El Ayuntamiento de Granada echa marcha atrás en su intento de poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir del uno de abril y lo traslada al uno de octubre, seis meses más tarde. La alcaldesa Marifrán Carazo (PP) ha anunciado la rectificación este miércoles justificando la medida en “el interés de reforzar más la información al ciudadano” y en la necesidad de más tiempo para “poner en marcha las autorizaciones, esa lista blanca de vehículos sin etiqueta medioambiental que pueden acceder a la ciudad”. La alcaldesa ha anunciado el retraso del régimen sancionador al 1 de octubre, o lo que es lo mismo, el retraso de la puesta en marcha de todo el proyecto. También ha anunciado cinco nuevas medidas “transitorias y temporales” que permitirán que vehículos de gasolina matriculados antes de 2001, o de 2006 si son diésel, de fuera de la capital, puedan entrar en la ZBE que, en la práctica, es la mayor parte de la ciudad.

El área metropolitana de Granada, fundamentalmente en las localidades con ayuntamientos socialistas, estaba muy enfadada con la capital por la normativa que se iba a aplicar en menos de tres semanas. El equipo de gobierno municipal aprobó una norma de circulación que, en lo que afecta a la implantación de la ZBE, impide que los vehículos previos a 2001 o 2006, según el combustible, puedan circular por la ciudad si el propietario no es residente. Esa restricción no afecta a vehículos similares si el dueño está empadronado en la capital.

Esa diferencia en la posibilidad de circular o no según la procedencia, como explicaba hace unos días Loli Cañavate, alcaldesa socialista de Armilla, ciudad limítrofe con Granada, se ha considerado por numerosos ayuntamientos socialistas una norma “inconstitucional porque no se utilizan criterios ambientales, sino de empadronamiento, que son discriminatorios y no mejoran la calidad del aire”. Ahora, al conocer el retraso de la ZBE, Cañavate celebra esa demora como “esperanzadora” y añade que “estos seis meses deben servir para alcanzar un acuerdo que tenga en cuenta la realidad metropolitana y corregir los puntos débiles de esta ordenanza que tanto afecta a los municipios del entorno de la ciudad”. Y concluye: “Pero desde Armilla mantenemos claramente que cualquier aplicación de la ZBE que discrimine a las personas por el origen de su vehículo en lugar de por el nivel de emisiones es injusta”.

La ordenanza que regula la ZBE y que iba a entrar en vigor el 1 de abril aún requiere su aprobación definitiva. Hace unos días se cerró el plazo de alegaciones en las que recibió 250 y 1.200 preguntas y peticiones de aclaración, según ha recordado la alcaldesa. Muchas de esas alegaciones proceden de regidores del PSOE y, excepcionalmente, del PP, como el caso del alcalde de Santa Fe, Juan Cobo Ortiz, que solicitó cambios en la normativa. En general, el PP de la periferia se ha alineado con el de la capital. Juan Francisco Baillón, portavoz popular en el ayuntamiento de Pulianas, a unos minutos de la capital, decía el otro día en un pleno municipal: “Me alegro de la decisión de Carazo porque es bien [sic] para nuestra salud. Vaya pensando en adquirir un coche eléctrico. No hay que ser tremendistas porque esto va a afectar a coches sin distintivo ambiental”. La previsión del PSOE de Pulianas es que sean 1.000 los vehículos de esta localidad afectados por la implantación de la ZBE.

Las cinco medidas temporales y transitorias anunciadas por la alcaldesa se suman a algunas que ya se habían publicitado como permiso de entrada a centros hospitalarios y a talleres de vehículos, por ejemplo. Las nuevas autorizaciones de acceso son para las “personas de rentas bajas, no superiores a dos veces la del IPREM” ―”Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, situado en 2025 en 7.200 euros y 8.400 euros, según se computen 12 o 14 pagas― “y con compromisos laborales”. También tendrán paso libre paso las personas con estos vehículos que tengan que comparecer en los juzgados “con la autorización correspondiente que se ha de obtener en base a la citación”, “aquellos vehículos contaminantes cuyo propietario sea el propietario de un garaje en la ciudad de Granada” en el trayecto estrictamente necesario para entrar y salir a él, las personas propietarias con más de 67 años, y los conductores cuyo destino sea un aparcamiento de acceso público. También quedarán al margen del cumplimiento de la ZBE los vehículos de emergencia, seguridad y servicios públicos esenciales, transporte público colectivo, taxis, VTC, y personas de movilidad reducida o discapacidad reconocida.

En una ciudad en la que gran parte del tráfico procede de fuera de la ciudad, entre el 70% y el 75% según la alcaldesa, y en la que los granadinos tienen su día a entre 15 y 20 minutos andando, “el objetivo del equipo de gobierno es exactamente el mismo que hace un año. Responder a la normativa europea y cumplir la ley. En segundo lugar, mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad, que es mejorar la salud de los granadinos. Creo que todos debemos ser sensibles y participar en esta estrategia sabiendo que, desgraciadamente, tenemos una ciudad de las más contaminadas de nuestro país”.