El juicio oral contra Pedro Castillo y tres exministros por el golpe de estado de diciembre del 2022 se reanuda este martes 18 de marzo. La sesión será nuevamente en la sala de audiencias de la Corte Suprema en el complejo policial de la Dinoes, contigua al penal de Barbadillo, donde el expresidente se encuentra recluido.
En la audiencia de este viernes 14 de marzo se tomaron las declaraciones de nuevos testigos de la fiscalía: Fernando Aliaga y Roberto Wong, exfuncionarios del IRTP, Eduardo Guerrero, exsecretario de Comunicaciones de Palacio, y Nelly Torres, exdirectora de noticias de TV Perú. Todo fueron citados para esta sesión por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
SIGUE AQUÍ LA AUDIENCIA DEL VIERNES 14 DE MARZO:
NOTA PREVIA
En la cuarta sesión del juicio, declaró como acusado el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima el día del golpe. También dio su testimonio como testigo el general PNP (r) Vicente Álvarez Moreno, jefe del Estado Mayor de la PNP el día de los hechos.
Por otro lado, el acusado exministro Willy Huerta cambió de oposición y se negó a declarar en esta etapa de juicio, reservando su testimonio para la parte final, luego de que se evalúen todas las pruebas. En tanto, Pedro Castillo se asuentó de la audiencia luego de haber sido llevado de emergencia a un hospital tras sufrir una descompensación.
Durante la tercera sesión del juicio en contra del expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado, la sala dio por acreditado al abogado de la defensa pública Ricardo Jhony Hernández Medina como nuevo defensor del profesor. Esto luego de que se conociera que el abogado de la defensa pública, Edgar Calle, asignado en la audiencia anterior, pidió su cambio por “el resquebrajamiento de la confianza recíproca entre abogado y patrocinado”.
Castillo, en tanto, reiteró que no acepta un abogado de la defensa pública.
La Sala aclaró que el expresidente puede designar al abogado de su elección en cualquier momento del proceso y le recordó además que tiene apersonados en este proceso a tres abogados privados.
También se dio cuenta de la huelga de hambre iniciada por Castillo Terrones. Al respecto, el tribunal exhortó al procesado a que se abstenga de continuar con la medida de protesta y dispuso que el director del penal Barbadillo adopte las acciones necesarias para el cuidado de su vida y su salud.
La próxima audiencia del juicio oral en contra del ex jefe de Estado y de los ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez, entre otros, se realizará el jueves 13 de marzo.
Pedro Castillo deberá comparecer ante la sala en medio de una huelga de hambre que, según dijo, inició este lunes en señal de protesta contra lo que califica como un “juicio oral politizado”. Mediante su cuenta oficial en X, el exmandatario difundió una carta en la que insiste en que su encarcelamiento es injusto.
Carta difundida en la cuenta oficial del expresidente Pedro Castillo en X.
El proceso ha estado marcado por la controversia desde su inicio. La semana pasada, Castillo se presentó sin abogado en la audiencia de instalación del juicio, realizada en una sala de audiencias adjunta al penal de Barbadillo, en Ate. En un intento por retirarse, recibió una advertencia del tribunal, que le recordó que está sometido a un proceso judicial con reglas claras y que podrían aplicarse “medidas coercitivas” en su contra.
El jueves, durante la segunda jornada del juicio, perdió los papeles y recurrió a insultos contra los fiscales que lo acusan.
Lee también: Congreso restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia: los entretelones de una decisión aplazada
Otros implicados
Junto a Castillo, también son procesados como coautores del delito de rebelión la exprimera ministra Betssy Chávez, el exasesor de la PCM Aníbal Torres, el exministro del Interior Willy Huerta y los oficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón. Este último, quien actualmente reside en Suiza, fue declarado reo contumaz por no presentarse al juicio, ni de manera presencial ni virtual.
El Ministerio Público ha solicitado penas diferenciadas para los acusados: 15 años de prisión para Torres, debido a su avanzada edad, y 25 años para el resto de los implicados. Todos han rechazado los cargos. Castillo sostiene que el 7 de diciembre de 2022 solo leyó un discurso sin efectos legales y que nunca recurrió a la violencia. Asegura, además, que fue “el pueblo” quien le pidió cerrar el Congreso y que, en realidad, el golpe de Estado se lo dieron a él.
El tribunal encargado del caso está conformado por los jueces supremos José Neyra (presidente), Iván Guerrero y Norma Carbajal.
Por su parte, el representante de la Procuraduría General del Estado, Mario Camacho Lazarte, ha solicitado que, en caso de una sentencia condenatoria, los acusados sean obligados a pagar una reparación civil de más de S/ 64 millones.
