La renuncia del abogado público asignado al expresidente -motivada por la falta de respeto y la actitud de su defendido- y su reemplazo por un nuevo defensor asignado por el Estado, provocaron una serie de demoras al juicio. Esta y otras incidencias llevaron a que apenas uno de los seis testigos de la fiscalía citados para esta sesión pueda rendir su testimonio.

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Como en las sesiones previas, la audiencia estaba programada para las 9:00 a.m. de este martes, siempre en la sala de audiencias de la Corte Suprema en el complejo policial de la Dinoes, contigua al penal de Barbadillo.

Los jueces, fiscales, abogados y el resto de procesados estuvieron presentes a la hora prevista, pero hubo un ausente: Pedro Castillo, el principal acusado. Según se explicó, el expresidente venía participando en otra audiencia de este mismo caso, una apelación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que se varíe su prisión preventiva por vigilancia electrónica.

En esa sesión, el golpista contó hasta con dos abogados particulares, a diferencia del juicio, donde se niega a presentar defensa propia y se le ha asignado un abogado público. Recién alrededor de las 9:40 a.m., Pedro Castillo finalmente ingresó a la sala. Al momento que se le pidió acreditarse, volvió a aprovechar la ocasión para decir que estaba “injustamente preso” y rechazaba “este juicio político disfrazado de jurídico”.

El defensor público de Pedro Castillo, Edgar Callahualpa, no duró mucho. Luego de haberlo representado desde la semana pasada en las dos primeras audiencias, el abogado pidió su cambio ante la nula relación e, incluso, la falta de respeto del expresidente hacia él. Según se informó en la audiencia, en un informe elevado a la Dirección de Defensa Pública, indicó que se había “resquebrajado la confianza recíproca que debe existir entre abogado defensor y patrocinado, lo que le impide continuar asumiendo la defensa”.

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“El acusado se ha mostrado renuente a mantener comunicación útil a su defensa. Ha manifestado en plena audiencia que no deseaba su participación y, finalmente, en la audiencia del 6 de marzo, lo acusó de haber grabado conversaciones que, según él, habrían mantenido, hecho que no sucedió. Por ello solicitó se reasigne el caso a otro defensor. En el informe, el letrado concluye que no existe cordialidad, respeto a su persona y con el comportamiento del acusado se ha generado una situación insostenible”, indicó la jueza Norma Carbajal, directora de debates del juicio.

En su lugar, se designó a un nuevo defensor público: Ricardo Johny Hernández Medina. Antes de reunirse con Pedro Castillo para coordinar su defensa, el nuevo abogado pidió a la sala subrrogar (retirar) a los otros abogados particulares que tuvo el expresidente a lo largo del proceso y anular lo que se haya actuado mientras ello no se haya hecho.

La sala rechazó su pedido, indicando que el único abogado apersonado al juicio fue Luis Walter Medrano, retirado por el propio Pedro Castillo el día de la instalación del juzgamiento. Los otros solo lo representaron en las fases previas (investigación y control de acusación). Para cuando este tema terminó de debatirse y resolverse, ya eran las 11 a.m. La audiencia estaba programada hasta la 1 p.m.

Recién a esa hora, se le dieron 20 minutos de receso para que el nuevo defensor público pueda coordinar con el acusado. “Yo no tengo nada que coordinar con mi defensa pública. He rechazado este juicio desde un principio”, dijo Pedro Castillo luego de este anuncio.

“Señor Castillo, guarde silencio y nos avocamos a lo que es la audiencia”, replicó la jueza Carbajal. Luego de esto, ante lo dicho por el acusado, se le pidió al abogado público conversar con su defendido “en el momento que considere oportuno para ejercer una defensa idónea”.

Por delante todavía estaban programadas las declaraciones de los primeros seis testigos del Ministerio Público. Antes de seguir, sin embargo, el fiscal Luis Felipe Zapata indicó que medicina legal había examinado a Pedro Castillo antes su anuncio, mediante redes sociales, de una “huelga de hambre”, concluyendo que se encontraba clínicamente estable.

Ante esto, la sala volvió a emitir un pronunciamiento, considerando que la huelga anunciada era en protesta al juicio que ellos llevan adelante. El tribunal dispuso que el INPE “informe periódicamente” sobre el estado de salud de Pedro Castillo y exhortó al acusado a “que se abstenga de continuar con la medida de protesta”. Eran alrededor de las 11:30

Luego, la sala atendió distintos incidentes: accedió al pedido del acusado Jesús Venero, comandante de la PNP, pueda ausentarse de las audiencias para poder asistir a unas clases; rechazó la solicitud del testigo Antonio Pantoja (camarógrafo de TV Perú que fue llevado a Palacio de Gobierno para transmitir el mensaje de Pedro Castillo) pueda declarar de forma virtual; y reprogramó las declaraciones de los testigos Walter Córdova Alemán (exjefe del Ejército) y Lina Kamada (exsecretaria del Ministerio de Defensa), que habían sido citados para este martes, pero no pudieron asistir.

