Cinco familias de Nayarit han demandado por tortura al exfiscal de aquel Estado, Edgar Veytia, alias El Diablo. Las víctimas han presentado la demanda en Estados Unidos, acogiéndose a la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura, de 1992, que permite perseguir a presuntos perpetradores por la vía civil, incluso si la tortura se cometió en un tercer país, en este caso México. Presentada en Washington, los abogados de las víctimas han logrado ubicar finalmente a Veytia, que estaba desaparecido desde el 10 de febrero, cuando salió de prisión en EE UU, tras cumplir una pena de ocho años por narcotráfico.

Esta demanda abre una ventana para que el exfiscal, amo y señor del aparato de seguridad en Nayarit entre 2011 y 2017, enfrente las graves acusaciones que pesan sobre él. La actual administración de la Fiscalía de Nayarit maneja al menos seis procesos en su contra, por delitos como secuestro y tortura, entre otros. La dependencia ha pedido la extradición de Veytia, solicitud atorada en los pasillos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Preguntados por la extradición la semana pasada, ambas dependencias contestaron con silencio.

En un comunicado divulgado por G37 Centre, organización que representa a las víctimas, junto a la firma Baker McKenzie y la Clínica Jurídica de la Universidad de California en Irvine, los abogados señalan que “la demanda se interpone por casos de tortura perpetrados por Veytia y agentes estatales bajo su mando (…) La tortura sufrida por nuestros representados denota abuso de autoridad extremo y expone peligrosas alianzas que se tejieron entre actores públicos y privados en Nayarit”.

Esta demanda no chocaría, en todo caso, con los procesos pendientes en México. Almudena Bernabeu, directora ejecutiva de G37, explica que “no hay un vínculo formal, legal, entre ambos procesos. El caso civil no impacta directamente en el proceso penal, pero sin lugar a dudas informa sobre los crímenes cometidos. Lo que se ventile ahí, además, podría ser usado como prueba en los casos penales”, explica. Jorge Peniche, asociado de la organización para México, añade: “Es un esfuerzo extraordinario de un grupo de ciudadanos, que buscan justicia cuando no se está haciendo en el país. Es importante que se reconozca lo que pasó, la importancia de estar en un foro judicial, de que quede ahí constancia”.

En la demanda, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se detallan los casos de las cinco familias. En cuatro casos, Veytia y sus agentes, que acumularon un poder incontestable en el Estado, bajo el mandato del gobernador Roberto Sandoval, del PRI, torturaron y extorsionaron presuntamente a las víctimas, para obligarlas a cederle propiedades inmobiliarias o darle dinero. El quinto es el caso de un policía que se negó seguir las directrices de Veytia, en el sentido de dar protección a uno de los grupos criminales a los que protegía el entonces fiscal, la facción de Los Haches, pata del Cartel de los Beltrán Leyva.

En el primer grupo figura por ejemplo el caso de Gerardo Montoya y Yadira Yesenia Zavala. Vecinos de Tepic, capital de Nayarit, el matrimonio fue detenido arbitrariamente en junio de 2016 por agentes de Veytia, cuando salían de comer. Montoya era agente de bienes raíces y tenía varias propiedades en el Estado. Zavala atendía una cafetería. Los agentes se llevaron a Montoya a las oficinas de la Fiscalía y empezaron a golpearle, preguntándole por sus propiedades. Le llevaron ante Veytia y este le amenazó con matarle si no le daba un millón de pesos. Al final, el exfiscal se conformó con el traspaso de una casa que Montoya tenía en la playa.

Durante su estancia en la Fiscalía, además de las torturas y las amenazas, Montoya se percató del alcance del poder de Veytia. Junto al exfiscal estaba Carlos Saldate, líder de transportistas –gremio en el que se había iniciado Veytia–, diputado local del PRI, y presidente de la mesa del Congreso local. Saldate y Montoya se habían conocido cuando el segundo medió con el primero para la compra de un terreno, meses atrás. Además de Saldate, allí estaba Rafael Gamboa, director de la prisión estatal. Veytia amenazaba también a Montoya con mandarle a esa cárcel.

Un caso particular

Si bien el resto de víctimas del primer grupo pasaron por situaciones relativamente similares, y sus casos han aparecido en prensa desde la detención de Veytia y sus adláteres –el gobernador Sandoval, Saldate, etcétera–, el quinto llama la atención. Se trata del exagente de policía Yuri Camacho, adscrito entonces a la Secretaría de Seguridad Pública estatal. En 2011 y 2012, Camacho estaba bajo las órdenes del comandante de la policía estatal Eduardo Griss que, según la demanda, se negaba a seguir las directrices de Veytia. Eso colocaba a sus hombres en un limbo extraño y peligroso. ¿A quién seguir, a Griss, y arrestar a quien hubiera que arrestar, o a Veytia, con tantos compromisos con el narco?

A principios de 2012, Camacho, que formaba parte de una fuerza de tarea de la policía estatal, que patrullaba en regiones montañosas donde se produce opio, sufrió sus primeras amenazas. Policías de Veytia le llevaron ante el fiscal, que le amenazó de muerte si no se iba de Nayarit. Camacho al final renunció, salió del Estado y marchó a Ciudad de México. En abril, presentó una denuncia ante la actual Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), de la FGR, en la que acusaba a Veytia de participar en actividades criminales. Todo fue bien hasta octubre del año siguiente.

Fue entonces cuando Camacho volvió a Nayarit, a visitar a su madre. Nada más entrar en el estado, agentes federales le detuvieron y entregaron a la gente de Veytia, que le trasladaron a las oficinas de la Fiscalía, donde le torturaron. Le inmovilizaron con plásticos, como si fuera una maleta, le hicieron waterboarding, un método de tortura que consiste en simular el ahogamiento de la víctima. Le golpearon repetidamente, preguntándole que donde estaba su antiguo jefe, el comandante Griss. Como se negó a dar información, le mandaron a prisión. La excusa fue que el auto con el que había viajado a Nayarit era robado.

Camacho estuvo en prisión hasta marzo del año siguiente. Solo salió cuando su familia le pagó al fiscal algo más de dos millones de pesos, y cuando el expolicía accedió a retirar la denuncia que había presentado ante la Femdo. El exagente se fue de Nayarit. No había vuelto a denunciar a Veytia por miedo, situación que subyace a las decenas de casos como el suyo y el resto de demandantes, que durante años eligieron el camino del silencio.

El caso Veytia ejemplifica una situación repetida en el país, las consecuencias de la gobernanza criminal, forma administrativa imperante en buena parte del territorio, con diferentes niveles de intensidad. En el caso del exfiscal, funcionarios corruptos, empezando por él mismo, implementaron un sistema de terror, amparado en el mismo gobierno estatal, en el que el despojo de bienes, dinero, casas, se convirtió en la norma. Además, Veytia se aupó como protector de grupos de narcotraficantes, caso particular de Los Haches y del Cartel Jalisco Nueva Generación. Él administraba el crimen, decidía qué grupo prevalecía y permitía –o gestionaba– la eliminación de los contrarios.

Con la demanda en marcha, las posibilidades ahora son dos. La primera, que Veytia enfrente a los demandantes y trabaje en presentar una moción para que el juez desestime la demanda. La segunda, que ignore la demanda, posibilidad que, en la práctica, equivale a reconocer su culpabilidad. En el primer caso, un jurado decidiría si Veytia es o no responsable y propondría, en caso de que sí, el pago de un monto como multa o compensación a las víctimas. En el segundo, asumida su culpa, ya que Veytia no habría defendido su caso, sería el juez el que interpondría la multa.