El Consejo de Gobierno andaluz ha cesado este miércoles al director general de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Antonio Miranda. Aunque la consejera de Salud ha señalado que Miranda había pedido el relevo porque “necesitaba descansar”, su sustitución se produce cuando los contratos de emergencia sanitarios, por importe total de casi 300 millones de euros, que él ayudó a diseñar, están siendo investigados en los juzgados, donde también se han abierto pesquisas sobre los tres gerentes del SAS por presunta prevaricación. La Junta de Andalucía utilizó esta vía para contratar a dedo con la sanidad privada cuando la cobertura legal que la amparaba durante la pandemia había decaído y prorrogó esa práctica entre 2021 y 2024, los años sobre los que está indagando un juez de Sevilla.
Paralelamente, otro juzgado de Cádiz está estudiando el fraccionamiento de contratos sanitarios, para poder otorgarlos también sin publicidad y concurrencia competitiva, realizado presuntamente por la central de compras del SAS en Cádiz durante 2021, un proceso del que la Junta ha visto rechazada su petición de personarse en la causa por la jueza, que ha entendido que el proceso está todavía en una fase indiciaria. Además del troceamiento de las adjudicaciones sanitarias en ese territorio, tambien hay causas abiertas, aunque menos avanzadas, en los juzgados de Córdoba, Jaén y Huelva, si bien la Intervención detectó irregularidades en el 92% de las concesiones de todas las provincias andaluzas, que alcanzaron un importe total de 1.223 millones de euros.
Miranda ha estado al frente de la dirección financiera del SAS durante los últimos seis años, donde, además de tener que lidiar con la pandemia, también se produjeron los presuntos abusos en la contratación de emergencia y el fraccionamiento de las adjudicaciones en las centrales provinciales, que ahora están bajo sospecha. El presidente de la Junta cuando ha sido preguntado por estas causas ha limitado las irregularidades que se investigan en sede judicial a meros “reproches administrativos”, sin recorrido penal, apoyándose en conversaciones con “magistrados amigos”. De momento, el juzgado de Sevilla ha requerido más informes a la Junta.
En la misma reunión del Consejo, el Gobierno andaluz ha nombrado a Amparo Simón Valero como sucesora de Miranda en la dirección general de Gestión Económica y Servicios del SAS, que depende orgánicamente de la Consejería de Salud y Consumo.
Su titular, Rocío Hernández, ha valorado el “trabajo ingente” del cesado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, a preguntas de los periodistas sobre los motivos del cese de Miranda como director general de Gestión Económica y Servicios del SAS. Al respecto, la consejera ha señalado que, “cuando los profesionales nos piden un descanso”, y teniendo en cuenta que a Miranda le llega “muy prontito” su jubilación, desde la administración “tenemos que respetar esas peticiones”, y en todo caso “poner en valor” su trabajo durante sus “tres años al frente de la Dirección de Gestión Económica y Administrativa del Servicio Andaluz de Salud”.
Según ha incidido Hernández, el trabajo del cesado solo lo podía hacer “un profesional (…) con unos conocimientos y una experiencia increíbles, además de un grado de compromiso tremendo y liderazgo que fue muy necesario durante la pandemia”. En esa línea, la consejera ha subrayado que en aquella etapa “no solamente había que adaptar edificios”, sino que “había que hacer compras” y llevar a cabo “una logística muy importante”. La titular de Salud ha agradecido el trabajo de Miranda al frente de la Dirección de Gestión Económica del SAS.
En enero, Moreno relevó a la interventora general de la Junta andaluza que censuró los contratos sanitarios, y cuyo informe fue clave para la judicialización de los contratos del SAS al margen de la ley. La profesional, además, estaba inmersa en una negociación salarial que lleva meses enquistada
