A poco más de dos años y medio de su creación, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) tiene a su cargo 36 casos complejos, los cuales comprenden a un total de 517 personas investigadas, entre naturales y jurídicas. Son pesquisas relacionadas a personajes que han ocupado un cargo —por designación o por elección popular— y que en el desempeño de su función incurrieron en presuntos actos de corrupción.

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En una conferencia de prensa, el Ministerio Público brindó este jueves un balance general respecto al trabajo realizado por el Eficcop, el cual fue creado el 14 de julio de 2022 y que, desde diciembre del año pasado, fue incorporado como parte del subsistema anticorrupción por decisión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

“Es un grupo consolidado (…) y que está dando resultados, a pesar del poco tiempo que tienen laborando”, aseguró Mirko Cano Gamero, coordinador de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, en delitos de lavado de activos y en extinción de dominio.

En la conferencia, participó además el portavoz del Ministerio Público, Víctor Cubas Villanueva, así como fiscales de los cinco equipos que conforman el Eficcop. Espinoza estuvo presente solo al inicio.

Sumas y restas

Se informó que, de los 36 expedientes a cargo del Eficcop, 21 se encuentran en etapa preliminar; mientras que 14 se encuentran en investigación preparatoria y 1 en etapa intermedia. Cano incidió en que los casos que tiene el Eficcop “son complejos”, por lo que se requieren realizar varias diligencias.

“Todos los casos que tiene el equipo de Eficcop son emblemáticos, son complejos, y por ello necesita realizar varias diligencias, tienen varios investigados, y se tiene que realizar actos de investigación, incautaciones, utilizar la tecnología, peritajes, etcétera”, acotó.

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Entre los casos en investigación preparatoria que se resaltaron están el Caso Puente Tarata (con 13 investigados); el Caso Asesores en la Sombra (26 investigados); el Caso MarkaGroup (24 investigados); y el Caso Los Operadores de la Reconstrucción (más de 40 investigados).

Consultado, el fiscal coordinador Mirko Cano confirmó que las pesquisas a cargo del Eficcop comprendían a autoridades del gobierno del expresidente Martín Vizcarra, del expresidente Pedro Castillo y “tenemos del actual gobierno”. Aunque no precisó nombres.

El caso que el Eficcop tiene más avanzado en cuanto a estadío procesal es el Caso Sunat, el cual comprende a Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno en la era Castillo. Se encuentra en la etapa intermedia; es decir, ya se formuló acusación y se está a la espera del saneamiento antes de decidirse si se irá a juicio.

“Es el proceso que se encuentra en mayor avance y ya estamos en etapa intermedia, esperando que el señor juez de investigación preparatoria llame a las audiencias de control respectivo”, dijo brevemente el fiscal coordinador. En este caso, se atribuye presunto tráfico de influencias y se tiene 24 bienes incautados.

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También se dio a conocer que son 10 los procesos de colaboración eficaz a cargo del Eficcop y que están en su etapa final. “Es decir, culminando para solicitar ya ante el juzgado el proceso para las sentencias correspondientes”, precisó Cano. Además, se dio cuenta de que se llevaron a cabo en este tiempo 70 allanamientos, 42 detenciones preliminares, 17 prisiones preventivas, 11 impedimentos de salida del país, entre otros.

Además, también se le consultó sobre las diligencias con detenciones preliminares, luego que el mecanismo legal fuera eliminado —vía ley, en diciembre— por el Congreso y recién acaba de ser restituido. Al respecto, Cano explicó, en su condición de coordinador nacional de los tres subsistemas, que los casos se vieron paralizados, pero que “hoy se están reactivando”.

“No tengo el número exacto. Pero sí era una disposición por parte de coordinación seguir trabajando en las investigaciones y lo que urgente, realizar los allanamientos respectivos y las incautaciones. Y en lo que era necesario una detención, en todo caso tratar de esperar. Estábamos convencidos de que esta ley tenía que salir nuevamente. (…) Nosotros seguimos trabajando, vamos a ejecutar algunas acciones, en todos los subsistemas que tenemos”, comentó.

El factor Santiváñez

Por su parte, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, calificó de “una falta de respeto” el que se califique la diligencia efectuada al titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, como un “show”, tal como lo indicó el propio ministro al cuestionar la medida en su contra.

“El Ministerio Público cumple su función de investigación. Y los funcionarios que eventualmente estén investigados, deben colaborar con las investigaciones en aras del principio de transparencia. Y no alimentar un proceso de desinformación y de deslegitimación de la institución encargada de investigar. Hacer esto no contribuye al esclarecimiento de los hechos, sino a fomentar una situación de alteración del orden constitucional”, aseveró Cubas.

Justamente, explicó que aún “está pendiente” la realización de la pericia para determinar si la voz que se escucha en los audios propalados corresponde o no a Santiváñez. “Y esa pericia —acotó — aún no se ha realizado debido a la no colaboración del ministro del Interior; en consecuencia, el retraso que podría sufrir la investigación no se debe al Ministerio Público”.

También se negó que la filtración que las declaraciones que implican al titular del Mininter hayan salido del Ministerio Público. “Sin embargo, este y otros hechos se vienen tomando en consideración para una campaña de desinformación, de deslegitimación y para alentar una posible intervención al Ministerio Público, que es un organismo constitucional autónomo”, puntualizó.