Los principales sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil se han manifestado este miércoles frente al Congreso de los diputados para mostrar su rechazo a la delegación de competencias migratorias a Cataluña pactada entre el PSOE y Junts y que todavía tiene ahora tiene que tramitar el Congreso en forma de proposición de ley. Poco antes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido en la sesión de control de la Cámara baja que el acuerdo suscrito por Junts y el PSOE supone una “importante delegación de competencias en materia de migración”, pero ha insistido en que no es una “cesión de control de fronteras ni de flujos migratorios irregulares”.

El acuerdo ha soliviantado a los representantes policiales y de guardias civiles que lo consideran “ilegal” y un “peligro innecesario” para España y Europa porque las competencias en juego “pueden afectar a la seguridad nacional”. “Acabemos con esta locura. Siempre dentro de la ley, dentro de la Constitución y con los ciudadanos”, ha pedido Juan Fernández, portavoz de la Plataforma de Policías Nacionales y Guardias Civiles y secretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). “Lo decimos alto y claro, es ilegal”, ha defendido la secretaria general del Sindicado Unificado de Policía (SUP), Mónica García, durante la lectura de un manifiesto. “La imposibilidad de ceder o delegar estas competencias quedó ya claramente establecida por el Tribunal Constitucional en dos sentencias y desde entonces nuestro ordenamiento jurídico no ha sufrido cambios. Lo dijo también el ministro del Interior y el presidente del Gobierno, aunque ahora parece que no se acuerdan”, ha añadido.

La protesta, convocada a las 11.00 de este miércoles frente al Congreso, ha reunido a poco más de un centenar de agentes que han exhibido una lápida de cartón con la inscripción “DEP Policía Nacional en Cataluña” y pancartas con eslóganes como “Sánchez nos vende. Marlaska se esconde” o “No a la cesión de la inmigración”. Entre el sonido de los silbatos, en la Plaza de las Cortes de Madrid, se han dispuesto en hilera los representes de las asociaciones, a los que ha acudido a saludar a las 11.30 el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Detrás de un enjambre de periodistas, Feijóo ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los agentes y ha considerado que el pacto migratorio “es malo para Cataluña y malo para el conjunto de la soberanía nacional”. “En estos momentos donde Europa tiene una máxima preocupación que es la seguridad, la seguridad pasa por no desmantelar el control de fronteras, por no desmantelar el control de la inmigración y por no desmantelar el control de la extranjería”, ha subrayado.

La proposición de ley pactada por PSOE y Junts, que todavía tiene que someterse a posibles modificaciones y conseguir los votos para ser aprobada en la Cámara baja, supone que el Estado delega en la Generalitat el control de fronteras para la devolución de inmigrantes, además de los permisos de residencia y el control del centro de internamiento de extranjeros de Barcelona. Se ampliarán, por tanto, las funciones de los Mossos d’Esquadra en detrimento especialmente de las de Policía Nacional, y se ha acordado un aumento de agentes de la policía autonómica catalana de los 19.000 actuales a 26.800 en 2032.

La plataforma organizadora ―que engloba a los sindicatos de Policía Nacional SUP, UFP y Sindicato Profesional de Policía (SPP) y a nueve asociaciones de Guardia Civil― convocó esta concentración el martes pasado, horas después de conocerse el acuerdo. A ella se han sumado este miércoles representantes del sindicato policial Jupol y la asociación Jucil, mayoritarios en sus respectivos cuerpos. “Compartimos el mismo objetivo. Tenemos que estar todos a una. Nos concentramos sobre todo para pedir la dimisión porque consideramos que esto es una línea roja. El propio Marlaska, el 18 de septiembre de 2024, en el Congreso de los Diputados, dijo que no cabía ni tan siquiera la delegación de dos competencias exclusivas como es la extranjería y las fronteras”, ha explicado Ibón Domínguez, portavoz de Jupol.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defiende que el acuerdo no modifica “sustancialmente” la actividad que la Guardia Civil, la Policía Nacional o los órganos de la Administración del Estado venían prestando hasta ahora. “La Policía Nacional será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional y, por ser muy expresivo, será quien ponga el sello en los pasaportes”, dijo el lunes. El ministro también incide en que las expulsiones de personas en situación irregular seguirán acordándose y ejecutándose por pate de los delegados del Gobierno. El acuerdo sí que implica que los Mossos asuman las devoluciones, que no requieren expediente y que se intentan llevar a cabo de forma inmediata cuando alguien entra de forma irregular en España.

Una de las mayores inquietudes de los agentes es la sensación de desmantelamiento paulatino que tienen los 6.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que trabajan en Cataluña y se cuestionan en qué situación quedarán si la iniciativa entra en vigor. Una quincena de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil ya se reunió el lunes con Feijóo, para abordar cómo frenar esta iniciativa y contra la que han anunciado que emprenderán nuevas medidas de presión y se plantean acciones judiciales.