Finalmente, los jueces se pronunciaron sobre prueba nueva propuesta par la defensa en la audiencia previa. Se accedió, a propuesta de la defensa de la exministra Betssy Chávez, a que declaren en el juicio el exministro de Justicia Félix Chero y el abogado Benji Espinoza, exdefensor legal de Pedro Castillo.

Castillo en silencio, Huerta será interrogado

Alrededor del mediodía, la sala avanzó y pasó a preguntarle a cada acusado si accedían a declarar y ser interrogados en esta etapa del juicio.

Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres optaron por guardar silencio; mientras que el exministro del Interior Willy Huerta y el general PNP Manuel Lozada aceptaron ser interrogados en esta etapa. Finalmente, Jesús Venero también aceptó declarar, pero más adelante.

Por cuestiones de tiempo, las declaraciones de Willy Huerta y Manuel Lozada se programaron para la próxima audiencia, la del jueves 13 de marzo. La sala decidió priorizar para lo que restaba de la audiencia de este jueves la declaración como testigo de Gustavo Bobbio, ministro de Defensa al momento del golpe, atendiendo a que es adulto mayor y a que había ido presencialmente hasta la sala de audiencias.

El primer testigo

Así, la declaración del primer testigo de la fiscalía como parte de este juicio recién pudo comenzar alrededor de las 12:30 p.m. de este martes. El interrogatorio de la fiscalía, que fue breve, se centró inicialmente en la tesis de que Pedro Castillo buscó cambiar al jefe del Ejército para poner a una persona “afín” a su plan golpista en la alta plana militar.

Gustavo Bobbio confirmó que el día del golpe, Pedro Castillo firmó la resolución que cesaba a Walter Córdova Alemán como comandante general del Ejército y nombraba en su lugar a David Ojeda Parra, quien lo seguía en el escalafón. Ojeda recién fue nombrado comandante general del Ejército a fines de diciembre del 2022, ya durante el gobierno de Dina Boluarte. Hoy es jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

No obstante, el exministro aseguró que la salida del general Córdova fue solicitada por él mismo, no por el presidente, debido a motivos personales: “Él me dice ‘quiero abandonar el cargo por voluntad propia, por motivos. Yo le digo que está bien. Quedamos entre caballeros que él se iba por motivos personales. Eso fue el 5 de diciembre del 2022 (día en que juró como ministro) (…) No fue nada relacionado al golpe, a una colusión, fueron otros motivos. Me dijo ‘me voy por motivos personales”.

Agregó que, en la mañana del 7 de diciembre, los altos mandos militares fueron al Ministerio de Defensa para exponerle sus planes de gestión y luego, Walter Córdova le dijo que quería hablar con el presidente.

Según dijo, ambos fueron a Palacio de Gobierno, donde Pedro Castillo aceptó su renuncia y que David Ojeda entre en su lugar. “Me autorizó y fuimos a hablar. Él se presentó y le dijo que quería retirarse. Me dio la impresión de que tenía la esperanza que le diga ‘no, no te retires’.

Luego, continuó, volvió al Ministerio de Defensa para hacer las resoluciones y regresó a Palacio de Gobierno para llevárselas a Pedro Castillo y que este las firme. Fue allí que el mandatario dio el mensaje golpista. “Pensé que iba a ser un llamado de conciliación al Congreso; pero veo que el presidente, disculpe… -dijo mirando en dirección a Pedro Castillo- …pero estaba temblando un poco, lee su mensaje a la nación”.

Bobbio también aseguró que Pedro Castillo llegó a firmar las resoluciones para cambiar al jefe del Ejército, si bien estas no llegaron a publicarse. Además, sostuvo que luego del mensaje, llamó al general David Ojeda para indicarle que “no se mueva ninguna fuerza” del Ejército.

En otro momento, declaró que durante y después de la emisión del mensaje estaban los ministros Alejandro Salas, Willy Huerta, Roberto Sánchez, Betssy Chávez, Aníbal Torres y “tres o cuatro personas más”. Finalmente, negó haber recibido instrucciones del presidente u otros funcionarios para coordinar con las Fuerzas Armadas, o que le hayan pedido el apoyo de estas, durante el 7 de diciembre.

Ya durante su llegada al complejo de la Dinoes para su participacipón, Bobbio había dicho a la prensa que Pedro Castillo se “suicidó políticamente” con su mensaje del 7 de diciembre y que “deberían darle tres o cuatro años (de prisión) por estúpido, pero no por haber hecho un golpe de Estado”.

Otros testimonios recogidos durante la investigación fiscal, como los del propio Walter Córdova y otros mandos militares, contradicen lo afirmado por Gustavo Bobbio y sostienen que el pedido para que el entonces jefe del Ejército renuncie provino del propio Pedro Castillo. Esos testigos serán interrogados por la fiscalía y las defensas en las próximas audiencias.

De cara a la próxima sesión, el tribunal decidió cambiar su esquema de trabajo y anunció que ya no se recibirán seis testimonios por audiencia, sino cuatro. En esa línea, se programó para este jueves las declaraciones de los acusados Willy Huerta y Manuel Lozada, y los testigos Vicente Álvarez Moreno, (exjefe del Estado Mayor de la PNP) y Heidy Juárez (exministra de la Mujer y actual congresista).