La Comisión Permanente aprobó el informe para inhabilitar por diez años de la función pública al expresidente Martín Vizcarra por presunta infracción constitucional al haber disuelto el Parlamento en el 2019.
Tras esta decisión, el informe final que planta levantar el fuero del exmandatario e inhabilitarlo de cargos públicos será evaluado en el pleno del Parlamento y sometido nuevamente a una votación.
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La Comisión Permanente aprobó la sanción por infracción constitucional con 19 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
Martín Vizcarra no se presentó a ejercer su derecho de defensa, sino que envió un oficio confirmando que no se presentaría porque no podía “convalidar” un proceso que según él vulneraba el fallo del Tribunal Constitucional que declaró válida la disolución del Legislativo del 2019.
Contra el exmandatario hay vigentes otras dos inhabilitaciones aprobadas en el Congreso: diez años por el caso “vacunagate” y otra por cinco años por no declarar información sobre su empresa familiar cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.
Inhabilitación de cinco años contra Salvador del Solar
La Comisión Permanente también aprobó por mayoría inhabilitar por cinco años de la función pública a Salvador del Solar, expresidente del Consejo de Ministros que participó en la disolución del Parlamento del 2019
El plazo de la sanción de cinco años fue aprobado con 12 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención.
Previa a la votación, la Comisión Permanente escuchó vía virtual al abogado Luciano López Flores, quien asumió la defensa del exprimer ministro.
Además de cuestionar los argumentos del informe final al señalar que el procedimiento para disolver el Congreso sí fue aprobado previamente con el Consejo de Ministros, el abogado cuestionó que no se haya aplicado el plazo para archivar este caso contra Del Solar luego de más de cinco años como sí lo ha hecho el Parlamento contra otros exfuncionarios que también dejaron sus puestos en el 2019.
El informe final de las denuncias acumuladas también planteaba inhabilitar por cinco años al exministro Vicente Zeballos. Sin embargo, este último envió un oficio justificando su ausencia y pidiendo una reprogramación. Por esto, su caso no fue evaluado y se reprogramó por única vez para una fecha posterior.
