaban a la magistrada la necesidad de librar una comisión rogatoria (solicitud de ayuda judicial) a las autoridades saudíes para solicitar información sobre la posible existencia de cuentas bancarias abiertas a nombre del exfutbolista, Rubiales y otras 10 personas más, así como de una quincena de sociedades, muchas de ellas ligadas a Piqué. Los agentes argumentan que esta información es fundamental “para la completa averiguación de los hechos investigados” y, en concreto, “para dilucidar no solo todo lo concerniente a la negociación para la celebración de la Supercopa de España de fútbol, sino también aquellos negocios ―ejecutados o intencionados― por algunos de los investigados con presumible ocasión de esta”.

Con anterioridad, la jueza ya había enviado comisiones rogatorias a Andorra y República Dominicana en busca de activos financieros de los presuntos implicados, entre los que destaca el expresidente de la RFEF.

Los investigadores señalaron en su día que, tras el nombramiento de Rubiales como presidente de la RFEF, este organismo se planteó la celebración del torneo de la Supercopa ―que enfrenta a los dos finalistas de la Copa del Rey y a los dos primeros clasificados de la Liga de cada año― fuera de España. “Entre los diferentes intermediarios que ofrecieron sus servicios para negociar, es preciso destacar que Piqué fue parte activa en el proceso a través de la sociedad de su representante [Arturo Canales] AC Talent”, detalla el informe, que destaca que esta empresa “recibió un mandato de exclusividad” firmado por la Federación para buscar “opciones de negocio” por la Supercopa en Estados Unidos, China y Japón. “En este contexto, se establecieron contactos con Amazon y con Sony sobre diferentes alternativas para la celebración del torneo”, añade.

Mientras esto ocurría, en enero de 2019 la RFEF recibió un mensaje de otro empresario, Alfonso Roberes, en el que le informaba del interés de SELA por hacerse con los derechos del torneo con una oferta que su emisario calificaba de “muy atractiva que nunca antes han hecho por un partido de Supercopa”. La UCO destaca que la propuesta recibió una respuesta negativa, aunque tan solo unos días después la propia Federación se reunió directamente con la empresa saudí con la intermediación de Kosmos, la sociedad de Piqué, “terminando por acordar el inicio de las negociaciones”. Finalmente, el acuerdo se firmó el 11 de septiembre entre ambas partes.

El informe policial recoge que de la sucesión de acontecimientos “se ha podido inferir que la intermediación realizada por Kosmos habría sido realmente ejercida en favor de la RFEF y no de SELA”, como inicialmente se presentó. En anteriores informes policiales ya se destacaba que en el acuerdo, la Federación se atribuyó “una posición de garante” para que la empresa de Piqué recibiera la denominada “prima de éxito”. Esta consistía en tres millones de euros que la empresa saudí se comprometía a pagar a Kosmos cada año si entre los equipos que disputaban la competición se encontraban el Real Madrid y el FC Barcelona.

La UCO detalla que la pandemia provocada por la covid-19 impidió que se celebrara el torneo en 2021, lo que “obligó a la RFEF y a SELA a plantear un nuevo escenario de negociación dada la inviabilidad de cumplimiento del contrato”. Según concluyen los investigadores de los mensajes intervenidos, “en estas nuevas negociaciones en las que se llegó a barajar la posibilidad de rescisión del acuerdo y la búsqueda de una nueva sede, volvió a intermediar Kosmos” en un proceso en el que “se sucedieron los contactos entre Piqué y Rubiales”. La Federación terminó firmando unas adendas al contrato original para extenderlo con las mismas condiciones hasta 2029. “De este modo, la RFEF se garantizaba el cobro de 40 millones de euros anuales durante tres años más, así como Kosmos el cobro de su comisión anual de 4 millones de euros”, recalca el documento policial.