Mientras la inseguridad ciudadana crece sin control, el Ministerio Público y el Ejecutivo se enfrentan, y la infraestructura de puentes están al borde del colapso, se vienen dando pasos concretos para restablecer el respeto a la Constitución, dejando en claro que cuando esta se vulnere se debe sancionar.

Un ejemplo de este camino es el juicio a Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, cuando anunció el cierre del Congreso y tenía previsto intervenir el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Otro caso concreto es el pedido de inhabilitación al expresidente Martín Vizcarra y a quien fuera el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, por el cierre del Congreso del 2019. La Comisión Permanente votó por su inhabilitación para ejercer la función pública y ahora será el pleno del Congreso el que decidirá la suerte de ambos personajes.

Según lo que aprobó el miércoles la Comisión Permanente, “la suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza, al no tratarse de un proyecto de ley. Consecuentemente, el presidente Martín Vizcarra no podía interpretar que, al haber elegido un magistrado, se había denegado la confianza”.

En el caso de Salvador del Solar, se aprobó la sanción por haber planteado la cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) sin que haya sido discutida y aprobada en sesión de Consejo de Ministros.

Si bien el TC convalidó el cierre del Congreso del 2019, una sentencia dada en el 2023 por el mismo tribunal calificó que es contraria a la Constitución la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza y establece que es competencia del Congreso determinar su rechazo, rehusamiento o su negatoria.

Para el expresidente del TC Óscar Urviola, los magistrados que declararon constitucional el cierre del Congreso por denegación fáctica de la confianza debieron haber sido denunciados por violación a la Constitución. Los magistrados que validaron el cierre fueron Marianella Ledesma, Eloy Espinoza Saldaña, Manuel Miranda Canales y Carlos Ramos Núñez (fallecido). Votaron en contra los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero (fallecido).

El juicio a Pedro Castillo por el golpe de Estado, la sentencia del 2023 del TC y el pedido de inhabilitación por el cierre del Congreso del 2019 deben ser una muestra de que a la Constitución se la respeta.