El Congreso de la República aprobó este miércoles 12 de marzo modificar la legislación sobre la supervisión y fiscalización a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país.
Con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, el pleno aprobó el texto sustitutorio de la Comisión de Relaciones Exteriores que modifica la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
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El documento señala que se busca “fortalecer el trabajo de dicha institución y contribuir a la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades de la cooperación técnica internacional”.
Cabe indicar que la iniciativa fue exonerada de segunda votación con el respaldo de 82 congresistas, 15 en contra y 4 abstenciones.
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La propuesta modifica los artículos 3, 4, 21 y 22 de la Ley 27692, donde se plantea que la APCI tiene responsabilidad de ejecutar, organizar, programar y supervisar la Cooperación Internacional No Reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado.
“Las entidades (ONG) señaladas en el párrafo precedente tienen la obligación de inscribir en un registro que conduce la APCI, de carácter público e informativo, los planes, proyectos, programas o actividades, así como la ejecución del gasto que realizan con recursos de la cooperación técnica internacional”, indica.
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El dictamen plantea que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) evalúe la necesidad de crear una unidad de organización dentro de su organización interna, con el fin de efectivizar las disposiciones establecidas en la propuesta dentro del marco de sus competencias.
Otra propuesta es que los contratos, actos jurídicos o administrativos que celebre el Estado con las organizaciones que gestionen la cooperación técnica internacional, también requieran conformidad previa de la APCI, conforme a la normativa vigente.
Rechazan dictamen
Al respecto la excongresista Rocío Silva Santisteban señaló en “X” que la norma impide que se usen fondos de la cooperación para que investiguen delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado.
“La Ley Anti-ONGs impide que se usen fondos de la cooperación para presentar denuncias contra el Estado: si esto se hubiera dado hace 20 años no habría La Cantuta, Barrios Altos, Putis, Cayara, Cabitos 1, 2 y 3 ni por supuesto las denuncias por ¡esterilizaciones forzadas!”, señaló en la red social.
Organizaciones como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) cuestionaron el dictamen al considerar que “puede convertirse en una mordaza”, ya que “apunta a los medios de comunicación que fiscalizan el poder”.
Asimismo, embajadas de 16 países expresaron su preocupación por el dictamen en un comunicado. Se trata de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Suiza y la Unión Europea.
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“Como socios de la cooperación del Perú, nos preocupa las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APCI, que restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio. Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos”, señalaron.
Para varias ONG e instancias civiles sin fines de lucro, el verdadero interés de este dictamen sería limitar el derecho de asociación y participación ciudadana a través de estas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, la democracia, la libertad de expresión y las libertades individuales, así como en la promoción de cambios hacia la igualdad, el acceso a salud, educación de calidad, la protección del medio ambiente, entre otros temas.
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Del mismo modo, la asociación civil Transparencia también se mostró en contra de la iniciativa y consideró que es un grave atentado contra la libertad de organizaciones civiles, empresariales y religiosas.
